La última declaración del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generará, sin lugar a dudas, un nuevo terremoto político. Tras dos días de audiencia reservada Otoniel reveló detalles sobre la alianza criminal que se conformó a finales de la década de los noventa y el nuevo milenio con oficiales del Ejército, dirigentes políticos y empresarios en el Urabá antioqueño.

Haciendo parte del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –que delinquía en esa región del país- Otoniel fue testigo de las alianzas que se generaron para extender el proyecto político de los paramilitares y aumentar los ataques en contra de los grupos guerrilleros.

En la audiencia reservada que se adelantó el pasado miércoles, el exjefe de la banda criminal le entregó una lista a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Verdad en la que se encontraban los nombres completos de varios exalcaldes y exgobernadores de Antioquia, Casanare, Meta y Guaviare que habrían apoyado a los paramilitares y se habrían concertado con esta estructura armada ilegal.

Según la declaración de Otoniel, muchos de los dirigentes políticos y empresarios se reunían constantemente con los integrantes de la Casa Castaño con el fin de hablar de la financiación de las estructuras y su expansión por ese territorio. Igualmente, se pactaron varios compromisos.

Entre estos se encontraba la entrega de la contratación estatal y un porcentaje del 5% de todos los contratos que se adjudicaban en las Gobernaciones y Alcaldías que hacían parte del pacto. Estos hechos se habrían presentado entre el año de 1999 y 2004. Todo esto debía ser coordinado por los delegados de Carlos Castaño y los comandantes paramilitares de los Bloques que delinquían en la región del Urabá.

Con esta información, se pudo establecer, la JEP compulsará copias ante los diferentes organismos con el fin que se adelanten las investigaciones para establecer la veracidad de lo dicho por Otoniel.

Vínculos con militares

Esta declaración se suma a la que entregó el excomandante del Clan del Golfo sobre la relación directa de varios oficiales del Ejército Nacional. Paramilitares y militares habrían creado una estrategia de apoyo mutuo para no atacarse en la zona y presentar resultados operacionales.

El pasado martes vinculó a varios oficiales del Ejército Nacional de tener participación y conocimiento en la masacre de Mapiripán (Meta) –registrada el 15 de julio de 1997– y la cual fue ejecutada por grupos paramilitares.

Otoniel también citó el nombre del general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional. En su declaración aseguró que el oficial tenía conocimiento sobre la práctica conocida como ‘los falsos positivos’ en el departamento del Meta.

El entonces general habría dado apoyo para que civiles ajenos al conflicto fueran presentados como guerrilleros abatidos en combate. De esta forma, se querían mostrar resultados operaciones en la lucha contra la subversión y la delincuencia.

Los comandantes paramilitares en dicha región del país –indicó la fuente citando lo dicho por Otoniel– encontraron un aliado en el general Barrero en el marco de la lucha territorial que se tenían con grupos subversivos y de delincuencia común en dicho departamento. El oficial, incluso, habría recibido un pago cercano a los 500 millones de pesos por su colaboración. Los paramilitares, además, habrían colaborado en operativos militares.

En su extensa declaración, Otoniel señaló además al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Orlando Rivas, de tener vínculos con el Bloque Centauros de las AUC. Igualmente, mencionó a cerca de seis agentes de dicho organismo, quienes incluso los trasladaban en las camionetas oficiales.

El excomandante del Clan del Golfo señaló que un paramilitar conocido con el alias de ‘El Llanero’ manejaba toda la contratación con la gobernación de Casanare.

Frente al tema central de la audiencia, Otoniel no dio nombres ni datos relevantes sobre las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento. Esto pese a que en una carta enviada a la JEP había señalado tener información sobre la forma en cómo se adelantaron los denominados falsos positivos entre 2008 y 2010 y la relación de varios generales del Ejército.