Mi niño, Esteban*, tenía 11 meses. Estaba en un programa del ICBF de las uniones comunitarias de atención y me lo sacaron con la excusa de que estaba enfermo porque tuvo una infección. Murió días después en la Clínica Renacer, en Riohacha”, entre lágrimas e impotencia, Tobías, un miembro de la comunidad wayú en La Guajira, cuenta la peor de las tragedias, una vergüenza que se repite por cientos en Colombia: niños muriendo de hambre y sed, mientras la autoproclama de que seremos “la potencia mundial de la vida” parece una utopía. Tobías forma parte de la comunidad Jirrawaikat.
A kilómetros de ese resguardo, en Uribia, el presidente Gustavo Petro lanzó hace pocos días una cruda y explosiva frase: “El hecho que aquí se mencionó que 20 niños han muerto por desnutrición durante este Gobierno es la demostración de un rotundo fracaso (...) si se van a repetir las mismas cosas, vamos camino al abismo”.
La vergüenza que significa que los niños mueran de hambre no es nueva, es paisaje en La Guajira, pasan y pasan los gobiernos y no han sido capaces de solucionar el desabastecimiento de agua, cada obra se la roban, pero en esta ocasión los reflectores apuntan a la funcionaria responsable de la infancia, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, de quien dicen no tiene el perfil para el cargo, no se han visto cambios con su gestión y no da la cara. Ni el partido de Gobierno la respalda.
Las cifras son crudas, se cuentan por cientos los niños que no pudieron escapar de una muerte inexplicable. Más de 253 asociadas a desnutrición, 540 por infección respiratoria aguda y más de 103 por enfermedad diarreica, según la Alianza por la Niñez. En promedio, hay 21 niños muriendo al mes por desnutrición.
La comunidad en la que vive Tobías construyó un pozo artesanal, pero el agua, un servicio básico, no es apta para el consumo humano. Esa es la principal dificultad que tienen los miembros de la comunidad wayú para acceder a una alimentación digna.
“Mire, mi hijo murió porque el único alimento que recibía era una crema de arroz. Yo vendo mochilas, artesanías, y para ganarme 10.000 pesos tengo que vender como diez. Esa crema de arroz, el pote, se consigue en las tiendas, vale 15.000 pesos, y dura una semana. La plata no alcanza para más”, es el testimonio que parece una sentencia, en La Guajira ser menor de edad y pobre, se llega a traducir en una condena a muerte.
Así lo explica la líder Betsy Epinayu, quien a título de denuncia señala que la “dieta” de los niños es “una chicha o mazamorra de maíz preparada con agua no potable. El dinero no alcanza ni para comprar leche”.
Betsy sufrió y acompañó el caso de Julio*, un niño de 3 años que murió en Tamalameque. Al momento de su muerte estaba delgado, pálido, apenas se podía sostener. Según esta líder indígena, otro problema, arraigado en las creencias de los wayú, es la resistencia a ir a los centros de salud, prefieren tratar la desnutrición con remedios caseros considerados sagrados o plantas medicinales: “La familia me hizo saber lo que había pasado cuando ya era tarde, no recibió atención”.
“El niño tenía episodios de diarrea a diario, vino la deshidratación, se puso pálido, cuando les dije que fueran al médico respondieron que no, que es mejor que muera en la ranchería. Y así fue”, contó.
La pobreza, que en algunas zonas de La Guajira se puede llamar miseria, hace que los casos se repitan, uno tras otro, como el de Luis*, de solo 5 años.
Él murió en Jasaitu, municipio de Uribia.Su familia vive al lado del río Ranchería, cerca a Manaure, donde ni siquiera hay vías de acceso. Su mamá no podía ir a controles médicos, el problema no era la distancia, sino poder atravesar el crecido río con las intensas lluvias que enfrenta el país. El hambre, la sed, el vómito y la diarrea fueron letales, terminó sepultado por los usos y costumbres de su comunidad sin tener la oportunidad de atención.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en lo que va corrido de 2022, solamente en La Guajira han muerto 76 menores de 5 años por enfermedades asociadas con la desnutrición.
En diálogo con SEMANA, Juan Carlos Freyle, quien preside el Colegio Médico de La Guajira, cuenta que cuando el presidente Petro llegó al Gobierno, recibió una llamada en la que le pedían ayuda y asesoría para enfrentar esta tragedia. Asegura que el problema radica en que los esfuerzos se han concentrado en solucionar el tema de acceso al agua potable, pero no se ha puesto suficiente atención a la prevención del hambre, como lo pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“No basta con elaborar minutas o un menú desde Bogotá, debe haber conocimiento del territorio, de las costumbres, para que la dieta sea acorde a lo que allí se consume y se consigue”, explicó.
Así lo ratifica José Silva, líder indígena de la región, quien preside la organización Nación Wayúu y cuenta que la falta de oportunidades es un asunto de décadas, viven en la tierra del olvido, son, a su juicio, unos parias solitarios.
“El ICBF maneja miles de millones de pesos anuales, que se giran para atención de la primera infancia y aquí se pierden. No llegan. La gobernación nos tiene en un estado de abandono, no miran el tema de la desnutrición, el balón se lo tiran al ICBF, el ICBF nos manda a hablar con la gobernación. Nadie responde y los niños muriéndose”, reprocha Silva.
SEMANA obtuvo un informe realizado por la Procuraduría que retrata el crudo panorama. En La Guajira hay una ausencia absoluta, como si fuera tierra de nadie, “en la articulación de estrategias para contribuir a garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud”.
De otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado de atención reciente al Gobierno de Colombia ante el número de niños fallecidos en La Guajira por desnutrición. El organismo internacional advirtió que “las políticas implementadas han sido deficientes en la lucha contra el hambre”.
“En un país con abundancia de fuentes hídricas y con un sector agrario con el nivel de producción con el que cuenta Colombia, es un error del Estado que casos como estos se sigan presentando”, argumentó la FAO.
SEMANA buscó una entrevista con la directora del ICBF, Concha Baracaldo, pero fue imposible contactarla o que diera respuesta. Su equipo de prensa accedió a responder preguntas enviadas, que ni siquiera contestó en su totalidad. Dijo, sobre la cruda realidad de la infancia en La Guajira, sin compromisos claros y planteamientos puntuales, que “es una cifra preocupante y nos obliga a trabajar con mayor ahínco por la niñez. Desde que llegué al ICBF, hace tres meses, concentré parte de mis esfuerzos en generar acciones, en el marco de la política Hambre Cero, que permitan atender este desafío histórico de prevenir la desnutrición y evitar la mortalidad por desnutrición”.
A la pregunta sobre las medidas que han tomado, reveló que desde el ICBF se viene avanzando en un plan de choque, viajará al departamento “donde anunciarán acciones de implementación inmediata como la entrega de unidades de Bienestarina líquida, ampliación de cupos en la modalidad 1.000 Días para Cambiar el Mundo, inclusión de agua potable en la canasta de alimentos, entre otras”.
Una de las preguntas que no respondió, pese a que SEMANA se la comunicó, era sobre el fracaso que planteó el presidente Petro y si es responsabilidad del ICBF. ¿El fracaso es suyo como directora, señora Baracaldo? (*) Nombres cambiados por respeto a la memoria de los menores.