Cuando se anunció que Laureano Martínez, el mayordomo de la llamada narcofinca, se presentaría como testigo para develar lo que realmente ocurrió en el predio de la familia del exembajador Fernando Sanclemente, se anticipó una matriz de colaboración que conoció SEMANA.

Se trataba de un documento que sería al mismo tiempo el derrotero del proceso de negociación de este testigo y que demostraría cómo Sanclemente tenía conocimiento de lo que ocurría en la finca donde la Policía y la Fiscalía encontraron tres laboratorios para el procesamiento de droga.

Sin embargo, en esa matriz de colaboración se anticiparon algunas pruebas que relacionaban a una organización dedicada al narcotráfico y que sería la encargada de la construcción y producción de la droga, pero poco se mostró de la relación que tendría el exdiplomático con esa red criminal.

La matriz de colaboración pretendía ser un documento esencial para firmar un principio de oportunidad con el mayordomo Martínez y la forma más idónea de completar un proceso de negociación que como contraparte le representará algún beneficio judicial al ahora testigo. El documento era contundente.

La producción y el tráfico de drogas arrancaban, de acuerdo con el documento, en los departamentos de Putumayo y Cauca. Llegaba como pasta básica de coca a la finca en Guasca y de ahí salía, procesada, en furgones de alimentos. “También la transportaba en el carro que encontraron el día del allanamiento en la finca, y en una Toyota cara de sapo, color blanca, que manejaba un hombre, acompañado de un extranjero”, se lee en la matriz de colaboración.

Ese documento hace un relato cronológico de la llegada del mayordomo a la finca, las funciones que cumplía en el predio, las reuniones para concretar el arriendo de los lotes, el valor, las personas que participaron, las fechas exactas de inicio de la producción de cocaína y hasta la ubicación de otros laboratorios en Cundinamarca.

El documento dibuja la finca del exembajador como una fachada que habría refugiado los laboratorios de cocaína, con la apariencia de un predio dedicado a los cultivos de papa, la ganadería y el adiestramiento de caballos. Además de “mantener pesebreras, prados, jardines y huertas... llevar las cuentas de la finca, recibir los arriendos y las compras”, según la matriz.

Advierte que fue él quien le comentó al exembajador la posibilidad de “arrendar el lote en el cual hicieron el laboratorio y se autorizó para hacerlo. Nunca se hizo a espaldas del señor Fernando Sanclemente”.

Si la información que ya tiene en su poder la Fiscalía es cierta, el exdiplomático Sanclemente estaría en problemas. El mayordomo asegura tener pruebas y testimonios que se pueden corroborar. Tiene clara la manera de verificar cada elemento entregado en la matriz de colaboración, con el fin de que pueda convertirse en prueba en el proceso penal.

Las negociaciones para acordar el arriendo de los lotes que se convirtieron en laboratorios para el procesamiento de cocaína, según el escrito, iniciaron el 18 de agosto de 2019, cuando el mayordomo se reunió con las personas, cuya identidad SEMANA se reserva para no afectar la investigación. El 4 de septiembre volvieron a reunirse para acordar el valor del arriendo por 4 millones de pesos mensuales, y seis días después ya estaban construyendo la ‘cocina’.

El 22 de septiembre de 2019 se hicieron las primeras pruebas del laboratorio: “Hicieron 10 kilos… Después, en octubre, hicieron 28 kilos”, se señala en la matriz de colaboración. Con el laboratorio montado y funcionando, la producción de cocaína creció. Cinco meses después de la primera reunión ya producía hasta 50 kilos de cocaína. “El 4 de enero, 52 kilos; 24 de enero, 55; y en febrero, 55 kilos”. En resumen, los laboratorios dejaban en promedio cerca de 100 kilos mensuales de dicha droga.

La red criminal

El documento es revelador. Tiene fechas, nombres y alias de quienes estarían comprometidos en la estructura criminal; la manera en que transportaban la pasta de coca, la llevaban a Cúcuta y de ahí a Venezuela. Y un dato que plantea el fondo de lo que sería este bien camuflado negocio del narcotráfico: no era el único laboratorio de la red en Cundinamarca. Serían por lo menos cinco complejos cocaleros que tendrían en común las personas y la producción de cocaína que fue incautada en el operativo que adelantó la Fiscalía en la narcofinca.

