Alias Otoniel será extraditado, tal como lo anunció el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano. Es más, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz ya empezó a adelantar el trámite que le permitirá a Dairo Antonio Úsuga pagar inicialmente su condena en una cárcel norteamericana.
Mientras esto ocurre, las posiciones de los políticos en el país frente a la suerte de Otoniel los tiene enfrentados. De un lado, quieren ver al jefe del Clan del Golfo en una cárcel gringa, mientras otros prefieren que pague primero sus penas en Colombia, entregue sus bienes y posteriormente termine en Estados Unidos.
El precandidato presidencial Juan Manuel Galán fue uno de los primeros que habló sobre el tema. Le pidió a Iván Duque que no extraditara a Otoniel. “Hoy le quiero pedir directamente al presidente que no extradite a alias ‘Otoniel’ hasta tanto este criminal no entregue sus bienes en Colombia y no entregue la información que tiene para que la Fiscalía y los operadores de justicia colombianos puedan avanzar en los procesos que tienen a su cargo para encontrar los nexos de políticos corruptos que se han lucrado con dineros y apoyos del narcotráfico para perpetuarse en el poder”, dijo Galán.
Lo contrario piensa el senador Rodrigo Lara, también del Nuevo Liberalismo. “Debe ser extraditado inmediatamente. El bandido Otoniel es la cabeza de la organización criminal más peligrosa del país… Paralelamente a su envío, el Gobierno debe tramitar mecanismos de cooperación judicial para que revele las verdades que ha de contarle a nuestra justicia”.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Mejía, del Centro Democrático, aseguró: “Los mismos personajes que se opusieron a la extradición del narcoterrorista Santrich, (quien después se voló a Venezuela), ahora se oponen a la extradición de Otoniel. Se va despejando la sociedad criminal protegida por el Cartel de los Soles”.
El senador Iván Cepeda, opositor al gobierno, aseguró que el ministro de Justicia Wilson Ruiz “está más interesado por la veloz extradición de Otoniel a Estados Unidos que garantizar los derechos de miles de víctimas del llamado Clan del Golfo. No le importan las víctimas, le importa la impunidad y el silencio del capo en Colombia”.
Para el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, “los políticos que históricamente han defendido, hecho alianzas o acuerdos secretos con terroristas están oponiéndose a la extradición de Otoniel. Además, defienden los cultivos de coca, se oponen a la fumigación aérea y celebran sus curules gratis en el Congreso”.
Posiciones hay de todas las vertientes política. La exalcaldesa de Bogotá Clara López le pidió al presidente Iván Duque que “no repita errores de su antecesor Álvaro Uribe. La extradición debe cumplir con los principios del Derecho Internacional. Primero se debe rendir cuentas en el país y cumplir las condenas. Alias Otoniel tiene seis condenas y cien órdenes de captura por crímenes”.
Es más, algunos de los líderes de la izquierda radical han sugerido que Otoniel se someta a la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tema que el propio exjefe negociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle, descartó. “La puerta no está abierta, la JEP no es un lavadero de narcos”.
Mientras la derecha y la izquierda se pronuncian sobre la extradición de Otoniel, el Gobierno avanza con Estados Unidos para que adelante la solicitud del capo, un trámite que deberá ser aprobado por la Corte Suprema y que podría darse en menos de dos meses.