Mientras el presidente Gustavo Petro ondea las banderas del extinto grupo guerrillero M-19 y pide justicia por el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, conocido como el Comandante, la Fiscalía anuncia decisiones en la investigación, 34 años después, y que deja en líos a un exdirector de protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Se trata del coronel en retiro de la Policía Manuel Antonio González Henríquez, quien habría modificado de manera imprevista el esquema de seguridad del dirigente político y facilitado la ejecución del plan criminal, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla, Atlántico.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos definió la situación jurídica del exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), coronel en retiro de la Policía Nacional Manuel Antonio González Henríquez, por su posible participación en el homicidio del excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez”, explicó la Fiscalía.
Las pruebas recaudadas por la Fiscalía advirtieron cómo el oficial, en ese momento director de protección del DAS, modificó el esquema de seguridad con el único objetivo de advertir a los criminales que tenían puerta abierta para asesinar al candidato presidencial, lo hicieron de forma insólita en un avión cuando Pizarro pretendía viajar a la ciudad de Barranquilla.
“El coronel (r) González Henríquez, entre 1989 y 1990, tuvo a su cargo la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas. Al parecer, aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal”, señaló el ente acusador.
La investigación se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600, el anterior sistema penal y allí, el fiscal de instrucción tomó decisiones como definir la situación jurídica del procesado, que en este caso fue vincularlo a la investigación por más de tres delitos y ordenar una medida de aseguramiento, de acuerdo con los elementos de prueba, una detención domiciliaria.
“El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la Ley 600 (anterior Sistema Penal)”, advirtió la Fiscalía al tomar la decisión.
Con esta decisión no solo el coronel queda vinculado al proceso, sino que la Fiscalía avanzará en una etapa de juicio para buscar una condena en su contra, tras advertir que sería el responsable de los delitos que fueron señalados al definir la situación jurídica y, además, que aprovechó su cargo en ese momento para facilitar el crimen del entonces candidato presidencial.