Hace apenas unos días una movilización de hackers informáticos realizó un ataque masivo contra las entidades que ellos mismos califican como “instituciones autoritarias”, la noticia se conoció en todo el mundo, pero lo que no se sabía es que uno de los objetivos era la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que, al parecer, fue víctima en este ataque y según uno los piratas informáticos de esta organización que se denomina “Guacamaya”, tuvieron acceso a más de cinco millones de correos de la entidad.
Al conocer esta información, desde la Fiscalía no negaron el ataque, es más, pareciera que no conocieran su magnitud y, sin conocer aún la dimensión de lo ocurrido, pusieron toda la responsabilidad sobre el contratista encargado de mantener la seguridad informática.
Por eso, a través de un comunicado, la Fiscalía dijo que “la entidad, a través de un contrato celebrado con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. B.I.C., tiene garantizada la seguridad de su infraestructura tecnológica y activos de información, obligaciones del contratista que están respaldadas con las respectivas pólizas de cumplimiento, calidad y responsabilidad civil extracontractual que se encuentran vigentes”.
La investigación
El asunto, aunque se resolvió en un escueto comunicado, de ser cierto, puede resultar de la mayor preocupación, pues resulta imposible determinar la gravedad e importancia de lo que contendrían esos cinco millones de correos.
“Fue abierta una investigación penal para esclarecer la presunta ocurrencia del evento de seguridad, disponiéndose la conformación de un equipo interdisciplinario encabezado por fiscales especializados en delitos informáticos e investigadores y peritos con amplia experiencia forense en la materia, el cual tendrá a su alcance los medios tecnológicos de última generación para realizar las verificaciones necesarias”, advierte el comunicado de la Fiscalía.
Hasta el momento, no hay nada claro, pues están buscando “esclarecer la ocurrencia del evento”. Lo que sí quedó claro es que de inmediato “se activaron los mecanismos de verificación y mitigación para evitar la materialización de cualquier riesgo”. El riesgo al que se refieren puede ser mayor, pues se trata de la posible filtración de información de la entidad investigativa más importante del país.
Por eso mismo, “se inició una actuación administrativa de debido proceso para establecer la responsabilidad del contratista en la presunta ocurrencia del evento de seguridad”.
¿La Fiscalía fue víctima de hackeo? Esa es la gran duda que existe hoy incluso dentro de la misma entidad. De ser así el contratista, según explicaron, tendrá que responder, pero si la información salió, el daño ya está hecho.