Para el Chapecoense y 24 familias de personas que murieron en el accidente aéreo en noviembre de 2016, la Aeronáutica Civil es responsable de al menos 5 puntos de la cadena de errores que desembocó en la tragedia. SEMANA conoció la demanda que el abogado Luis Felipe Botero, apoderado de las familias y el club brasileño, interpuso recientemente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pide, entre otras medidas, que se condene al Estado colombiano a reparar económicamente a los dolientes. Una responsabilidad que también le atribuyen a HDI Seguros, la aseguradora de la Aerocivil. La demanda del club es un documento de 39 páginas en las que se hace un recuento por hechos claves que produjeron el accidente que dejó 71 muertos, y en los que habría intervenido la autoridad aeronáutica colombiana. El primero de ellos tiene que ver con la autorización del vuelo que partió desde el aeropuerto de Santa Cruz, Bolivia, con rumbo a Rionegro, Antioquia. La demanda cita la ‘Evaluación de Solicitud‘ que aprobó la Aerocivil ese mismo día, en la que la aerolínea Lamia le pedía permiso para entrar al espacio aéreo colombiano. "La anterior autorización significaba que, en concepto de la UAEAC (Aerocivil), la aeronave cumplía todos los requisitos del Reglamento Aeronáutico Colombiano". Sin embargo, como lo demostró el mismo informe final que la Aerocivil hizo sobre el accidente, el avión LMI 2933 había salido de Bolivia con 3.000 kilos menos del combustible necesario para llegar a Rionegro. Además, la póliza del avión excluía a Colombia como destino. Ante esos hechos, el representante de las víctimas señala dos causas del accidente en las que habría incurrido la Aerocivil: la "indebida autorización del vuelo LMI 2933 para ingresar a territorio colombiano" y la "autorización del vuelo sin cobertura de seguro obligatorio". En contexto: El contrainforme Chapecoense En su más reciente edición impresa, SEMANA mostró cómo empieza a configurarse esa disputa legal en la que se cuestiona la versión oficial sobre el accidente y las reponsabilidades de las autoridades colombianas, no solo por parte de las víctimas sino también del dueño de la aeronave. Frente a estos señalamientos, el coronel Miguel Camacho, jefe del Grupo de Investigación de la Aerocivil, quien dirigió el informe final, reconoció que Colombia tenía la posibilidad de impedir el vuelo, pero que notaron irregularidades como la del seguro solo después de la tragedia. La demanda también asegura que hubo "crasos errores en la gestión del tráfico aéreo de los controladores en territorio colombiano, en particular, errores en la asignación de prioridad". Y entonces hace el recuento de hechos con el que sustenta la afirmación. El control aéreo priorizó a un avión de Viva Colombia que reportó una presunta fuga de combustible. Sin embargo, esa situación fue superada y la tripulación no llegó a hacer un llamado de emergencia. Además, señalan los demandantes, otras aeronaves que solicitaron aproximación luego del avión de Lamia recibieron una hora de aproximación anterior a la del vuelo del Chapecoense. A las 9:49 de la noche de ese 28 de noviembre, Miguel Quiroga, el capitán de la aerolínea Lamia, pidió prioridad para aterrizar por "un problema de combustible". Tres minutos después, volvió a comunicarse con la torre para reiterar la "emergencia de combustible" y solicitó curso final. Según la demanda, en ese lapso entre la primera y la segunda alerta, el control aéreo "no adelantó ninguna medida para responder a la situación apremiante de la aeronave 2933. Por el contrario, autorizó la aproximación de la aeronave LAN 3020". Solo hasta después del segundo llamado de crisis, el control habría empezado a despejar el camino al vuelo del Chapecoense. Siete minutos después, el avión se estrelló contra el Cerro Gordo, a 19 kilómetros de la pista de Rionegro. Le puede interesar: Tragedia del Chapecoense: Tres héroes anónimos cuentan su historia un año después Para la Aerocivil, la tripulación nunca declaró la emergencia ni en los términos ni en los tiempos que dice el protocolo, y eso pese a que 40 minutos antes del accidente ya conocían de la crisis de combustible. Yaneth Molina, la controladora que atendió la emergencia, dijo que usó todas las herramientas que tenía a su alcance para evitar la tragedia . “Entiendo la posición de las personas que intentan pretensiones contra la Aerocivil, el dueño del avión y con mayor razón las víctimas, quienes tienen toda nuestra solidaridad. Pero se están sustentando en cuestiones de tercera categoría dentro de toda la complejidad del accidente”, dice el coronel Camacho. El funcionario se refiere a que la carga de la culpa recae sobre la aerolínea y su tripulación que, según el informe de la Aerocivil, comenzó el viaje con mucho menos del combustible requerido y sacó de su ruta una parada de abastecimiento en el aeropuerto de Cobija (Bolivia), que ya estaba cerrado a la hora del vuelo. Luego rechazaron la posibilidad de cargar combustible en Bogotá, y en una acción temeraria intentaron llegar a Rionegro con una crisis ya anunciada. Finalmente, consciente del riesgo de la situación, la tripulación declaró la emergencia en términos no adecuados y cuando ya era demasiado tarde. Le sugerimos: La hermandad que surgió entre Colombia y Brasil tras el accidente del Chapecoense La demanda lanza unas primeras cifras sobre la cuantía de la indemnización que, en todo caso, tendría que ser determinada por un juez teniendo en cuenta todos los daños que sufrieron las familias y el club. "Exclusivamente para efectos de establecer la cuantía en esta demanda, manifestamos que la estimamos en una cifra superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales", es decir alrededor de 400 millones de pesos. Sin embargo, en caso de prosperar el recurso, la cuantía sería mucho más alta. Este solo sería el piso. También se señala que las víctimas han tenido perjuicios patrimoniales superiores a los 8.300 salarios mínimos (alrededor de 6.600 millones de pesos) y que las pérdidas del club se tazan por encima de los 7.347 millones. Además de pedir la indemnización, las víctimas y el club solicitan que la Aerocivil entregue pruebas y documentos del expediente que ha mantenido bajo reserva. La demanda pide sanciones para los presuntos responsables y que se investiguen las deficiencias regulatorias en el sector aeronáutico para evitar tragedias similares.