Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, concertará con diferentes sectores un Plan de Derechos Humanos. En entrevista con SEMANA, la funcionaria habló sobre lo que se contempla en el Plan.

SEMANA: ¿Qué contempla este Plan Nacional de Derechos Humanos?

Nancy Patricia Gutiérrez (N.G.): Es una herramienta estratégica que va a garantizar el respeto de los derechos humanos en medio de esta reactivación. Va a tener un impacto económico, social, ambiental y de convivencia pacífica, y va encaminado a la propuesta que ha hecho el presidente Iván Duque para la reactivación del país. Además de la vacunación, se requiere un enfoque de derechos humanos, aún más cuando en Colombia hay 3 millones de nuevos pobres, un ambiente político polarizado, un lenguaje deteriorado, desconfianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones, y toda esta guerra de mentiras a través de las fake news que hace que se requiera una propuesta que una al país, que la podamos concertar entre todos para la reconstrucción de Colombia y su reactivación, en torno a un eje fundamental que son los derechos humanos.

SEMANA: ¿Cuál es la relación entre la reactivación por la pandemia y los derechos humanos?

N.G.: Hay dos problemas muy grandes en este momento. Primero, indiscutiblemente, la pandemia ha sido reconocida por el jefe de la OMS como el enemigo de la humanidad, y también tenemos la violencia en Colombia. En el país la situación de violencia se desborda por la presencia del narcotráfico, del microtráfico. Todas estas organizaciones criminales llevan la necesidad de que represemos a la Nación y eso es lo que propone el Plan Nacional de Derechos Humanos, que lo construyamos.

SEMANA: Uno de los hechos que más ha aquejado al país en materia de derechos humanos es el asesinato de líderes sociales, ¿qué se contempla sobre esto en el Plan?

N.G.: Este Plan estará siendo revisado durante los próximos 45 días en unas líneas estratégicas donde una de ellas es la garantía del ejercicio del liderazgo social y de defensores y defensoras de derechos humanos. Sobre esa línea de garantías vamos a conversar con los líderes sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con defensores de derechos humanos, con las instituciones para poder continuar las acciones que actualmente se están sacando adelante en torno a la protección de líderes, pero ir más allá, mirar qué más hace falta, qué más tenemos que poner todos para proteger a los líderes sociales. El plan está arrancando por todo Colombia y esperamos en 45 días tener definida esa ruta de reconstrucción y de reactivación.

SEMANA: ¿Cómo será ese diálogo con los diferentes sectores?

N.G.: Se trata de una convocatoria a la sociedad civil, a través de los gremios, las organizaciones no gubernamentales, la acción comunal, las entidades territoriales, para que entre todos pensemos cómo reconstruimos ese tejido social económico y ambiental de Colombia. Esos propósitos deben quedar trabajados con las propias comunidades.

SEMANA: Otro de los temas que generó polémica en los últimos días fue el bombardeo del Guaviare. Sobre el reclutamiento infantil, ¿qué se contempla en el Plan?

N.G.: Lo primero es que debe generar unidad nacional para decir que los responsables del reclutamiento son esos grupos ilegales, rechazarlos enfáticamente y sobre eso unirnos para la prevención del reclutamiento y el rescate de niñas y niños que están en manos de estos grupos ilegales. De hecho, las cifras que dan cuenta de la acción de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la recuperación de niñas y niños hacen referencia a una estrategia que hay por parte de la fuerza pública para recuperar menores. De igual manera, los niños y niñas que entran al programa de prevención y protección del ICBF dan cuenta de esas rutas de rescate y oportunidades que se brindan para ellos. Hay muchísimo por hacer porque lamentablemente estos son unos delitos que van de la mano con la vulneración de derechos que cometen estos grupos ilegales, no solamente cuando sacan a los niños de su entorno y se da el reclutamiento, sino también el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes que hacen especialmente los grupos dedicados al microtráfico y a la delincuencia organizada en las ciudades.

SEMANA: Sobre los grupos armados al margen de la ley, ¿qué se contempla en el Plan y desde la Consejería en materia de derechos humanos?

N.G.: Colombia debería unirse en torno al rechazo de la ilegalidad justamente porque los factores derivados de la pobreza y la pérdida de empleo han llevado a que las familias pierdan ingresos y a que se genere este ambiente de inestabilidad social. En la medida en la que logremos unidad de rechazo a la delincuencia y apoyo a las acciones de la fuerza pública en torno a poder estabilizar los territorios en donde están concentrados estos actores de violencia, y apoyar a la justicia en sus acciones para perseguir a los delincuentes, lleva a una protección generalizada hacia la población. Concentrar los esfuerzos es lo que necesita Colombia, en materia ambiental, garantizar la generación de empleo, de cómo vamos a recuperar esos puestos de trabajo que se han perdido, cómo rodeamos a las pequeñas empresas, a las medianas empresas para que puedan tener incentivos a su reactivación, en torno a una agenda de país que busque una unidad, dejando de lado esas diferencias ideológicas que muchas veces definen a los derechos humanos como si fuera una bandera exclusiva de algún sector político y más bien que sea un motor para unir a la nación.

SEMANA: En ese sentido, ¿si hay una mayor reactivación, habrá mayor protección a los derechos humanos?

N.G.: Va a haber mayor oportunidad para que la gente esté produciendo para que tenga ingresos para que la gente pueda acceder a los servicios, para que haya una concentración del Gobierno, no solamente nacional, sino de los alcaldes, los gobernadores, en torno a la protección de los derechos. En la medida en que Colombia logre salir de la crisis generada por la pandemia, la pérdida de empleos, que puedan los niños volver a las escuelas, a los colegios, que sea una posibilidad real de poder extender la educación a todos los sectores, que haya un acceso rápido de la vacunación a todos los sectores de la población, que se garantice efectivamente que haya esa protección primaria a la salud... Todas son tareas que debemos construir desde la base social y por eso hemos llegado a los territorios, porque hay unos planes que venían antes de la pandemia, pero es que definitivamente el mundo cambió desde hace un año.

SEMANA: ¿Cuál será el legado de este Gobierno en materia de derechos humanos?

N.G.: El presidente Iván Duque tiene un reto y es dejar una línea de protección de derechos humanos que se construya desde todas las miradas para este último año de Gobierno y para los primeros meses del próximo gobierno, para que encuentre una ruta trazada de recuperación, de reconstruir a Colombia y de reactivar al país sobre una base de respeto entre todos.

Desde la Consejería también nos propusimos trabajar para que el tema de los derechos humanos no tenga ninguna clase de sesgo ideológico o político, sino que precisamente sea un compromiso de todos y la principal base es el respeto. Esperamos de aquí a final del semestre de este año dejar el Plan Nacional de Derechos Humanos, poniendo los derechos humanos como el eje fundamental de la reconstrucción y la reactivación de toda la sociedad.