La última cifra oficial de Migración Colombia afirmaba que hasta el pasado 2 de marzo 567 militares y policías venezolanos habían desertado. Esa cantidad de uniformados comenzó como un gota a gota desde el 23 de febrero y desde entonces no ha pasado un solo día sin que algún integrante de la fuerza pública cruce la frontera hacia Colombia en busca de refugio. Le recomendamos: Inquietudes por la llegada a Colombia de los desertores de Maduro Si bien el número puede parecer poco importante, frente a los 230.000 militares que tiene Venezuela, sí es un indicador real de la crítica situación que viven todos los sectores de ese país, incluido el castrense. Aunque inicialmente el régimen venezolano subestimó el fenómeno, con el paso de los días y el aumento de las cifras han empezado a conocerse manifestaciones al respecto. El fin de semana pasado el dirigente chavista Freddy Bernal anunció desde sus cuentas en redes sociales que los más de 500 militares hacen parte de un supuesto plan para realizar una incursión en Venezuela, apoyada por Estados Unidos. “Denuncio y alerto al país, que el narcogobierno de Iván Duque con la excusa del ‘estatus de refugiado’ que otorgó a los mercenarios y traidores que huyeron el pasado 23F, usa a la Acnur en Cúcuta para cubrir logística de alojamiento”, afirmó Bernal. Este hombre fue designado por Nicolás Maduro como máxima autoridad en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia. Según su teoría el grupo de desertores “pretenden en los próximos días efectuar incursiones violentas contra Venezuela con armamento comprado por Estados Unidos en Europa del este”. Le puede interesar: Venezuela: a balazos intentan detener las deserciones Para Bernal y otros dirigentes, los militares pasaron de ser desertores y/o traidores a mercenarios. No menos polémico resultó también el señalamiento que hizo a Naciones Unidas al sugerir que Acnur, la agencia que ayuda a los refugiados, estaría siendo utilizada para la supuesta intervención por parte de los militares disidentes, razón por la cual pidió “hacer una revisión inmediata del uso que el narcogobierno de Colombia hace de esta noble agencia y del estatus de ‘refugiados’ para estos mercenarios alojados en Cúcuta”.