Este jueves el Consejo de Estado aceptó estudiar una querella que pretende anular la elección del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Octavio Munar Cadena. Los demandantes consideran que en su proceso de elección se violó una norma constitucional que impide que los magistrados de las altas cortes nombren a personas que hayan intervenido en su postulación o en su designación. La acción jurídica fue interpuesta por Rodrigo Uprimny y Paula Alejandra Rangel Garzón, quienes consideran que con la elección de Munar se violó el artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco, o a personas vinculadas con servidores públicos competentes para intervenir en su designación. El alto tribunal le asignó el proceso a la magistrada Susana Buitrago de Valencia, de la sección quinta, quien también tiene sobre sus manos la ponencia sobre la duración del período del fiscal general de la Nación, Eduardo Montelagre. Según los demandantes, quienes participaron en la elección del magistrado Munar desconocieron la prohibición de nombrar en un cargo público a quien ha intervenido en su elección, y en este caso, varios magistrados que eligieron a Munar fueron elegidos por él o con su participación. Así las cosas, de acuerdo con los demandantes, con la elección del magistrado Munar se estaría cumpliendo una ‘cadena de favores’. Por esa razón, en manos del Consejo de Estado está analizar las pruebas que contiene la demanda y definir si prospera. Esta demanda se suma a la que estudian en este momento los magistrados en contra de la elección del magistrado de la Judicatura Francisco Javier Ricaurte por los mismos hechos. En esta querella se argumentó que, según las actas de su elección, 15 de los 16 magistrados que votaron por él en noviembre del 2012 fueron alguna vez elegidos magistrados en sesiones en las que él intervino.