Nadie da razón frente al por qué en la demora para sancionar la ley estatutaria de la JEP. El extenso documento –pieza fundamental para la operación de la justicia especial de paz– salió el 19 de diciembre de la Corte Constitucional dirigido al presidente del Senado Ernesto Macías, y fue recibido ese mismo día por la Secretaría del Senado, a las 4:50 de la tarde. No obstante, hasta la semana pasada no había rastro del procedimiento de firmas que deben surtir el articulado –primero en Senado y después en Cámara– para que sea sancionada por el presidente Iván Duque. La tardanza desató suspicacias al punto que el Partido de la U señaló que pudo haberse extraviado en el servicio de mensajería 4/72. Comentario que fue recibido con humor criollo porque del Palacio de Justicia al Congreso hay apenas una plaza de distancia. El sello de recibido da por descartada esta hipótesis, pero hasta ahora no hay respuestas por una tardanza que fue vista con desconfianza por el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, quien pidió a su equipo revisar artículo por artículo. Los corrillos políticos creen que detrás hay una ‘engavetada‘ que buscaría darle tiempo a Palacio para tener lista una estrategia que le permita oponerse a que esta ley vea la luz. Para Macías, quien es el primer destinatario del paquete de 162 artículos, este es un escándalo que creció de la nada porque el trámite que tuvo es el mismo que el de cualquier otra norma. No hay mucha claridad de qué pasó con el expediente una vez llegó al Congreso el 20 de diciembre pasado, probablemente el fin de año es la explicación: el 8 de enero concluyó el receso vacacional. Luego, del 14 al 30 de enero el expediente fue revisado en el área legislativa (a cargo de introducir las modificaciones de la Corte Constitucional al texto) y el 30 de enero el texto modificado fue remitido al presidente del Senado. Consultado por SEMANA, el presidente Macías aseguró "me llegó el 31 de enero a las 3:22 de la tarde y la firmé a las 5:30 de la tarde de ese mismo día. Al día siguiente a las 8 a.m. se envió a Cámara". Así las cosas el documento llegó a manos del secretario de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón el pasado viernes. La Jurisdicción Especial para la Paz es la más afectada por la demora. Allí aguardan con ansias lo que es como su biblia de funcionamiento. En una comunicación enviada este jueves al presidente Iván Duque, la magistrada Patricia Linares le pidió que priorice la sanción presidencial de la norma. "Dada la importancia y trascendencia de la mencionada norma, de manera muy respetuosa me permito solicitarle darle prioridad al trámite de sanción, lo que garantizará de manera diáfana e inequíovoca los derechos al debido proceso y la seguridad jurídica, entre otros, de las vícitmas, los comparecientes y la sociedad colombiana", aseguraron. Tropiezos Las discusiones políticas detrás de la ley estatutaria le han sacado chispas al partido de gobierno. Los puntos en los que hay choque son tan cruciales que podrían poner en jaque el acuerdo de paz con las Farc. Por ello, no es la primera vez que los tiempos de esta ley estatutaria generan tormenta. El trámite en el Congreso terminó con la aprobación de varios artículos que levantaron ampolla entre quienes respaldan el proceso de paz. El golpe más duro frente a lo acordado en La Habana fue que se estableció que los delitos de tipo sexual contra menores de edad –entre los que se podrían llegar a incluir crímenes como el aborto– se les aplicarían las sanciones ordinarias que impone el Código Penal y no las alternativas que introdujo el acuerdo de paz. Teniendo en cuenta que las investigaciones apuntan a que el aborto habría sido una política de las Farc, prácticamente todos los comandantes de esta guerrilla quedarían a merced de las penas del Código Penal. Además, se establecían reglas en materia de extradición para quienes incurran en delitos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz y una serie de inhabilidades para llegar a ser magistrados de la JEP que dejaban por fuera de la entidad a un puñado de juristas que ya habían sido seleccionados para ocupar un lugar en la justicia especial de paz. En un caldeado debate político, el 29 de noviembre de 2017 la ley salió del Congreso directo a control constitucional de la corte. Allí, la peluquiada provocó más ruido, ya que el alto tribunal estableció que los delitos sexuales se van a sancionar con las penas establecidas en el acuerdo de paz para quienes comparezcan ante la JEP e introdujo una serie de restricciones a la hora de estudiar extradiciones. De estas últimas, las que más provocaron confrontación es la posibilidad de que la JEP solicite pruebas -incluso al país requiriente- para estudiar lo relacionado con la fecha en que se cometieron los delitos y las ponderaciones que tendrá que hacer de manera obligatoria la Corte Suprema al momento de estudiar una extradición de alguien que esté cumpliendo con la verdad, la justicia y la reparación. Como se preveía, también tumbó las inhabilidades para magistrados. El 19 de diciembre, después de un año cocinándose, la Corte Constitucional publicó al fin la sentencia en donde se le hicieron los últimos retoques a esta columna vertebral con la que funcionará la Jurisdicción Especial para la Paz. Del Palacio de Justicia al Congreso hay pocos pasos, pero pasó diciembre, enero y comenzó febrero sin que surtiera el trámite de firmas. "Si los cambios que ha ordenado la Corte Constitucional no fueron redactados con base a la sentencia no firmaré el documento", aseguró Chacón, quien además precisó que recibió del el documento el lunes 4 de febrero. Si el articulado está en orden, procederá a firmarla para enviarla a la Presidencia de la República. Sin embargo, el representante asegura que ese paso solo vendría luego de agotar el examen exahustivo que está realizando. De modo que a pesar de los rumores sobre una eventual objeción por inconveniencia que podría plantearse desde la Presidencia de la República, este hasta ahora solo existe en el terreno de la especulación. De cualquier forma, sería muy difícil explicar una jugada como está sobre una ley que ya surtió todos sus debates.