Era julio de 2007 en Medellín. Los casos de abusos sexuales y maltrato contra niños y niñas eran muy frecuentes en Colombia y las leyes, en ese momento, parecían justificar a los padres que consideraban que había que pegarle a los hijos para educarlos. Bajo esa premisa, José Ignacio Castrillón Arenas y María Jacqueline Urdinola Ruiz aprovechaban la nula vigilancia de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para maltratar física y psicológicamente a su hijo de 2 años de edad.
No conforme con maltratarlo, su madre lo prostituía a cambio de dinero para ella y su compañero sentimental. No hay un registro oficial de cuando comenzaron los vejámenes contra el niño, pero sí se conoció de una alerta emitida por médicos de un hospital en el año 2007.
En ese momento, el menor de edad llegó en mal estado salud y al ser atendido los galenos se dieron cuenta de que algo sucedía con el niño. Las cicatrices en su cuerpo, algunos cortes en el ano fueron los signos de maltrato y abuso sexual que reportaron los médicos a las autoridades, luego de que su estado de salud empeorara. El niño permaneció internado durante tres semanas, pero por la gravedad de las heridas no sobrevivió.
Para muchas personas, vecinos del bebé, su muerte se pudo haber evitado, ya que ellos mismos reportaron al ICBF las pésimas condiciones en las que se encontraba el niño. Sin embargo, la custodia siguió estando en poder de su madre María Jacqueline Urdinola Ruiz.
Después de la muerte del niño, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación en contra de los padres del menor de edad. Fueron dos años de trabajo para recolectar las pruebas que demostrarían los maltratos de los que era víctima el infante.
En abril de 2009, después de capturarlos, la Fiscalía presentó todas las pruebas recolectadas ante un juez. El material era contundente y todo apuntaba a que los responsables de matar al niño fueron sus propios padres: José Ignacio Castrillón Arenas y María Jacqueline Urdinola Ruiz.
Además del maltrato físico, las investigaciones lograron comprobar que el menor de edad también era alquilado por sus padres para prácticas sexuales. Es decir, el niño era una víctima de abuso sexual.
El juez del caso condenó a José Ignacio Castrillón Arenas y María Jacqueline Urdinola Ruiz por homicidio agravado y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. La mamá del niño fue condenada a 44 años de prisión y el hombre a 40.
En ese momento, las criticas contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se hicieron esperar, pues los acusaban de no cumplir con sus funciones a tiempo. En ese momento, la entidad se quedó a cargo de otro hijo de la pareja, un niño de 5 años de edad. 24 años después, el ICBF espera un fallo del Consejo de Estado, entidad que determinará su culpabilidad en la muerte del bebé de 2 años de edad.
El Icbf interviene en caso de menores yukpas en situación de mendicidad en el norte de Barranquilla
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció que adelantó trabajos interinstitucionales para atender a un grupo de familias del pueblo indígena yukpa, asentados en el sector de La Loma en Barranquilla, en pleno norte de la ciudad.
De acuerdo con un informe emitido desde el Icbf han desarrollado actividades de prevención de riesgos, caracterización de la población, talla y peso para niños y niñas, entrega de alimentos de alto valor nutricional, entre otras actividades.
“Estas acciones se han adelantado junto con entidades de cooperación internacional como Acnur, Unicef, DRC, Heartland Alliance Internacional, Americares, así como con la Alcaldía de Barranquilla y Migración Colombia”, dice el documento.
Así mismo, el Icbf señaló que ha intensificado un proceso de diálogo con estas familias, ha hecho entrega de raciones alimentarias de emergencia y convocó una nueva mesa intersectorial, toda vez que es una labor que compete a diferentes entidades locales y nacionales.
“Como resultado de lo anterior, se programó una nueva jornada de atenciones y valoraciones médicas, nutricionales, prerregistros. El trabajo interinstitucional se hace con un enfoque diferencial, respetando la cosmovisión y cosmogonía del pueblo yukpa, para responder de forma integral y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluye el informe.