SEMANA: ¿Qué significa que la Fiscalía de la CPI archive la investigación preliminar para Colombia?
Kai Ambos (K. A.): El archivo de la Fiscalía de la CPI significa que a partir de este momento cesa cualquier investigación que llevara ese organismo con respeto a la situación o posibles crímenes internacionales cometidos en Colombia.
SEMANA: ¿Por qué la Fiscalía de la CPI tomó esa decisión?
K. A.: La Fiscalía basa su decisión en el principio de complementariedad del artículo 17 del Estatuto de Roma, alegando que Colombia ha mostrado y muestra, actualmente, suficiente voluntad y capacidad de investigar los crímenes respectivos. Toma en cuenta integralmente el sistema de justicia colombiano, o sea, la justicia ordinaria (en particular la actividad de la FGN) y la justicia transicional (Ley de Justicia y Paz y JEP).
SEMANA: Ese caso se había abierto por unos temas muy puntuales, incluidos los falsos positivos. ¿Cree usted que se pueda reabrir más adelante?
K. A.: Si, absolutamente. De hecho, la decisión de la Fiscalía no tiene ningún efecto de cosa juzgada. Esta u otras investigaciones siempre pueden ser reabiertas. Es importante en este contexto tomar en cuenta el acuerdo de cooperación que fue firmando entre la Fiscalía y el Gobierno de Colombia. Este es realmente el “precio” que paga el Gobierno para el archivo. Y es que este acuerdo contiene obligaciones muy específicas del Gobierno frente a los procesos nacionales, especialmente referentes a la JEP; por ejemplo, el Gobierno se compromete a garantizar su presupuesto y no intervenir en su funcionamiento. Además, se compromete a cooperar estrechamente con la Fiscalía de la CPI. Y, tal vez más importante, el acuerdo prevé explícitamente que la Fiscalía puede reconsiderar su decisión de archivo.
SEMANA: ¿Tienen las víctimas forma de pedirle a la CPI que no abandone el caso?
K. A.: No, esta decisión la toma el fiscal dentro de su autoridad. Sin embargo, las víctimas siempre pueden –esto no cambia, pues la CPI tiene competencia– presentar otras (nuevas) denuncias.
SEMANA: ¿Qué efectos tiene esta decisión frente a la Jurisdicción Especial para La Paz?
K. A.: Fortalece la JEP, pues el Gobierno se compromete en el acuerdo de cooperación, como he dicho antes, a apoyarla en todos los sentidos y de ninguna manera interferir en su trabajo. Es más, el Gobierno se compromete a garantizar la seguridad del personal de la JEP y de las personas que comparecen ante ella. De hecho, el acuerdo fortalece a la JEP, pues reafirma su importancia para la justicia (transicional) en Colombia y esto desde una perspectiva internacional. Como la misma JEP dice en su comunicado de prensa 118 del 28 de octubre, ahora también existe “un canal de comunicación directo y eficaz” que permite a la JEP informar a la Fiscalía de la CPI sobre cualquier incumplimiento por parte del Gobierno y solicitar “el ejercicio expedito de sus plenos poderes de persecución penal internacional”.
*Kai Ambos es catedrático de derecho penal, procesal penal, comparado y derecho (penal) internacional en la Universidad de Göttingen, Alemania, juez del Tribunal Especial para Kosovo en La Haya y ‘amicus curiae’ de la JEP. Aquí solamente expresa su opinión personal.