Por estos días se ha vuelto completamente normal ver a los jueces impartir justicia en las audiencias a través de una pantalla, mientras los implicados en el caso exponen sus argumentos cada uno desde un lugar diferente. Así se hizo, por ejemplo, con procesos como el que involucra al expresidente Álvaro Uribe.

Ya pocos recuerdan los engorrosos trámites que había que hacer para asistir a una audiencia. Debido a la pandemia temas como las notificaciones, el otorgamiento de poderes, los expedientes y las audiencias ahora son virtuales. A pesar de que no era el propósito ni estaba en las cuentas de nadie, se han ahorrado recursos incalculables. Muchos juzgados que tenían años de retraso han empezado a “desatorar” expedientes porque la virtualidad ha simplificado los procesos e impide muchas de las malsanas prácticas dilatorias.

El experimento resultó tan positivo que el Congreso y el Gobierno Nacional están juntos en una cruzada por reglamentar la justicia virtual, con el fin de que la presencialidad se use solo en casos excepcionales, lo que permitiría dar mayor agilidad al ejercicio de impartir justicia.

Al Legislativo ya han llegado cuatro proyectos de ley que tienen como propósito de convertir en ley el decreto 806, que fue emitido en la etapa más dura de la pandemia para permitir que la justicia funcionara de manera virtual.

Una de las iniciativas fue radicada por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien indicó que con este se busca reglamentar de forma permanente la virtualidad de la rama judicial, y que se establezca que la regla general es tener audiencias públicas digitales.

Bajo ese modelo, la realización de audiencias presenciales en los procesos judiciales sería la excepción, pues ya todos los procesos se llevarían, en principio, de forma virtual.

El ministro Ruiz indicó que el proyecto fue presentado en compañía del fiscal general así como de los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Defensoría del Pueblo.

“Con la nueva ley buscamos que las medidas que fueron adoptadas con ocasión de la pandemia del covid-19 para el funcionamiento de la justicia en virtualidad se vuelvan permanentes. De esta manera se reglamentarán las audiencias virtuales”, expuso Ruiz.

Este proyecto muy seguramente se acumulará con el presentado por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien radicó un texto similar, con la novedad de que pide incluir a la justicia penal y a la penal militar en la aplicación de la norma.

Los otros dos textos que reposan en el Congreso fueron radicados por el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, y por la senadora Angélica Lozano, con el mismo propósito de convertir en ley el decreto 806.

Este no deja de ser un hecho llamativo pues los cuatro proyectos provienen de sectores políticos distintos, uno del Gobierno, uno del Centro Democrático, uno de Cambio Radical (partido declarado en independencia) y el otro de Alianza Verde (oposición).

Reglamentar la justicia virtual será justamente uno de los principales temas del Congreso saliente, pues en la rama judicial ya hay una gran preocupación por la vigencia del decreto “mágico”, porque sus efectos finalizan en junio de este año.

Si el Legislativo no llega a un acuerdo antes de junio, la rama judicial tendrá que volver al engorroso funcionamiento que tenía antes de la pandemia. Por eso, no se descarta que el Ejecutivo envíe mensaje de urgencia a este proyecto.