Con lágrimas y la voz entrecortada, Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, le hizo un nuevo llamado a la Fiscalía General para que no permita que el caso por la desaparición de la menor de dos años quede en la impunidad. En un video de dos minutos de duración, Xiomara –quien tenía a su cuidado a la menor de edad– reclamó por la falta de resultados en la investigación y los constantes aplazamientos en la audiencia de acusación en contra de Carolina Galván y Nilson Bladimir Díaz por la desaparición forzada.
La tía de la menor asegura que ni ella como víctima reconocida dentro del proceso penal ha sido informada correctamente de los avances del proceso penal y solamente ha recibido noticias por los medios de comunicación. Debido a esto, le hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa, con el fin que se ponga la mano en el corazón y tome las acciones que están a su mano para evitar que este caso quede en la más absoluta impunidad, y que la investigación dé frutos para conocer la verdad de lo que ocurrió con la niña.
“No tenemos nada, no tenemos a Sara Sofía, no tenemos pruebas, no tenemos un cuerpo”, aseguró Xiomara Galván, visiblemente molesta por el nuevo aplazamiento de la audiencia de este lunes. La mujer asegura que este caso lo dejó en manos de Dios, puesto que las autoridades se han destacado por su falta de compasión para resolver esta denuncia. “Tengo tanta rabia, estoy muy triste, ya se va a cumplir un año y la Fiscalía General no ha hecho absolutamente nada”.
En el video citó las palabras del fiscal general frente al hecho que en su administración no había crimen perfecto. “¡Qué se está esperando! Que el proceso se siga dilatando y que Nilson y Carolina queden libres como (…) ¿Qué necesita Sara Sofía para que exista una verdadera justicia?”.
Reseñó que después de este año tiene un agotamiento físico y mental mientras espera que se haga justicia, pero no. Ha preferido guardar silencio y esperar que las autoridades hagan su trabajo. “He guardado silencio porque quiero esperar que ustedes actúen de la mejor manera y no haya presión, para que todo se pueda resolver, pero ni lo uno ni lo otro, ni con presión ni sin presión han querido resolver. ¿Qué está pasando?”.
Este martes, por un error de conexión con la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra privado de la libertad Nilson Díaz, no fue posible realizar la audiencia en la cual la Fiscalía General iba a presentar el escrito de acusación por el delito de desaparición forzada agravada. Desde el centro de reclusión la Dirección Jurídica le informó al juzgado especializado de Bogotá que todo el trámite debía realizarse con la sala de audiencias virtuales. Sin embargo, pese a las insistentes llamadas y mensajes de WhatsApp, nadie contestó.
Para la jueza, esta actitud es negligente por lo que ordenó compulsar copias en contra de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la cárcel La Picota y del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). “Esto es el colmo”, señaló la funcionaria judicial. “Desde el 11 de enero se les envió la solicitud de remisión y no lo conectaron. Se ha vuelto un suplicio para que nos conecten y dan unos teléfonos donde rechazan las llamadas”. La audiencia quedó programada para el 17 de marzo.
Galván y Díaz tendrán que responder en juicio por el delito de desaparición forzada agravada. Hasta la fecha no se ha aplicado otro delito puesto que el cuerpo de la menor no ha aparecido, situación por la cual no se puede establecer que se trate de un homicidio.
“Hasta la fecha actual, no se ha ubicado a la menor, que continúa desaparecida por el accionar doloso y conjunto de los referidos (…) quienes son las personas que estuvieron con la niña desaparecida desde el momento en que fue retirada del lado de Xiomara Galván”, precisa la acusación.
El pasado 15 de diciembre las autoridades dieron por terminada la búsqueda de la menor en inmediaciones al río Tunjuelito. Tras diez meses de búsqueda los bomberos y el personal de la Defensa Civil no encontraron rastros de la menor.
Desde agosto pasado, cuando fueron recapturados, Galván y Díaz se encuentran privados de la libertad en centros carcelarios. El pasado mes de noviembre, un juez de conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento.