“Están aprovechando la cuarentena para quemar y tumbar bosque”. El angustioso SOS que hizo hace dos meses Corpoamazonia, la autoridad ambiental de la región, ya tiene una cifra concreta: 75.000 hectáreas de bosque arrasadas entre enero y abril de 2020, similar a la de todo 2019. En la primera semana de abril, cuando el país no había cumplido un mes de cuarentena, la entidad sacó la bandera roja: “Solicitamos que los órganos de control, como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, realicen presencia y control en las áreas identificadas donde se realizan quemas descontroladas que generan más deforestación”.
Pero de poco o nada sirvió el llamado de auxilio. Sin ser oficial, porque se trata de una organización no gubernamental, normalmente la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) enciende las alarmas sobre este dramático flagelo antes que los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Y su último análisis, que dio a conocer hace dos semanas, arrojó el equivalente a un llamado de auxilio. Mapas satelitales y sobrevuelos a ras de selva mostraron que los diez departamentos amazónicos perdieron 75.031 hectáreas entre enero y el 15 abril de este año. La mafia deforestadora, con el clima a su favor, se ensañó con los bosques de Caquetá, Meta y Guaviare. Busca facilitar principalmente el acaparamiento de tierras, además de la ganadería extensiva, la agroindustria, la construcción de vías ilegales y los frentes de minería ilegal.
Rodrigo Botero, director de la FCDS, dijo que los focos de alta deforestación se presentan en las zonas con condiciones de gobernabilidad baja, presencia de actores armados, intereses económicos de grandes proyectos, y dificultades o amenazas para los programas o instituciones ambientales. “Los resguardos indígenas, especialmente los ubicados en el noroeste amazónico como Yaguara II y Nukak Makú, continúan presentando un proceso de invasión creciente y consistente”, dijo el experto.
Deforestación en resguardos indígenas en 2020. Fuente: FCDS. Un complejo menú de actividades ilegales deteriora significativamente estos resguardos: vías carreteables abiertas por cualquier parte, nuevas fincas ganaderas y veredas registradas en las zonas taladas, y cultivos de coca, entre otras. Por otro lado, el informe de la FCDS también llamó la atención acerca de más de 280 kilómetros de esas vías que permanecían cubiertas por los árboles más altos del bosque. Pero ahora las mafias han llegado al extremo del descaro al talar esos árboles para ampliar las vías, que ahora aparecen a simple vista desde el aire, y, de alguna manera, ‘normalizar’ su uso. Por eso ya se ven lotes y fincas cerca a esas nuevas carreteras que partieron la selva. “Este conjunto vial tiene articulación entre sí y utiliza también conexiones fluviales. Atraviesan zonas de resguardos indígenas, reservas forestales y parques nacionales”, cita el informe de la FCDS.
La ganadería detona la deforestación. El reporte indica que más de 690.000 cabezas han engrosado el hato ganadero en los últimos cuatro años, en los municipios más afectados por la deforestación alrededor del parque nacional y patrimonio de la humanidad Serranía Chiribiquete. Como una sombra que acecha a la maloca del jaguar, 290.000 hectáreas de bosques vecinos dejaron de existir en este mismo lapso.
