En las últimas horas, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) manifestó en Colombia una preocupación frente a lo que consideran son “reiteradas limitaciones en el acceso de la prensa a audiencias y a fuentes por parte de jueces y autoridades”.
En pocas palabras, la fundación hizo un llamado, por medio de un comunicado de prensa, a la rama judicial del país para que permita el cubrimiento de asuntos jurídicos que por su importancia para el país, requieren ser informados en los medios de comunicación.
“Con estas restricciones se impide que se cubra la fuente judicial, bajo el argumento de proteger la administración de justicia; y con ello, se limita el acceso a la información y el debate público sobre el desarrollo de procesos judiciales de alto interés público”, añade la Flip.
Para argumentar su denuncia, la fundación citó el caso de la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Escobar, el hombre que habría disparado contra personas del común en medio de las manifestaciones que se llevaron a cabo en Cali durante el Paro nacional de 2021. En dicha cita judicial, que se llevó a cabo el pasado 16 de mayo, “ningún medio de comunicación pudo acceder”.
“Posteriormente, se conoció que el juez impidió la entrada de los y las periodistas por supuestos motivos de seguridad del acusado. Aunque no se conocen detalles de cómo el juez justificó esta medida, en cualquier caso debió explicar el porqué de la exclusión antes de limitar la entrada del público”, añade la información.
Sin embargo, ese no fue el único caso que se registró el pasado sábado. De acuerdo con la Flip, ese mismo día hubo también una irregularidad con los medios de comunicación como víctimas, cuando se le impidió al periodista Lucio Torres grabar la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento de Gloria Estrada, presidenta del Concejo de Cartagena, quien en enero de este año fue capturada in fraganti con un kilogramo de cocaína en su poder, mientras manejaba por las calles de la capital de Bolívar.
“Torres estaba transmitiendo en vivo la audiencia, que era pública y, luego de ser expulsado, no pudo volver a ingresar. En este caso, el juez estableció sin ningún sustento que no se iba a permitir la retransmisión”, explica la Flip.
Otro caso fue el de la periodista de Noticias Uno, Juliana Ramírez, quien no pudo acceder a la audiencia virtual de licitación pública de un contrato de la Fiscalía, luego de que fuese la misma entidad quien se lo prohibiera.
“Ramírez contactó a la directora de comunicaciones de la Fiscalía para que le diera explicaciones; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta”, fue la declaración de la periodista citada por la fundación.
Luego, la Flip explica que no es la primera situación de esta índole en la que el ente acusador es protagonista: “Hace unas semanas esta entidad negó a dos medios de comunicación la posibilidad de entrevistar a alias Otoniel. Después de que los periodistas interpusieran una tutela, un juez de Bogotá afirmó que los argumentos de la Fiscalía para impedir la entrevista no fueron suficientes, ya que limitaban la libertad de prensa y expresión, y también comprometían el derecho de las víctimas de conocer la verdad de los hechos en los que participó el detenido”.
Después de mencionar todos estos hechos, la Flip recordó que en ninguno de ellos las autoridades han explicado cuál fue la razón por la cual impidieron el acceso de los periodistas a las respectivas audiencias judiciales. Esto, según la organización, va en contra de las normas estipuladas por la Corte Constitucional, ya que atenta contra la transparencia de la información y evita el debate público.
“Limitar el cubrimiento de la fuente judicial puede configurar un tipo de censura previa, pues los y las periodistas no podrán publicar información a la cual no tienen acceso. Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los jueces y autoridades para que le garanticen a la prensa el acceso a información sobre la actividad judicial. Conforme a los estándares regionales, siempre debe primar la transparencia y publicidad activa y, en caso de una restricción, debe justificarse y optar por las medidas menos lesivas para la libertad de expresión”, concluye el documento de la Flip.