El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le envió una carta al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, donde le pide mantener un “escrutinio” permanente sobre el país.
“En función del seguimiento constante que hemos realizado sobre los procesos de justicia en Colombia, tenemos la convicción de que este análisis por parte de la Fiscalía de la CPI sigue siendo correcto. Cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, resultaría prematuro y contraproducente para el objetivo de asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de los graves delitos internacionales que la Fiscalía ha analizado desde que abrió el examen preliminar sobre Colombia en 2004. Lo instamos a que mantenga abierto el examen preliminar e intensifique sus esfuerzos para interactuar con las autoridades nacionales, las asociaciones de víctimas y sus representantes, otras organizaciones de la sociedad civil, los socios internacionales de Colombia y otras partes interesadas en las acciones tendientes a asegurar que existan procesos nacionales genuinos en el país”, sostuvo Vivanco en su comunicación.
Agrega que la JEP “ha dado pasos notables con respecto a algunas de las siete situaciones priorizadas por sus magistrados. Ello incluye la imputación de 26 personas, incluidos un exgeneral y varios coroneles, por casos de “falsos positivos”, y de ocho exaltos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por toma de rehenes y otros delitos conexos.
“Al imputar los cargos, los magistrados adoptaron una interpretación de la responsabilidad de mando que parece consistente con el derecho internacional, lo cual ayuda a abordar una preocupación clave sobre cómo se aplicaría esta disposición jurídica establecida en el Acuerdo de Paz a los comandantes del Ejército. Por otro lado, las autoridades judiciales colombianas han conseguido pocos avances significativos con respecto a otros delitos alcanzados por el examen preliminar, incluidos los delitos sexuales y de género y los procesos relacionados con la promoción y expansión de grupos paramilitares”, dice Vivanco.
Así mismo, expresa una preocupación porque hasta ahora “no se han dictado condenas en la JEP y los procedimientos todavía se encuentran en una etapa inicial”.
De hecho, Vivanco le dice al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional que “todavía no hay claridad sobre en qué consistirán las sanciones, conocidas como “restricciones de libertad”, que impondrá el tribunal (...) dado que el lenguaje en la legislación vigente sobre estas sanciones es impreciso y que aún no se han impuesto condenas, sigue siendo incierto cómo funcionarán en la práctica las “restricciones de libertad”.
“Instamos a la Fiscalía a mantener este examen preliminar abierto y a profundizar sus esfuerzos para interactuar con las autoridades nacionales, a fin de lograr el objetivo de que los procedimientos nacionales sean genuinos y efectivos. No cederemos en nuestros esfuerzos para lograr que los Estados parte se ocupen, con carácter urgente, de proveer los recursos necesarios para que la Fiscalía pueda implementar su mandato en forma independiente, robusta y cada vez más eficaz en todas las situaciones”, concluye la carta de Vivanco.