El acaparamiento de tierras para la ganadería extsnsiva es uno de los principales motores de deforestación del país. Foto: Rutas del Conflicto. “Un incipiente pero rápido crecimiento de cultivos de eucalipto y palma se presenta en las sabanas de La Fuga, Guaviare, en zona de la reserva forestal de la Amazonia. Incluso, hay sitios en los que se nota que les han pasado maquinaria para remover la tierra en el resguardo nukak. Llama la atención que estos cultivos fueron rechazados por Fedepalma porque no son legales”, concluyó Botero. El análisis habla de un foco creciente y significativo de deforestación en el municipio de Mapiripán (Meta), que avanza rápidamente hacia las selvas del resguardo de Matavén (Vichada). La cobertura de bosque, desde el aire, parece un colador: la selva pierde la continuidad por los parches deforestados
Según la FCDS, las 75.031 hectáreas taladas entre enero y abril de este año en la Amazonia están distribuidas en 24.224 polígonos o pedazos de antigua selva. El mayor parche identificado sumó 184,7 hectáreas y el menor, 0,3 hectáreas. El análisis recuerda al final que desde mediados de febrero presuntas disidencias de las Farc sacaron de sus lugares de trabajo a los guardianes de los parques Puré, Apaporis, Chiribiquete, La Paya, Macarena, Tinigua y Picachos, y las reservas naturales de Puinawai y Nukak. Eso “dejó sin la presencia de funcionarios y sin gestión ambiental con comunidades locales a por lo menos 9 millones de hectáreas de selva”, lo que completa la bomba de tiempo. A la fecha ninguno ha podido regresar. Una amenaza transnacional Una semana antes de que la FCDS entregara su reporte, otro documento consternó a los ambientalistas. En efecto, un análisis de la FCDS, la Fundación Gordon y Betty Moore, Conservation Strategy Fund (CSF) y el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) determinó que los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú tienen entre sus planes construir o mejorar más de 12.000 kilómetros de carreteras en la vasta mancha verde de bosque húmedo tropical de la Amazonia. Se trata de un conjunto de 75 tramos viales que ponen en riesgo al sitio más biodiverso del planeta.
El informe estableció que, de las 75 carreteras identificadas, 24 hacen parte de Brasil de una manera fragmentada, 15 están en Ecuador, 14 en Colombia, 11 en Perú y 11 en Bolivia. Según Alfonso Malky, director técnico para América Latina de CSF, la inversión destinada para construir o reparar estas vías supera los 27.000 millones de dólares.
Vía Calamar- Miraflores, Guaviare. Foto: Fiscalía General de la Nación. De no tener en cuenta los riesgos e impactos sociales y ambientales, más de 2,4 millones de hectáreas de bosque húmedo desaparecerían de la Amazonia por estas carreteras en los próximos 20 años. Cada uno de estos tramos viales desencadenaría en promedio una deforestación cercana a las 33.000 hectáreas. Sin embargo, la pérdida de bosque prevista varía entre los diferentes proyectos: por ejemplo, la carretera transamazónica en Brasil (BR-230) arrasaría con 185.000 hectáreas para 2030 y el tramo propuesto entre La Macarena y La Leona en Colombia pondría fin a 68.600 hectáreas. Sucumbe el bosque primario
En el resguardo Nukak ya se pueden observar lotes gigantescos en medio de la selva. Foto: Rodrigo Botero. De acuerdo con un estudio de la plataforma en línea de monitoreo forestal Global Forest Watch (GFW), cada seis segundos el mundo pierde un área de bosque tropical similar a una cancha de fútbol. Y de esta cifra, por lo menos 32 por ciento corresponde a bosque primario, es decir, nunca intervenido por el hombre. El planeta ha visto caer ante sus ojos una riqueza que no pudo conocer.
En esa carrera por el exterminio de sus bosques, según GFW, Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica y el séptimo en el mundo. Cada vez que cae un árbol centenario de 30 o 40 metros quedan rotas, por lo menos, 50 relaciones ecológicas que ese árbol había establecido con especies vegetales y con la fauna que vivía o dependía de él. A mayor escala, tumbar una hectárea de bosque amazónico equivale a acabar de raíz con, al menos, 14.000 árboles de 600 especies distintas. Detalles de la hecatombe amazónica El mayor acaparamiento arrasó con 25.876 hectáreas de bosque en Caquetá entre enero y abril de este año. En segundo lugar, los bosques del Meta perdieron 22.869 hectáreas de bosque. En el tercero, Guaviare: desaparecieron 18.498 hectáreas.
Deforestación por departamentos en 2020. Fuente: FCDS Catorce municipios amazónicos concentraron 92,5 por ciento de la deforestación de la región en lo corrido de 2020, al sumar 69.434 hectáreas. Los más críticos: San Vicente del Caguán (11.740 hectáreas), La Macarena (11.090 hectáreas), Cartagena del Chairá (10.365 hectáreas), San José del Guaviare (8.234 hectáreas) y Mapiripán (5.197 hectáreas).
Deforestación en áreas protegidas en 2020. Fuente: FCDS