SEMANA: Los hechos de falsos positivos en Colombia son uno de los capítulos más oscuros de la guerra. Recientemente, la JEP encontró una fosa común en Dabeiba (Antioquia) en la que podrían estar enterradas cientos de estas víctimas. ¿Qué se puede esperar de este trabajo? K.A.: El mismo hecho de haber encontrado esta fosa constituye ya una contribución a la verdad histórica. Ahora la JEP debe tramitar lo más pronto posible este caso en particular para dar explicaciones más profundas a la sociedad colombiana con respecto a esta práctica, la cual no es digna de un ejército profesional. Al final debe haber una sanción contra los responsables. Recomendamos: El Cementerio del horror
Vista panorámica del cementerio de Dabeiba, Antioquia. En el área acordonada con cinta el soldado Buitrago dice que enterraron los cuerpos de falsos positivos. SEMANA: Siempre ha existido un miedo en el estamento militar de que la CPI tome el caso de los falsos positivos. ¿Puede alterar esa posibilidad el trabajo que hace la JEP? K.A.: Absolutamente. Para la Fiscalía de la CPI el trabajo de la JEP resulta fundamental con respecto al principio de complementariedad, o sea la expresión de voluntad y capacidad, así como la seriedad del Estado colombiano de perseguir y sancionar crímenes internacionales graves. Por eso, que la JEP pueda hacer su trabajo y reciba el apoyo necesario del Gobierno o, por lo menos, que no sea obstaculizada por este es del máximo interés del Estado y de los mismos militares. De hecho, parece que la Fiscalía de la CPI tiene más confianza en la JEP que en el propio Gobierno. De todos modos, en el último informe sobre las investigaciones preliminares, publicado en diciembre pasado, la Fiscalía trata detalladamente los procesos por falsos positivos y reitera su apoyo a la JEP. SEMANA: El Gobierno Duque ha sido muy crítico en estos dos años y ha intentado limitar las competencias de la JEP. ¿Qué tanto daño le ha hecho al sistema? K.A.: Lamentablemente, el uribismo no tiene una posición principista, sino oportunista y puramente instrumental frente a la justicia internacional, frente a la Corte Penal Internacional, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiere usar estos mecanismos cuando le conviene políticamente, pero los rechaza o critica cuando afectan a “su gente”. Y evidentemente, el Gobierno ha tenido posiciones que no son adecuadas frente a la justicia especial. Para no hablar de los temas que todos conocen, por ejemplo, el exministro de Defensa Botero nunca se reunió con la JEP, cuando este es un mecanismo que utilizan tantos miembros de la fuerza pública. La justicia transicional necesita tener una relación fluida con el Gobierno para avanzar porque finalmente, en tres años, cuando Duque salga de la Casa de Nariño, tendrá los fracasos o logros de este sistema a cuestas. Y, como he dicho antes, la JEP puede ayudar a Colombia y, de esa forma, a los propios militares a evitar la intervención de la CPI. Vea el video con la investigación de SEMANA sobre los falsos positivos en Dabeiba
SEMANA: En 2020 se cumpieron los dos años de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Para usted ese organismo pasa un examen hoy o se raja? Kai Ambos: Es evidente que la JEP ha hecho muchísimo. Es una jurisdicción a la que miles de personas se han acogido a la fecha, no solo de la guerrilla, sino también de la fuerza pública. A dos años, ya hay resultados. Teniendo en cuenta que los procesos en la justicia transicional suelen ser más complejos y las sentencias suelen demorarse porque pesa mucho el contexto en el que se desarrollan, se puede decir que la JEP está trabajando muy fuerte. Recomendamos: 120 mil víctimas, la JEP acredita el caso más grande de la historia SEMANA: Usted ha sido una de los expertos más elogiosos con la JEP, a la que ha calificado como un icono en el mundo. También ha sido muy crítico de las reformas que se le han hecho. ¿Cree que en estos dos años la JEP se ha desdibujado por cuenta de esos cambios? K.A.: La JEP es un sistema único. En ningún otro lugar hay un sistema de justicia transicional, producto de un acuerdo de paz, tan complejo pero a la vez tan completo como el que tiene Colombia. No solo es la JEP, sino también la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otros órganos del sistema. Entiendo que por su complejidad, incluso en Colombia, pueda ser difícil entender la magnitud de ese trabajo y que han existido cambios que han limitado su competencia. Pero eso no le quita ese carácter de icono que tiene. Vea la entrevista de SEMANA con Kai Ambos*
