Durante la madrugada de este lunes, la Fiscalía adelantó un operativo en las ciudades de Barranquilla y Medellín para lograr la captura de Emilio Tapia quien apareció vinculado en el escándalo por el millonario contrato del MinTIC con la unión temporal Centros Poblados.

En ese operativo que realizó el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, también resultaron capturados Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblado y Juan José Laverde, vicepresidente de la empresa Rave, la corredora de seguros que supuestamente obtuvo las garantías bancarias presentadas en el proceso de adjudicación.

Este martes la Fiscalía presentará a los tres capturados ante un juez de control de garantías para imputar delitos relacionados con la defraudación en la administración pública, como contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.

Entre el material probatorio que presentará el ente acusador se encuentran los contratos que fueron adjudicados a la unión temporal y los documentos que en criterio de los investigadores fueron objeto de adulteración por parte de Centros Poblados para lograr la ubicación del multimillonario contrato.

La defensa de las partes involucradas en ese proceso aseguró que podrán demostrar, en las audiencias preliminares, que sus clientes actuaron en el marco de la buena fe y los documentos que presentaron en el proceso de adjudicación se consideraban en regla.

Luego de legalizar la captura la Fiscalía hará la imputación de cargos y allí expondrán los documentos, declaraciones y otras pruebas que consideran de relevancia y que al mismo tiempo motivaron la orden de captura, además de una eventual solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía también entregará detalles de las denuncias que corren en contra de varios de los implicados en este proceso, denuncias que incluso fueron radicadas por algunos que ahora están capturados.

Aunque Emilio Tapia, antes de ser capturado fue internado en un centro médico por una complicación abdominal, la Fiscalía insistió ante la juez de garantía en la necesidad de legalizar la captura antes de que se venzan los términos para ese proceso.

Uno de los elementos fundamentales dentro de la investigación que tiene la Fiscalía son las declaraciones de quien ahora se convertirá en testigo de este proceso. Se trata de uno de los empresarios que integraba la Unión Temporal y además era representante legal de una empresa que recibió buena parte de los recursos entregados por el MinTIC.

Pendiente estaría la captura de un hombre identificado como Jorge Enrique López, un empresario de la construcción que de acuerdo con la investigación sirvió como enlace entre Centros Poblados y los supuestos funcionarios del Banco Itaú para obtener las garantías bancarias que ahora son objeto de investigación.

En contra de López corre una orden de captura que la Fiscalía esperaba hacer efectiva en el mismo operativo que resultó capturado el contratista Emilio Tapia, pero no se encontraba en su casa cuando se adelantó la diligencia de allanamiento.