Este martes se conoció una carta dirigida por la Fiscalía General de la Nación al presidente de Univisión, Leopoldo Gómez, en la que desmienten que un militar estadounidense esté involucrado en un presunto caso de abuso sexual de una niña indígena en el departamento del Guaviare. La carta es firmada por Carlos Alberto Saboya González, director de asuntos jurídicos de la entidad.
Esta es la comunicación:
“El pasado 11 de diciembre de 2022, la Fiscalía General de la Nación (en adelante, FGN) tuvo conocimiento, a través del medio de comunicación Univisión Noticias, de una información relacionada con la existencia de una investigación penal por la presunta violencia sexual en contra de una menor de edad de una comunidad indígena, ocurrida en 2019″.
Estos hechos habrían sido cometidos por un soldado extranjero en el departamento del Guaviare, producto de la cual la menor habría quedado embarazada y sometida a una cesárea en el Hospital San José del Guaviare.
En la nota periodística fueron realizadas varias afirmaciones respecto del curso de la investigación penal que, al parecer, adelantaba la entidad respecto de estos hechos.
Una vez contrastadas las afirmaciones hechas en Univisión Noticias con la realidad investigativa y judicial de los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, es necesario indicarle que estos hechos no habían sido puestos en conocimiento de la entidad antes del reporte periodístico.
Así, una vez se tuvo conocimiento de estos, se destacó a un equipo desde la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, conformado por fiscales, investigadores, médicos forenses y demás experticias necesarias para poder establecer la ocurrencia del hecho y lograr la identificación e individualización de quien pudo haber cometido un delito contra la integridad sexual de la menor indígena.
Estas actividades investigativas, adelantadas con el mayor rigor y por expertos en la materia, dieron cuenta de que no hay ningún tipo de elemento material probatorio o evidencia física que soporte la ocurrencia del hecho narrado por el medio de comunicación. Según la información publicada por el medio de comunicación, la FGN estaría adelantando la investigación de estos hechos “(…) bajo el más absoluto hermetismo. Pese a que en otros procesos se han revelado los nombres de militares colombianos involucrados en presuntas violaciones de menores indígenas en la misma zona, en este solo se sabe que la investigación “está activa” en la Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia. Así lo explicó a Univisión Isabel León, directora Seccional de la Fiscalía en Guaviare.”
Estas afirmaciones no corresponden a la realidad, toda vez que:
1. En la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos no existe ninguna noticia criminal abierta por estos hechos.
2. En la aludida entrevista, la Directora Seccional del Guaviare fue consultada por hechos en los que se investiga la responsabilidad de soldados colombianos en la violación de menores de edad, miembros de comunidades indígenas. Siendo ello así, el extracto de su entrevista fue utilizado para soportar afirmaciones de hechos que no han sido establecidos y que no fueron objeto de la entrevista realizada a la mencionada funcionaria.
3. La entidad realizó numerosas actividades investigativas para lograr establecer la ocurrencia de los hechos narrados por el medio de comunicación. El resultado de estas da cuenta de que, actualmente, no existen elementos que permitan acreditar la existencia de la conducta.
Para arribar a las anteriores precisiones, el equipo destacado por la Fiscalía General de la Nación realizó las siguientes actividades:
1. Entrevista al Director Regional de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El mencionado servidor público lleva 9 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF). En su entrevista, manifestó que no ha tenido conocimiento de información de esta naturaleza en el tiempo que él ha estado al frente de dicha institución. Además, aseguró que en la entrevista con el medio de comunicación hizo referencia a otro caso de agresión sexual ocurrido en 2019 en el cual una menor de edad indígena habría sido abusada por militares colombianos. Al inspeccionar las carpetas del ICBF no se encontró registro de ningún reporte relacionado con los hechos narrados por los medios de comunicación.
2. Entrevista con la Defensora de Familia. La funcionaria aseguró que nunca ha recibido información del caso de la niña de 10 años abusada por un militar norteamericano.
