El Estado colombiano deberá pagarle los estudios superiores a un bebé que 20 años se salvó de ser un falso positivo. Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que resolvió una demanda presentada por las omisiones que se presentaron en este aberrante hecho.
La historia se remonta a finales del 2003, cuando una tropa del Ejército Nacional adelantaba un operativo en contra de una emisora clandestina de las Farc en el corregimiento de Zarabela, zona rural del municipio de San José de la Fragua (Caquetá). En medio de la denominada operación ‘Normandía’, los militares adscritos al Batallón de Infantería No. 12 Juananbú se toparon con dos campesinos a los que obligaron a que los llevaran al lugar donde funcionaba la emisora utilizada para emitir propaganda subversiva.
Mientras esto ocurría, guerrilleros del frente 49 de las Farc llegaron a la vereda para retener a una mujer identificada como Dora Inés Meneses y a sus dos hijos de nueve meses y cuatro años de edad. Acto seguido, los trasladaron a la zona donde se encontraban los militares. En el camino se encontraron a una mujer y a un hombre para que los acompañaran al punto exacto en el que funcionaba la antena de comunicación.
En el lugar donde operaba la emisora ilegal, y mientras las mujeres movían los equipos transmisores, los miembros del Ejército Nacional irrumpieron y le dispararon a todos los que estaban allí, ocasionando la muerte inmediata de las mujeres y el menor de nueve meses de edad. Mientras que el niño de cuatro años resultó gravemente herido.
Uno de los hombres, al ver que su mujer había caído en esa ráfaga de disparos le reclamó a los militares por su actuar. Sin embargo, la respuesta de los uniformados fue golpearlo, torturarlo y asesinarlo junto al otro hombre que estaba en el lugar. Posteriormente, se levantó el informe oficial sobre el abatimiento de guerrilleros que estaban resguardando la emisora, omitiendo por completo el hecho que el bebé había sido enterrado como un N.N.
El menor de cuatro años fue trasladado hasta un hospital donde los médicos pudieron salvarle la vida. Posteriormente, se realizó todo el trámite ante el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) para que su custodia pasara a sus abuelos maternos. Durante su niñez, tuvo que escuchar que sus padres eran guerrilleros de las Farc que habían sido enterrados en un cementerio de Florencia en una fosa común puesto que no habían sido identificados plenamente.
Sin embargo, con los años se fue conociendo poco a poco lo que realmente había ocurrido ante los medios de comunicación. Debido al tufo de impunidad que tenía el caso, los familiares decidieron presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emitiera un pronunciamiento de fondo.
La condena fue emitida después que el Estado colombiano reconociera ante el organismo internacional su responsabilidad en esta violación directa a los derechos humanos y la omisión para investigar los hechos e identificar a los responsables de esta ejecución extrajudicial. En este caso, se fijó el compromiso de un auxilio económico por estudio en una Institución de Educación Superior en Colombia y un auxilio de sostenimiento semestral.
“El beneficiario deberá realizar los trámites pertinentes para ser admitido, asegurando un adecuado rendimiento académico. Si el beneficiario pierde la calidad de estudiante por razones disciplinarias o bajo rendimiento académico, la medida se entenderá cumplida por parte del Estado Colombiano”, precisa la decisión que, además, deberá ser publicada en la página oficial del Ejército Nacional.
Por estos lamentables hechos ya se ordenó la instalación de una placa en Batallón Juanambú de Florencia con la leyenda ‘Menores Víctimas por Falsos Positivos’, esto como una medida de reparación y no repetición.