El cuerpo de Carlos Eduardo Jaramillo Beltrán se desplomó en la mitad de la sala de su casa. Eran las 4:30 p. m. del sábado 10 de noviembre cuando un desconocido lo llamó a la puerta y le descargó el proveedor de su pistola. Dentro de la vivienda estaban sus padres, tres hermanos y dos hijos que apenas caminan. Todos vieron la muerte de Carlos. Él era un simple conductor que hacía domicilios en la ferretería donde trabajaba. Tenía 23 años vividos en el barrio La Libertad de Buenaventura, donde sus padres lo criaron con las ganancias de una pequeña tienda. Pero allí lo balearon y su familia hoy huye despavorida de la violencia que tocó a la puerta de su casa. "Somos víctimas una guerra en la que nada tenemos que ver", dijo doña Carmen Beltrán, madre de Carlos. En total son 1.287 familias que desde octubre pasado salieron de sus hogares masivamente por temor a quedar en medio de una guerra que sacudió a la ciudad. Otros en cambio fueron desterrados por la fuerza, tal como lo revelan las 50 denuncias que reposan en la Personería del municipio y según datos oficiales, en menos de dos meses (octubre – noviembre), la ciudad suma 57 homicidios, (más de la mitad de los muertos de este año), tres descuartizados y hasta el propio Defensor del Pueblo, Jorge Otálora, pidió declarar la Emergencia Humanitaria. ¿Qué está pasando? La explicación a esa ola de violencia es una réplica de lo que sucede en otras ciudades del país: la guerra territorial entre Rastrojos y Urabeños. El botín de guerra es el mismo, control de rutas para el tráfico de coca, narcomenudeo, micro extorsión y en el caso de Buenaventura, las 'regalías' de la minería ilegal. Aunque por Buenaventura se mueve el 50 por ciento de las exportaciones del país, la ciudad parece condenada a repetir su trágica historia marcada por coca, oro, guerrilla, paramilitares y masacres. Así es el puerto, una ciudad llena de contrastes; con excesiva riqueza, pero una pobreza extrema. Todd Howland, representante de la ONU en Colombia, en su reciente visita al puerto, catalogó de vergonzoso el panorama y la comparó con Áfríca. En ese ambiente se cultivan todas las formas de violencia. Primero fueron los paramilitares del Bloque Calima que llegaron en el 2000 con sus motosierras. Luego, tras la desmovilización, varios reductos se reagruparon en 2006 y empezó una nueva guerra contra el frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC, por el control territorial; desde entonces se habló de los cementerios clandestinos en los manglares. Para 2008 llegaron los Rastrojos y su régimen de terror; y ahora en 2012 la violencia se repite por cuenta de Los Urabeños, quienes desean tomarse la zona a sangre y fuego. Esta última ola de violencia empezó el 6 de octubre cuando se dio por finalizado el pacto de no agresión entre Rastrojos y Urabeños con el asesinato de alias ´Ramiro´, considerado uno de los jefes de la temida banda criminal conocida como 'La Empresa'. 'La Empresa' es una tenebrosa 'oficina de cobro' conformada por al menos 150 células urbanas y liderada localmente por un hombre al que la policía identifica con el alias de 'El Mono'. Vendían sus servicios delictivos a Los Rastrojos y en especial al grupo de los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna. Pero tras la entrega y captura de los jefes de esa organización, ahora el nuevo 'patrón' regional tras las sombras, es un ex guerrillero al que conocen con el alias de 'César'. Otros integrantes de bajo perfil de La Empresa decidieron aliarse con Los Urabeños, que en el puerto es liderada por alias 'Pony'; se cree que él es el responsable del arsenal incautado recientemente por las autoridades, los asesinatos selectivos y los cuerpos descuartizados cuyas partes fueron dispersas por toda la bahía. 'Pony' sería un enlace local de los verdaderos jefes de los Urabeños, que en el Valle son liderados por el 'Negro Orlando' y alias 'Chicho', este último familiar del desaparecido capo Iván Urdinola Grajales. Las primeras señales de venganza entre ambas organizaciones aparecieron el martes 23 de octubre. En el barrio Viento Libre hallaron sin vida y con señales de tortura a Jailer Sinisterra Caicedo, de 28 años de edad. Tres días después, aparecieron en el muelle turístico las extremidades cercenadas de un hombre; pero sólo al día siguiente las autoridades encontraron el tronco y la cabeza. La víctima fue identificada como José Fernando Hurtado Castro, otro joven de apenas 23 años. El lunes 29 de octubre en el barrio Lleras encontraron otro cadáver desmembrado. Desde entonces, casi la mitad de los 165 barrios de Buenaventura están sumidos en un régimen de terror marcado por fronteras invisibles, toques de queda ilegales y balaceras entre combos que muchas veces ocurren a plena luz del día. La primer balacera ocurrió a comienzos de octubre en el barrio Carmelita, y según sus pobladores empezó a las 4:00 p. m. y terminó a la 1:00 a. m., "en las noches solo deambulan los muchachos que patrullan las calles", dijo una religiosa que pidió omitir su nombre y recordó que está nueva guerra es más cruel no solo por la sevicia, sino porque están reclutando niños. Habitantes de otros barrios golpeados por las bandas, explicaron que muchas veces lucir una camiseta con un color determinado, "es señal de pertenecer a cierto grupo". Además, denunciaron que son víctimas de extorsiones absurdas, "que van desde 10.000 pesos por un puesto de pescado o 100.000 pesos por una casa construída en material y ni hablar de los que tienen negocio propio. El que no paga, se muere", recordó la fuente. El coronel Óscar Gómez, comandante de la policía local, explicó que la llegada de Los Urabeños se facilitó por el apoyo que recibieron de narcotraficantes y la minería ilegal de oro, "creemos que lo hicieron porque estaban cansados de las extorsiones de Los Rastrojos", dijo a SEMANA tras aclarar que el 80 por ciento de los homicidios recientes, están relacionados con el conflicto. En las últimas semanas han caído decenas de presuntos miembros de ambas bandas criminales, pero la cabeza de esa culebra criminal sigue intacta. El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, anunció desde el 12 de noviembre que reforzará la policía local con 200 nuevos patrulleros, que se sumaran a los 800 que ya existen. Sin embargo, está claro que el problema de fondo en esa ciudad no se reduce a un asunto de fuerza pública y requiere acciones más audaces que permitan ponerle fin a una 'empresa criminal' que se apoderó de Buenaventura.