3. Entrevista a funcionario del Hospital Central de Guaviare. Teniendo en cuenta que el medio de comunicación señaló que un tío llevó a la niña al hospital, la FGN realizó una visita a la entidad en la que se habría realizado el procedimiento de cesárea. La gerente del Hospital Central Guaviare manifestó que no conoce ningún caso que tenga relación una menor de esa edad. Por su parte, el Subgerente indicó que no conocía ningún caso y no había registro del mismo. También fue entrevistado el ginecólogo que atiende partos naturales y por cesárea, y señaló que no conoce un caso con estas características. Adicionalmente, en la Sala de Cirugías no existe ningún registro de una cesárea practicada a niña indígena menor de edad.
4. Además, fueron consultados los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre registros de menores nacidos vivos, entre los años 2015 al 2022, y no hay evidencia de este hecho. En la entrevista con la Personera, de manera oficial manifestó que no tiene conocimiento de estos hechos.
6. Se realizó entrevista a la Comisaria de Familia, quien lleva un año, y manifestó que no tiene conocimiento de este hecho.
7. Otra entidad consultada fue la Secretaria de Salud departamental. Esta autoridad asegura que no conoce ni conoció de casos de esta índole. En ese sentido, fue revisado el sistema de información de salud y tampoco arrojó resultados. Afirmó que fue contactada por el medio de comunicación internacional para hablar sobre la situación de calle que tienen las mujeres indígenas menores de edad, y hacer un llamado por lo que están viviendo, pero no por el hecho que expusieron.
8. También fue consultado el Batallón Brigada de Selva No. 22, el cual aseguró que no cuentan con militares extranjeros acantonados en dicha instalación militar. Lo mismo se hizo con la Base de Infantería de marina No. 32 Barracón de la Armada Nacional, la cual aseguró que tampoco han tenido militares extranjeros.
9. La Registraduría, por su parte, no cuenta con un registro relacionado con este hecho.
10. Las comunidades nukak y jiw reportaron que no conocen ningún caso de esta naturaleza. Las antropólogas y sociólogas de la comunidad afirmaron no tener conocimiento e información de un hecho parecido.
El resultado de estas actividades investigativas, en las cuales fueron consultadas las entidades públicas que podrían haber tenido conocimiento del hecho, e incluso con la misma comunidad Nukak, permitieron establecer que no hay registro o evidencia de la existencia del hecho al cual se hizo referencia en el informe de Univisión Noticias y que fue replicado por otros medios de comunicación en Colombia.
Ahora bien, lo anterior no desvirtúa el deber constitucional y legal que tiene la FGN de investigar los hechos de esta naturaleza que se presenten en el departamento del Guaviare, así como en todo el territorio colombiano, y que involucren a comunidades indígenas y personas con protección reforzada.
Para la entidad, las comunidades indígenas hacen parte de los grupos poblacionales priorizados en sus investigaciones y, por lo tanto, trabajamos para que sus derechos no sean vulnerados y menos los de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Lamentamos que un medio de comunicación tan importante no realice la verificación o corrobore la información de manera mínima.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que los medios de comunicación “deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan”, lo cual implica que deben dar respuesta acerca de “las informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general, [lo cual] se corresponde con artículo 13.2.a sobre libertad de pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al “respeto a los derechos o a la reputación de los demás”. En otras palabras: los medios de comunicación tienen el deber de respetar los derechos de los demás y, en esa medida, es posible emitir juicios acerca de “la verdad o falsedad (…) solo respecto a hechos”.
En esa misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que la responsabilidad social de los medios de comunicación implica que estos están sujetos (i) a los principios de veracidad e imparcialidad, (ii) a la distinción entre “información” y “opinión”, y (iii) al ejercicio del derecho fundamental de rectificación. En otras palabras: estas obligaciones implican que los medios de comunicación no aprovechen su poder de difusión, y que sean protegidos los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Concretamente, para los periodistas y los medios de comunicación esto significa que deben ser especialmente cuidadosos en (i) la constatación de la información a través de un proceso riguroso y exhaustivo, (ii) el manejo de fuentes, y (iii) la precisión en la presentación de los hechos.
En conclusión, los actos de indagación e investigación adelantados por la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que no hubo una menor de edad indígena víctima de violencia sexual por parte de un soldado estadounidense, en el departamento de Guaviare. Por lo tanto, queremos indicarle que el hecho reportado el 11 de diciembre de 2022 en Univisión Noticias no existió”.