En los próximos minutos, la sede de la Contraloría en Bogotá se convertirá en el lugar donde se adelantará una cumbre de altos funcionarios de entes de control e investigación, para atender de primera mano la grave crisis por la que atraviesa la salud en Colombia y la lucha que se adelanta contra la corrupción en ese sistema.
SEMANA conoció que ese encuentro podría estar liderado por el contralor general (e), Carlos Mario Zuluaga y contaría con la asistencia de procuradora delegada para la Salud Diana Ojeda, altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y también de la Defensoría del Pueblo.
Ese encuentro se programó días después de que el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, lanzará un fuerte regaño en medio de una sesión de seguimiento sobre el cálculo de las Unidades de Pago por Capitación (el dinero que paga el Estado a las EPS por cada afiliado a las EPS), en el que refutó que los entes de control e investigación están cortos en resultados en la investigación por corrupción en salud.
El magistrado Reyes reclamó que “a mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir, no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra”.
Y es que en esa misma diligencia la Contraloría reveló en un informe que se han proferido fallos de responsabilidad fiscal por cerca de 3 billones de pesos en contra de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), debido a “malos manejos” en relación con los recursos de salud.
“Los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, aseguró el contralor Zuluaga en medio de esa sesión técnica.
Las fuertes críticas del presidente de la Corte Constitucional se dieron después de que el fiscal delegado para Seguridad Territorial, Luis Pinilla, informó que desde el año 2020 se tiene apenas una investigación en la contratación del Hospital Universitario de Santander y 63 noticias criminales por el uso indebido de la UPC.
El presidente de la Adres, Félix León, también advirtió que los “presupuestos máximos” se están concentrando en atender a personas que pagan planes complementarios o medicinas prepagadas, mientras que la mala destinación de la UPC se han convertido en un “saqueo para el sistema de salud”.
La cumbre de altos funcionarios se dará en medio de la intervención del Gobierno a Sanitas, a la Nueva EPS y la solicitud de liquidación voluntaria que pidió Compensar por la grave crisis financiera que atraviesa.