Lo que confirma el texto, que ya reposa como prueba en las investigaciones de la Dijín y la Fiscalía, es que varios narcos extraditados a Estados Unidos y deportados después de pagar condenas en cárceles federales se habrían unido para crear una nueva organización criminal dedicada a la producción y al tráfico de estupefacientes, lejos de las ya conocidas retaguardias de la producción de coca en zonas marginales del país. Los laboratorios de procesamiento de cocaína estaban ubicados cerca de Bogotá.

Los investigadores tienen los nombres y alias de quienes se habrían reorganizado para utilizar las rutas del narcotráfico que hace algunos años fueron las venas de un negocio criminal de millonarios recursos, y que estuvieron asociados a Daniel ‘el Loco’ Barrera. En su momento se le conoció como el cartel de Bogotá.

La indagación, que al inicio estuvo en manos de una fiscal especializada, fue priorizada y pasó al despacho del fiscal Daniel Hernández, que no solo pidió retirar el acuerdo con los mayordomos –que contemplaba una aceptación de cargos sin mayores detalles–, sino que citó a diligencia de interrogatorio al diplomático Sanclemente.

La denuncia del mayordomo

En la matriz va adjunto un relato firmado y con huella del mayordomo, que describe con su puño y letra cómo Fernando Sanclemente “sabía de los laboratorios ubicados en la finca”. Y no solo porque el exembajador era el propietario, sino porque sin su autorización “no se hacía nada”. Era, según la declaración, quien definía el arriendo de cada lote y “fue el que dio la orden”.

El testigo, que está por firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía, tiene conversaciones con el exembajador en las que se refería a los arriendos como “cultivos de papa”. Insiste en que “sin el consentimiento de él” (Sanclemente) no tomaba ninguna decisión.

Incluso se lee en la declaración que Sanclemente estuvo en varias oportunidades en la finca y revisaba personalmente los arriendos de los lotes donde estaban los laboratorios, y otros que, de acuerdo con el mayordomo, también estaban en arriendo. “Cuando él vino ahí, en todo caso se arrendaba bajo el conocimiento de él”.

En su testimonio advierte que el exembajador sabía de un archivo con información, contabilidad e imágenes de las personas que llegaban a los laboratorios y otros lotes de la finca. “Tenía fotos y archivos. Él me quemó el computador donde tenía la contabilidad y demás cosas”. La quema denunciada por el mayordomo motivó la apertura de una nueva línea de investigación para establecer la veracidad de ese relato y qué clase de información se habría perdido.

Para dar credibilidad a su versión, el testigo cierra su escrito anticipando que entregará a la Fiscalía “un celular donde hay evidencias de todo lo relacionado con la finca”. Se trataría de las conversaciones por chat que sostuvo con su jefe, en las que aclaran las condiciones de los arriendos y los pagos que deberían hacerse.

El fiscal acudió ante un juez para indicar que se cometieron algunos “errores” en el desarrollo del preacuerdo, y por eso era necesario replantear la negociación. En otras palabras, quienes pensaban asumir su responsabilidad decidieron contar toda su versión, revelar quiénes estarían detrás de esos laboratorios y la manera en que se movía esa actividad ilegal en la narcofinca.

En repetidas oportunidades, Sanclemente rechazó cualquier vinculación con la red de narcotráfico que indaga la Fiscalía. Reconoció que la finca es una propiedad que ha pertenecido a su familia por más de 40 años, administrada bajo la razón social de Colinas de Guasca Ltda., y que nunca tuvo conocimiento de lo que ocurría en los lotes que fueron objeto de extinción de dominio por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía.

Las cinco personas condenadas a ocho años de cárcel fueron identificadas como John Jairo Morales, Jhefer Iván Castillo, Cristian Aníbal Venegas, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Castillo. Todos aceptaron su responsabilidad a cambio de no entregar información. El asunto de fondo, según los documentos obtenidos en exclusiva por SEMANA, es que quienes lideraban la organización siguen en la calle y, al parecer, con más laboratorios funcionando.