La Fiscalía acusó al exgerente de distrito de la petrolera Perenco, Antenor Sarmiento Delgado; y del exsupervisor de tierras de la misma compañía, Ramiro Pinzón Suárez, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado, conducta punible que fue declarada de lesa humanidad. La defensa de los exdirectivos apeló y la misma Fiscalía confirmó.
La investigación de la fiscalía arrancó luego de una compulsa de copias que hicieron desde justicia transicional donde advertían como gerentes y directivos de diferentes empresas habían entregado dinero o financiado de alguna manera los grupos armados ilegales en diferentes territorios del país en este caso en Casanare.
“De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal del Grupo de Compulsas de la Dirección de Justicia Transicional, los exdirectivos habrían intervenido en reuniones y acuerdos, o servido de intermediarios con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare”, señaló la Fiscalía.
En criterio de los fiscales a cargo de la investigación los ex directivos sostuvieron reuniones y acuerdos con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y con las Autodefensas Campesinas del Casanare, para proveerlos de dinero, combustible, transporte y alimentos, a cambio de seguridad para los pozos petroleros.
“Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la resolución de acusación en contra del exgerente de distrito de la petrolera Perenco, Antenor Sarmiento Delgado; y del exsupervisor de tierras de la misma compañía, Ramiro Pinzón Suárez, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado, conducta punible que fue declarada de lesa humanidad”, advirtió el ente acusador.
Los elementos de prueba que fueron analizados por la fiscalía incluyeron declaraciones de desmovilizados que advertían como durante casi 10 años la compañía por orden de los entonces directivos entregó apoyos en dinero y especie a los grupos alzados en armas a cambio de una supuesta seguridad en los sitios de extracción del crudo.
“Al parecer, estos contactos ilícitos se mantuvieron entre 1996 y 2005, y tendrían como propósito convenir, garantizar y asegurar un aporte mensual de la compañía, de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían las estructuras armadas ilegales en los pozos de extracción de crudo”, señaló la Fiscalía.
Por la época en la que ocurrieron los hechos, la Fiscalía advirtió que la investigación continuará bajo la dinámica de la ley 600, el antiguo sistema penal acusatorio de Colombia, donde, después de la acusación y ante un juez, los fiscales solicitarán una condena en contra de los exdirectivos.