Sobrevivientes de la Unión Patriótica, periodistas, cerca de 150 congresistas, 130 alcaldes, 600 sindicalistas, 600 defensores de derechos humanos y hasta expresidentes de la República podrían ver afectados sus servicios de seguridad por cuenta del no pago de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a las empresas contratistas. Así lo dejó entrever el director de la entidad, Andrés Villamizar, quien en las últimas semanas se ha quejado por la falta de presupuesto para mantener esos esquemas. Semana.com conoció que la deuda asciende a 30.000 millones de pesos por servicios prestados hasta el 31 de octubre. La unión temporal entre las empresas Protección 33 y Siglo 21 y la firma Sevicol son las damnificadas por el retraso. Estas empresas notificaron que, de no pagarse ese monto por los 3.100 escoltas que tiene a su cargo, deberán parar las actividades por falta de recursos para pagar salarios. La facturación diaria a la UNP es de 700 millones de pesos al día. “Estiré el presupuesto hasta que se reventó”, dijo Villamizar a Semana.com. El funcionario, a través de su cuenta en Twitter, escribió “No se puede pretender que los escoltas trabajen sin sueldo. No se puede exigir a empresas que presten servicio sin recursos. No es viable”. “Si no recibimos en las próximas horas los recursos necesarios de Minhacienda, en los próximos ocho días se levantarían todos los esquemas”, agregó. Semana.com conoció también que, paralelo a esto, la UNP ha descubierto 100 esquemas innecesarios, entre ellos varios exmagistrados y exministros de gobiernos pasados. Dichas medidas de seguridad podrían ser levantadas. “El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha triplicado en los últimos tres años, pero el crecimiento en los esquemas se ha desbordado. Por eso nos vemos en la necesidad de hacer una revisión exhaustiva para determinar quiénes aún necesitan seguridad y quiénes no. Se hace impostergable esta revisión”, dijo Villamizar a Semana.com. El funcionario advirtió que su despacho ya tiene un listado preliminar de los esquemas que podrían ser retirados. La polémica decisión recortaría el 15 % de la seguridad otorgada por el Gobierno a ciudadanos protegidos.