“La Empresa Metro de Bogotá no ha realizado durante el actual gobierno de Bogotá ningún proceso contractual relacionado con la construcción de la Primera Línea del Metro. Toda compra la hace directamente el concesionario MetroLínea1. La Empresa Metro no interviene en ninguna compra o adquisición”, con este argumento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó y busca desmarcarse del escándalo que se ha generado luego de que se conociera la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, para que sean investigados eventuales hechos de corrupción en la megaobra del metro de la capital.
El asunto, que ya es un escándalo, tiene origen en unas interceptaciones, legalmente obtenidas, en las que hablan de la supuesta entrega de 6.000 millones de pesos, por parte de un ciudadano chino, llamado William o Dong, quien supuestamente habría dado ese dinero a la campaña al congreso del Partido Verde, en especial para Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa, quien en el momento en el que fueron tomados los audios estaba buscando dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado.
La alcaldesa Claudia López hace énfasis en el comunicado que esta obra no fue adjudicada en su gobierno, sino que fue entregada en el de su antecesor, Enrique Peñalosa, y asegura que ha tenido una gran vigilancia y auditoría.
“El contrato de concesión n.° 163 para la construcción, operación y mantenimiento de la primera línea del Metro fue adjudicado del 16 de octubre de 2019 y se firmó el 27 de noviembre de 2019 durante la administración del Alcalde Enrique Peñalosa. Dicho proceso contractual, resultado de una licitación pública internacional, ha sido ampliamente supervisado y verificado por instancias de control nacional y de transparencia de la banca multilateral”, advierte en un comunicado enviado lego de conocer la investigación publicada por SEMANA.
La compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia se da basada en una serie de audios con comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, que obligaron a las autoridades a abrir un expediente, hasta hoy secreto, sobre posible corrupción en la construcción del metro de Bogotá. Las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso.
En ellas, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. De esta cifra, unos 6.000 millones irían “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Los reveladores documentos, conocidos en exclusiva por SEMANA, contienen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.
Es por eso que el tema llega a la Corte Suprema de Justicia, pues Lozano, en su condición de congresista, tiene un fuero especial y debe ser investigada y procesada por el alto tribunal. En el caso de la alcaldesa López, tendría que ser indagada por un fiscal delegado.
En el comunicado, la alcaldesa la emprende contra SEMANA, pese a que la información publicada forma parte de un expediente real, las interceptaciones fueron legalmente tomadas, y todo lo publicado forma parte de una investigación que realizó la Fiscalía y que encontró méritos suficientes para pedirle a la Corte Suprema que asuma la investigación.
“El proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá y la defensa de la Alcaldesa al metro de los bogotanos ha sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. Reproducir en portada sin ninguna verificación de información, contrastación de fuentes, o soporte de veracidad una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019, solo pretende difamar y sembrar un manto de duda sobre la alcaldesa Claudia López, su partido el Verde, y el Metro de Bogotá”, advierte el comunicado publicado por López.
Vale la pena aclarar que el artículo publicado por SEMANA no hace ninguna referencia a la adjudicación de la licitación del metro de Bogotá que, es claro, fue realizada en el pasado gobierno.
La alcaldesa, además de referirse a ese punto, plantea que la única actuación de su gobierno frente al metro ha sido “en relación con el contrato de concesión adjudicado en 2019, ha sido hacer seguimiento y verificar su cumplimiento. En ejercicio de esa labor, esta alcaldía le impuso el 9 de junio del presente año una multa por $ 1.885 millones de pesos al concesionario Metrolíneal por el incumplimiento en la entrega de la ingeniería de detalle del proyecto. Fruto de ese riguroso control, el concesionario se ha puesto al día y la obra avanza bien y registra un 25 % de ejecución”, dice el comunicado.