A Luis Fernando Andrade lo acusan de 12 delitos en dos procesos penales. Van desde celebración de contratos sin requisitos legales hasta destrucción de material probatorio. Si lo condenaran por todos esos cargos, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pasaría el resto de sus días en la cárcel.
La historia de Andrade es ya bien conocida. Ahora la Justicia deberá definir si este exfuncionario conocía y acolitó la corrupción en la megaobra Ruta del Sol 2, que acabó convertida en un escándalo por los sobornos de Odebrecht. La adición de la vía Ocaña-Gamarra, una obra adjudicada sin licitación al consorcio liderado por esa multinacional brasileña, motivó el primer proceso, que está llegando a etapa de juicio. El resto de los cargos fueron apareciendo por la dinámica del escándalo, que se convirtió en una obsesión nacional.
Paradójicamente, Luis Fernando Andrade consideraba la Ruta del Sol 2 y la adición el mayor éxito en su larga y exitosa carrera profesional. Reconoce que él tomó las decisiones estratégicas, pero que todas las instancias del Gobierno aprobaron las mismas de manera reglamentaria.
Antes de dirigir la ANI, Andrade había sido presidente en Colombia de McKinsey, la meca de las firmas de consultoría en el mundo. A esa posición solo llega alguien experto en costos, eficiencia y resultados. Y criterio le aplicó él al gran desafío de interconectar los puertos marítimos con el resto del país. Inexplicablemente, hace apenas diez años esa integración crucial para las exportaciones no existía. Había tan solo vías menores ajenas a los requisitos del mundo globalizado. Eso llevó al ingeniero y tecnócrata a considerar indispensable la adición Ocaña-Gamarra que, efectivamente, conectó la troncal con los puertos.
El asunto de no haber licitado la adición tiene algo de parecido con el caso de Andrés Felipe Arias y la manera como seleccionaron a los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro. El exministro de Agricultura de Álvaro Uribe utilizó al IICA como intermediario para otorgar esos subsidios con base en que varios de sus antecesores en el cargo habían hecho lo mismo. Andrade, por su parte, piensa demostrar en el juicio que se avecina que otros Gobiernos han adjudicado sin licitación muchas adiciones a vías troncales. En los dos casos se trata de prácticas aceptadas en el pasado, que técnicamente podrían ser interpretadas como delito.
La decisión al respecto está en manos de la Justicia. Sin embargo, no tiene mucho sentido el desarrollo que la Fiscalía le dio a ese caso esta semana. En la audiencia de inicio del juicio oral, el ente acusador aseguró que Andrade tenía dos móviles para haber realizado esa megaobra de ese modo. El primero, que aspiraba a ser ministro de Transporte y consideraba que un proyecto espectacular como la Ruta del Sol y la adición lo ayudaría a obtener ese cargo. El segundo, que aceleró la adición Ocaña-Gamarra porque era necesario conseguir la plata de Odebrecht para financiar la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.
Los dos móviles que ve la Fiscalía son bastante exóticos. Para comenzar, querer ser ministro es un derecho de todos los colombianos y no tiene nada de malo. Es probable que Andrade sea uno de los pocos que no tuvo esa ambición. Tiene perfil de tecnócrata con vocación de servicio público ajeno al mundo de la política, en el cual definitivamente no sabe navegar. En todo caso, es bastante subjetivo de la Fiscalía meterse en su mente y pretender adivinar sus ambiciones en algo que puede ser cierto o falso, pero no ilegal.
El otro móvil es aún más absurdo. Presenta la adición de la vía Ocaña-Gamarra, que fue objeto de estudios del Invías, el ministerio de Transporte, el Fondo de Adaptación, el Conpes y el Consejo de Ministros, como una improvisación para dirigir los sobornos de Odebrecht a la campaña Santos. Eso implicaría un concierto para delinquir en el cual estaría metido todo el Gobierno. Andrade argumenta que decidió no hacer una licitación estrictamente por criterios de costo-beneficio. Y que lo hizo no solo con el fin de hacer ahorros para el erario, sino para acelerar la terminación de la obra, pues el concesionario ya tenía desplegada la operación en la zona. Agrega que, en ese momento, Odebrecht era una de las multinacionales más prestigiosas del mundo y no el pulpo corruptor que resultó después. Ese criterio matemático se ajusta más al talante del exdirector de la ANI que el de tentáculo de la constructora brasileña que ve la Fiscalía.
El ente acusador planteó los anteriores argumentos por primera vez esta semana, ya que en ninguna de las etapas anteriores del proceso los había mencionado. La única explicación para estas sorpresivas tesis podría ser que como ha quedado claro que de los protagonistas de este escándalo solo Andrade no recibió un solo peso, tocaba descartar el móvil económico. En esas circunstancias, sostener el caso requería inventarle dudosos motivos políticos como su supuesta ambición de ser ministro o la necesidad de conseguir plata ilegal para la reelección de Santos. Eso tendrá que probarlo. n