Desde el pasado 8 de mayo, los cabecillas del llamado Frente Comuneros del Sur, que abiertamente se desprendieron de la unidad de mando en el ELN, responsables de hechos criminales en el departamento de Nariño, pueden andar sin problemas, son libres de la persecución de la justicia, ni siquiera en un puesto de control de la Policía, les pueden detener.
El pasaporte a la libre movilidad salió por cuenta de una resolución de la Fiscalía que suspendió las órdenes de captura en contra de los cabecillas de ese grupo criminal y que se soporta en la posibilidad de que participen en una mesa de diálogo, mientras en otros escenarios continúan con sus actividades criminales, como lo ha tenido que tolerar el país, incluso la fuerza pública.
“Fiscal General de la Nación, actuando como autoridad competente, suspenderá de plano las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz, por el estricto término solicitado por el Gobierno nacional”, señala la resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo.
El ente acusador advierte en la resolución que entiende el principio de buena fe y que los nombres que entrega el Gobierno Nacional, para otorgar el beneficio de suspender las órdenes de captura son, efectivamente, integrantes de grupos criminales y que resulta necesario acompañar las iniciativas de paz del ejecutivo.
“Que la Fiscalía General de la Nación, en virtud del principio constitucional de buena fe, estipulado en el artículo 83 de la Constitución Política, recibe del Gobierno Nacional los nombres suministrados de los miembros - representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)... Que la suspensión de las órdenes de captura está supeditada al reconocimiento como miembros representantes para que participen en la promoción de la convivencia pacífica, la reconciliación y en la construcción de la paz territorial en el Departamento de Nariño″, señala la resolución.
Una parte crucial en la resolución, establece que la voluntad de paz, la misma que soporta la suspensión de las órdenes de captura, está en un comunicado firmado por el llamado Frente Guerrillero Comuneros del Sur, donde anticipan su intención de llegar a unos diálogos de paz con el Gobierno Nacional, con el listado de nombre de quienes integran esa organización.
“Que el 12 de marzo de 2024, a través de un comunicado público, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur con presencia en el departamento de Nariño manifestó su voluntad expresa de participar en los diálogos regionales de paz y en la construcción de paz territorial, a través de acciones de desminado humanitario, e informó posteriormente los nombres de las personas que integran su organización que participarán en éstas, por lo que en consecuencia, el Gobierno Nacional”, advierte el documento de la Fiscalía.
Son en total cuatro los cabecillas de este frente guerrillero, que resultaron beneficiados con la suspensión de las órdenes de captura: Antonio José Ovallos Anteliz, Segundo Andrés Obregón Obando, Royer Edgardo Garzón Alvarado, Jorge Wilfredo Rosero Marín y Gabriel Yepes Mejía.