"Sabemos que la confianza no se gana con palabras, sino con hechos". De esa manera el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, presentó el balance de su gestión de los dos años que lleva en el cargo. Carrillo advirtió que no bajará la guardia en la lucha contra la corrupción y en temas como el medio ambiente, salud, infancia y la defensa de las víctimas y los defensores de derechos humanos. Los datos indican que la entidad participó en 309 procesos penales por violación de derechos humanos, homicidios y amenazas a líderes sociales. Las cifras indican que en estos dos años se realizaron 23 audiencias ciudadanas en todo el país donde recibió cientos de denuncias, muchas de las cuales, están en pleno desarrollo investigativo y otras han terminado en sanciones disciplinarias a servidores públicos y suspensiones. En este tiempo, van 2.690 sanciones impuestas a servidores públicos, de las cuales 1.233 corresponden a servidores públicos de elección popular. De acuerdo con las estadísticas de la entidad, ha intervenido en 117.464 audiencias en pleitos entre el Estado y particulares, ahorrándoles a los ciudadanos 469.000 millones de pesos. Puede interesarle: El procurador pide a la justicia gringa que exija verdad total a Odebrecht A Carrillo no le ha temblado la mano para meterse con personas que se consideraban ‘intocables‘ y con empresas que hicieron ‘fiesta con el dinero de los colombianos‘. Así, ganó una acción popular, que obliga a la multinacional de la corrupción Odebrecht a reparar al Estado con 260 millones de dólares e inhabilidad para operar en el país por 10 años. A través de otra acción popular, solicitó dejar sin efecto un contrato de asesoría que permitió que la empresa Triple A-Inassa, de Barranquilla, se apropiara de 80 millones de dólares. Sancionó a los gerentes de esa firma a 12 y 6 años de inhabilidad y los multó con cifras superiores a 35.472 millones de pesos. El Procurador, tomó las riendas en la defensa de la salud y logró desmantelar, destituir y sancionar a decenas de funcionarios que se enriquecieron por medio de los carteles de la Hemofilia, VIH, Bastón, Embargos, Chatarra, Ciencia y Tecnología y volteo de tierras. Carrillo logró que su entidad estuviera presente y activa en la JEP. Allí la Procuraduría ha estado vigilante en 2.000 procesos, 122 audiencias y ha emitido 108 conceptos sobre los temas de esa Jurisdicción Especial. De otro lado, la entidad ha participado en 219.000 procesos judiciales, ha emitido 231 conceptos de constitucionalidad y otros 144.346 conceptos en procesos de intervención. Le sugerimos: “El proyecto no le quita ni le resta ninguna potestad a la Fiscalía”: procurador En materia ambiental la entidad se ha metido de lleno con audiencias públicas y acciones para evitar más contaminación y desastres naturales. Una muestra de la importancia de esta entidad para garantizar el futuro de las próximas generaciones, fue haber logrado mejorar la calidad del combustible diésel para Medellín y el Valle de Aburrá y así cuidar la calidad del aire de la región. El futuro de la Procuraduría será la construcción de confianza desde las entidades públicas hacia la ciudadanía. La agenda de los próximos dos años la lidera la lucha contra la corrupción, como el gran transgresor de derechos fundamentales, a partir de combatir los carteles, vigilar las elecciones y proponer una agenda legislativa que blinde y actualice las herramientas del Estado. Garantizar la responsabilidad penal de personas jurídicas pone en jaque a aquellos que siguen burlándose de lo público en Colombia. Van 2.690 sanciones impuestas a servidores públicos, de las cuales 1.233 corresponden a servidores públicos de elección popular. La protección de los más vulnerables está indeleble en todas las acciones de la Procuraduría y esa es su verdadera razón de ser. Por eso Carrillo ha sido enfático en las acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes, las víctimas y los líderes sociales. Durante su rendición de cuentas anunció un programa con la Policía Nacional a cargo del Inspector general, General Jorge Vargas, para la protección a líderes y defensores. Este programa incluye un plan de capacitación en derechos humanos a la Policía y una acción conjunta para hacer control administrativo. “Seguiremos insistiendo y aquí tenemos un convenio con el señor general Vargas para comenzar, y es un compromiso de todos, a destilar ética en todos los comportamientos del servicio público aquí en Colombia. Es una tarea de todos los ciudadanos, y programaremos unos cursos para la fuerza pública y otros funcionarios en esa materia”, afirmó Carrillo. Finalmente, para acabar con la “bogotanización” Carrillo anunció la Procuraduría Móvil, un proyecto que llevará la entidad a cada rincón del país haciendo presencia en los lugares donde el Estado aún no ha llegado.