La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) ha vuelto a lanzar algunas críticas contra el Congreso de la República este 29 de abril, esta vez alegando que el proyecto de Ley 318 de 2021 que se discute en la Cámara de Representantes, podría significar un acto de censura cuando se hable de temas sexuales en el país.
De acuerdo con el documento del proyecto, lo que se busca con este es crear medidas de “protección a las personas en el flagelo de la prostitución” en Colombia; sin embargo, para la Flip esto podría representar una forma con la cual el Legislativo censuraría el derecho a la libertad de expresión, así como a la libertad sexual de los colombianos.
Para explicar mejor este tema y demostrar que “este proyecto de ley es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión”, la Flip lanzó un comunicado en el que detalla algunos puntos.
En primera medida, la fundación asegura que las definiciones y las prohibiciones explicadas en el documento del proyecto deberían considerarse como “demasiado amplias”, ya que podrían derivar en actos de discriminación, tanto en los medios de comunicación, como en las actividades propias del internet.
“Por ejemplo, indica que la prostitución será entendida como la realización de ‘actividades de naturaleza sexual a cambio de remuneración en dinero o especie’. Esto puede llevar a restricciones sobre actividades como el modelaje webcam o expresiones artísticas”, menciona la organización.
Como segundo punto, alegan que en el proyecto “se establecen responsabilidades excesivas sobre los intermediarios de internet”, como las redes sociales o los operadores de red. Para la Flip, este punto es sumamente crucial en el futuro de la libre expresión en internet, ya que al ser juzgadas por los contenidos que sus usuarios publican, las plataformas virtuales podrían verse en la necesidad de censurar cualquier publicación directa o indirectamente relacionada con la prostitución.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que estas empresas no pueden ser responsables por los contenidos que publican sus usuarios porque, de lo contrario, estas tendrían un incentivo para monitorear y bloquear contenidos de manera desmedida con el fin de evitar responsabilidades”, manifiesta la Flip.
El tercer punto está muy relacionado con el anterior, ya que expone que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tendría la potestad de suspender cualquier plataforma virtual que “esté sirviendo de intermediario o que directamente ofrece o adquiere actividades sexuales”.
Además, le da facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para que sea esta la que pueda controlar, inspeccionar y vigilar “las redes sociales, para que estas se abstengan de promover todo tipo de contenido relacionado con una actividad sexual”.
“Esto es problemático porque (…) establece una medida que puede desencadenar en censura colateral y restringir la circulación de todo tipo de mensajes, incluso aquellos no cubiertos por la ley porque no se refieren a temas relacionados con la prostitución”, añade el comunicado.
Por último, la fundación se fue lanza en ristre contra la propuesta con la que se pretende “promover en sus campañas, contenidos y programas las consecuencias y riesgos físicos y mentales de la vulneración de las personas que realizan esta práctica y se abstendrán de permitir o promover programas que promociones directa o indirectamente el ejercicio de la prostitución”.
Para la Flip, “esto es una interferencia con la línea editorial de los medios”, además de ser una situación en la que claramente reinaría una única postura sobre la prostitución: la estatal. “Esto podría llevar a la prohibición de debates que, por ejemplo, critiquen el contenido de este proyecto de ley”, concluye.
Cabe recordar que además de la Flip, otras organizaciones como la Fundación Karisma, El Veinte y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (Isur) también firmaron esta carta que va dirigida a la Cámara de Representantes con el fin de que el proyecto de ley sea archivado.