En días pasados el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, envió un oficio al fiscal Francisco Barbosa en el que hace referencia a las amenazas de muerte recibidas por líderes de la comunidad de El Salado. “Me permito solicitar respetuosamente la priorización y trabajo en contexto de las investigaciones que se vienen adelantando en el marco de múltiples amenazas vía panfletos y mensajes de WhatsApp en la población de El Salado, Carmen de Bolívar”, decía la comunicación.
SEMANA conoció que el documento ya fue contestado por Barbosa, quien habló de las investigaciones que se adelantan sobre el caso en particular, le critica al defensor la comunicación y le dice cuál es el papel de la Fiscalía.
“Le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General de la Nación, institución que es parte de la rama judicial del poder público y que no es la entidad encargada de tomar medidas urgentes tendientes a la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos en El Salado, salvo que sean testigos de los hechos que son materia de investigación; en cuyo evento entraría la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía”, señaló.
Y agrega: “más bien lo invito a que antes de remitir este tipo de comunicaciones se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias en la protección de los derechos humanos en nuestro país”.
En los hechos que tiene en cuenta Barbosa para sustentar el mensaje que envió al defensor, dice que a la Fiscalía le corresponde adelantar las acciones penales y realizar las investigaciones de los hechos cuando se haya cometido un delito.
Barbosa dijo que desde hace tres años la Fiscalía viene implementando medidas para fortalecer las investigaciones de amenazas en contra de defensores de derechos humanos y que recientemente Barbosa destacó un grupo de trabajo dentro de la entidad que tiene las funciones de impulsar procesos de amenazas, articular el trabajo entre las distintas dependencias de la Fiscalía, investigar las amenazas y fortalecer la capacidad institucional.
En el caso concreto de El Salado, dice que desde que se tuvo conocimiento de los mensajes se han desplegado labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
“Frente a los mensajes de los últimos 5 días, la Fiscalía ha desarrollado actividades en el corregimiento tendientes a recopilar elementos materiales probatorios, identificar a todas las víctimas de los panfletos y los mensajes amenazantes. Igualmente, se han dictado nuevas órdenes a policía judicial con el fin de rastrear los mensajes que se emitieron vía WhatsApp”, señala la entidad.
La carta del ente acusador también menciona que en el caso de una de las víctimas que denunció los hechos, las amenazas vienen desde hace un par de años y que dentro de las investigaciones que se han adelantado, uno de los investigados se encuentra privado de la libertad y ya aceptó cargos por el delito de amenaza, mientras que la otra persona implicada se encuentra acusada por este mismo delito y se espera que se pueda realizar pronto la audiencia de formulación de acusación.
“No se descarta que los nuevos hechos amenazantes tengan alguna relación con las amenazas previas. En cualquier caso, la Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación”, dice la Fiscalía y menciona además que se ha mantenido comunicación constante con este caso particular del líder que ha sido amenazado y que cuenta con un esquema de protección de la UNP.
Según denunció la Defensoría en la carta enviada a la Fiscalía en días pasados, habitantes y líderes de El Salado recibieron amenazas a través de mensajes de texto y panfletos. “Sentencia de muerte a todos los líderes sociales, ladrones, drogadictos, expendedores de droga de esta comunidad (...) Esta es nuestra segunda advertencia para que abandonen El Salado, Bolívar, o el plomo irá por ustedes”, decía una de esas comunicaciones.
Los mensajes denunciados por la comunidad amenazan con que el día que menos piensen, entran al territorio a asesinar a quienes han amenazado si no se van del municipio. “No tienen derecho a abrir la boca. El Salado es una tierra donde la gente cree que jamás un grupo paramilitar entrará a masacrarlos nuevamente, pues bien se equivocan porque nosotros sí vamos a acabar con las plagas y las rayas que habitan en esa comunidad”, dicen en sus amenazas.