La crisis de los comedores bogotanos

Una crisis parecida a la que Bogotá vivió con el cambio del esquema de recolección de basuras se está dando en el mecanismo de dar comida gratis a niños y ancianos de la capital. La diferencia es que no se le ha dado tanto bombo porque afecta sobre todo a los sectores más desfavorecidos de la ciudad. La situación ha llegado a tal punto que en el Concejo de Bogotá le han dedicado ocho sesiones al tema, el concejal Juan Carlos Flórez puso en evidencia serias irregularidades y se va abriendo camino una moción de censura a la secretaria encargada del tema. ¿Qué está ocurriendo? Son varias las grietas. En primer lugar, de 311 comedores comunitarios que existían hace dos años en Bogotá ahora solo quedan 132. El dato en sí mismo es escandaloso si se tiene en cuenta que esa había sido la bandera de los últimos dos gobiernos de izquierda. En el caso del alcalde Lucho Garzón fue, de lejos, su programa más exitoso, y Samuel Moreno lo mantuvo. Petro justifica la medida diciendo que en ellos había corrupción. “Revisando con cruce de base de datos nos dimos cuenta de que un 20 por ciento de los comensales no existían. Y encontramos comedores que le cobraban al Distrito 8.000 pesos por ración, cuando un corrientazo vale 4.000 o 5.000 pesos”, dijo el alcalde. Más allá del diagnóstico, la solución que ha aplicado ha levantado tanta polvareda como la de las basuras: a muchos de los comensales de esos comedores ahora les ofrecen un bono para que compren la comida en ciertos supermercados o les dan directamente un mercado para un mes. El cambio es radical. Por un lado, se trata de pasar de recibir la comida caliente, preparada, a recibir una bolsa de alimentos fríos y crudos.  “¿Usted se imagina a un anciano solo haciendo su comida?”, se pregunta uno de los críticos. Y por otro lado, el mecanismo no ha sido efectivo. El mercado no siempre llega y algunos pasan uno o dos meses sin recibirlo. Y cuando es vía bono les toca ir hasta el supermercado, lo cual les implica pagar uno o dos pasajes por no hablar de otras dificultades.  Si bieneso puede ser interpretado como una política menos paternalista, hay quienes rebaten esa teoría diciendo que con población tan vulnerable es necesario proveerles la comida como se venía haciendo. El concejal Juan Carlos Flórez explica que, por ejemplo, en dos de las localidades con más alto grado de indigencia se hizo un recorte preocupante: en San Cristóbal de 38 comedores quedaron siete y en Bosa de 41 quedaron seis. Hay también quienes creen que hay una intención de cambiar los beneficiarios de un negocio que mueve mucho dinero. El cambio de esquema implica que queda sin empleo una red de mujeres que atendían esos comedores.  El segundo gran cuestionamiento tiene que ver con evidentes anomalías en algunos contratos para el suministro de alimentos. El primer caso es el de un contrato por 18.200 millones de pesos para distribuir alimentos a 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado (ancianos, discapacitados y habitantes de la calle) en el sur de la ciudad. El contrato comenzó a ejecutarse en julio pasado y dura diez meses.  El concejal Flórez destapó la olla podrida: encontró que el consorcio ganador estaba integrado por dos empresas, una de Villavicencio y otra de Cartagena, con experiencia en reforestación en La Guajira y construcción en Bucaramanga. La única experiencia que presentaron en materia de alimentos fue dos contratos en el Meta que dejan grandes dudas: los contratos no aparecen en los registros de la Cámara de Comercio, las direcciones de los supuestos contratantes no coinciden con ninguna empresa o entidad sino con casas en conjuntos residenciales y hay notorias inconsistencias en la certificación de los contratos. La Contraloría Distrital hizo seguimiento a la denuncia y en visita oficial a las instalaciones de la bodega donde guardan los alimentos y a los jardines beneficiarios encontró serios problemas. Frutas podridas, comestibles ya pasados de la fecha de vencimiento, instalaciones sin condiciones para guardarlos y conductores que no siguieron trabajando con ellos por falta de pago (ver fotografías). El equipo del concejal Flórez a su vez visitó los jardines y centros de cuidado y encontró que a casi la mitad de ellos no les está llegando los alimentos completos. El otro caso de contratación que ha recibido lluvia de críticas, y que reveló también el concejal Flórez, es el de la entrega de dos contratos para suministro de comida, por 26.000 millones de pesos, a dos empresas relacionadas con el grupo Torrado. Si bien, el alcalde Gustavo Petro podrá decir que esas dos firmas ganaron en franca lid, vía licitación, no deja de ser paradójico que salga ahora a relucir el mismo Grupo Torrado al que Petro cuestionó duramente en su informe del carrusel de la contratación.