Bogotá ha tenido una deuda histórica con la formalización de los vendedores ambulantes, quienes año a año han venido incrementado en la ciudad por la falta de oportunidades laborales, generando, como grave consecuencia, el uso indiscriminado del espacio público en varias zonas de la capital.
En febrero de 2012, durante la administración del alcalde Gustavo Petro, el Consejo de Estado ordenó retirar a los vendedores ambulantes sobre los andenes de 14 vías del centro y occidente de Bogotá al fallar una acción popular.
Se le pidió a la Alcaldía de Bogotá recuperar el espacio público de la carrera séptima, comprendido entre la calle 24 y la Plaza de Bolívar. También se ordenó el desalojo de la calle 19, entre carreras 3a y 15; la calle 14, entre carreras quinta y décima, y la carrera décima, entre calles décima y 20.
Así mismo, se le instó al Distrito a implementar un sistema para identificar plenamente a los vendedores, con el fin de incluirlos en programas de reubicación y para adoptar medidas más efectivas que permitieran crear alternativas concretas, eficaces y eficientes de trabajo formal.
En su momento, la administración de Petro suscribió un pacto con decenas de vendedores para que se acogieran a diversas alternativas económicas e implementó ferias y eventos, para brindarles alternativas comerciales. No obstante, los vendedores ambulantes siguieron volcados en las calles.
Posteriormente, la administración de Enrique Peñalosa se puso en la tarea de reorganizar la ciudad y emprendió acciones para recuperar el espacio público. En enero de 2016, con la Policía Metropolitana, inició desalojos en los andenes de las calles 72 y 19, dos transitadas avenidas en las que el comercio informal había hecho de las suyas.
En solo el primer año de administración, se realizaron más de 150 operativos y se recuperaron más de 230.000 metros cuadrados de espacio público, equivalente a 23 plazas de Bolívar en metros cuadrados. Al final de su gobierno, Peñalosa logró recuperar más de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público.
Las intervenciones en el espacio público siempre estuvieron precedidas por una caracterización de los vendedores, en donde el Instituto para la Economía Social (Ipes) establecía cuáles eran las características de cada vendedor para conocer qué productos vendía. Una vez se analizaba la situación de cada vendedor, se le ofrecían distintas alternativas para que se reubicara, para que tuviera empleo formal, para que pudiera iniciar su propio negocio y de esa manera garantizar su estabilidad económica.
No obstante, aunque sí se recuperó gran parte del espacio público, la formalidad de los vendedores ambulantes no prosperó. De acuerdo con información del Dane, en el trimestre móvil octubre-diciembre 2019, Bogotá tuvo una tasa de informalidad de 42,3 %, mientras que en el trimestre enero-marzo de 2016, al inicio de la administración de Peñalosa, la tasa era de 41,6 %.
Aunque, evidentemente, todos los que trabajan en informalidad no son vendedores ambulantes, lo cierto es que, al finalizar la administración de Peñalosa, había 1,8 millones de trabajadores informales, 6 % más que cuando tomó posesión como alcalde, cuando había 1,7 millones.
Si el espacio público se había recuperado en la alcaldía de Peñalosa, con la llegada de Claudia López la ciudad retrocedió sustancialmente en esta materia, pues no solo aumentó significativamente el número de vendedores ambulantes (gran parte obedeció, claro está, a la pandemia del covid-19), sino que se incrementó el abandono y uso excesivo del espacio público.
En 2018, el Ipes estimaba que en la ciudad había cerca de 80.000 vendedores ambulantes y para enero de este año, según cifras oficiales del instituto, esta cifra ascendía a 92.319, 15 % más, aunque no se descarta que la cifra fuera aún mayor luego de las consecuencias económicas que generó la pandemia.
A pesar de que nunca se ha puesto en duda la necesidad del trabajo de esta población vulnerable, desde el Concejo de Bogotá se ha cuestionado el deterioro en el que ha incurrido el espacio público en Bogotá en la administración López, sin quien regule a los vendedores ambulantes.
Así mismo, la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, ha lanzado su voz de alerta por las mafias que cobran por el uso del espacio público en Bogotá, sin que las autoridades ni la Alcaldía hagan algo al respecto.
Ahora, en cuanto a los vendedores ambulantes, la administración López les ha garantizado la posibilidad de trabajar y ha optado por adelantar estrategias de caracterización, además de fijar reglas para organizarlos en la carrera séptima; no obstante, de formalización laboral, muy poco.
Así las cosas, en Bogotá todavía hay una deuda histórica en la formalización de los vendedores y es importante que futuras administraciones no aplacen más esta tarea.