El exprocurador general, Alejandro Ordóñez, se sumó al coro de críticos contra el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró este fin de semana que los capturados de la primera línea serían presos políticos.

“Calificar a un joven que protesta y que ha buscado que el gobierno dialogue sobre los problemas colectivos de la juventud excluida, como terrorista, es un abuso de poder de los fiscales que deben ser sancionados por afectar derechos fundamentales”, dijo el jefe de la Colombia Humana. Y en un siguiente trino añadió “que si la protesta es violenta y transgrede la ley, el código penal ha tipificado esos presuntos delitos como asonada. La rebelión, la sedición y la asonada son, según la ley delitos políticos”.

El exprocurador Ordóñez afirmó que llamar presos políticos a quienes cometieron crímenes en el marco de las protestas “es promover más violencia. Decapitar, quemar policías, impedir atención médica a recién nacidos y bloquear el país no son prácticas civilizadas, son herramientas de una política de terror”.

Así como Ordóñez, varios opositores a Petro han salido en su contra. Al fin y al cabo, la primera línea que empezó como protección a los manifestantes e indígenas después del 28 de abril se desdibujó y terminó convertida en uno de los tantos grupos delincuenciales que operan en el país.

El fiscal general, Francisco Barbosa, denunció en SEMANA que está probada la financiación de grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN, entre otros, a algunas células de la primera línea. Incluso prometió avanzar en investigaciones que permitan incautar los bienes de quienes estén financiando a estos jóvenes.

La posición de Petro no fue bien vista. Aunque él argumentó su tesis, algunos analistas consultados por SEMANA coinciden en que al líder de la Colombia Humana le resta sus salidas en favor de la primera línea, un grupo que protagonizó los mayores desmanes en el país en las últimas semanas y protagonizó ataques y enfrentamientos con la fuerza pública.

Aunque Petro trató de desmarcarse de la primera línea y de la violencia generada después del 28 de abril del país, pronunciamientos como el del fin de semana hacen que la opinión pública lo encasille de nuevo como el líder que pudo detener el estallido social y no lo hizo.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, una de las mandatarias que más padeció a la primera línea porque su departamento fue el más lesionado tras los hechos vandálicos en el país, no se quedó callada y se preguntó: “¿Vandalizar y destruir estaciones del MIO no es un delito político? ¿Destruir el Palacio de Justicia de Tulúa no es un delito político? ¿Paralizar el Puerto de Buenaventura no es un delito político? ¿Vandalizar y destruir la Alcaldía de Jamundí no es un delito? ¿Secuestrar y torturar policías no es un delito político?”.

“Discrepo respetuosamente con quienes dicen que todo lo anterior son delitos políticos. No lo son, son delitos comunes y en varios casos, terrorismo. Da la impresión que mucha gente no tienen ni idea de lo que vivimos en el Valle del Cauca en el pasado paro”, detalló.