SEMANA: Usted ha acompañado numerosos procesos en el mundo, y ahora mismo es juez del tribunal de Kosovo. ¿Qué le parece particular en Colombia? K.A.: El caso colombiano no es comparable hoy con ningún otro. Pero, para responder a su pregunta, encuentro elementos que son muy significativos que han sido adversos. Por ejemplo, el contexto político en Colombia y geopolítico frente a Estados Unidos no es favorable a un proceso de transición. Además, hay problemas de poder y de resistencia a los procesos penales y en especial a los procesos de verdad. Y pues también hay una sociedad muy dividida, lo cual hace muy difícil que el sistema funcione. SEMANA: Gran parte de esa resistencia se ha dado por mitos. ¿Para usted existen fake news que le han hecho daño a la JEP? K.A.: Por supuesto. Ahora, eso sí es un problema del mundo entero. En Colombia lo que más se dice es que la JEP es sinónimo de impunidad. Evidentemente eso es falso. La impunidad de grandes violaciones de derechos humanos es un fenómeno en Colombia y en América Latina, que no tiene nada que ver con la JEP y que existía mucho antes de la creación de este tribunal. La impunidad con respecto a violaciones graves de derechos humanos es una característica clásica colombiana. Por ejemplo, a hoy hay muy poco resuelto penalmente de la gran tragedia del Palacio de Justicia, y esta sucedió en 1985. Colombia tampoco hizo justicia con los asesinatos de la UP, con los asesinatos (en verdad, ejecuciones) de investigadores del Cinep (por ejemplo, de Elsa Alvarado y Mario Calderón en su apartamento) o con defensores de derechos humanos como Jesús María Valle o Eduardo Umaña Mendoza, ambos ejecutados en sus oficinas de Medellín y Bogotá, respectivamente. Conocía personalmente a varias de estas víctimas y me duele ver que hasta hoy no se hizo justicia en estos y muchos otros casos. Entonces lo que sucede con la JEP es precisamente lo contrario. Esa jurisdicción va a tratar casos que sí están hoy en la impunidad y que la justicia ordinaria no ha podido resolver. SEMANA: El tema es que la JEP es una especie de hijo de un proceso de paz en el que buena parte de los colombianos no creían…K.A.: Yo creo que muchos no tienen presente que la JEP no es una institución aislada, sino que tiene el respaldo de todo el sistema colombiano. El Congreso aprobó sus leyes reglamentarias, el presidente las sancionó y las otras cortes han hecho precisiones sobre su competencia y sus límites. Entonces, en términos reales, esa jurisdicción es al mismo tiempo la responsabilidad de la sociedad y de todo el Estado. SEMANA: No es fácil entender esa responsabilidad cuando, por ejemplo, cabecillas como Iván Márquez y Jesús Santrich terminaron fugándose, en medio del proceso. ¿Cómo ve eso? K.A.: La JEP, como dice su nombre, es una justicia especial. Las reglas que existen sobre las libertades son consecuencia del proceso de paz y del sistema mismo. Lo que sucede es que en Colombia están acostumbrados a una situación que no sucede en casi ningún lugar, y es que las personas estén presas preventivamente antes de que salgan las condenas. Todos los seres humanos tienen derecho a la presunción de inocencia y privarlas de la libertad antes de emitir una sentencia final es un exceso del sistema penal. Eso sucede con mucha frecuencia en América Latina. SEMANA: Pero en Colombia ha sido difícil aceptar que personas que han hecho tanto mal no tengan castigos proporcionales a eso... K.A.: La razón por la cual los miembros del conflicto se someten a la justicia especial es, ante todo, obtener beneficios judiciales. En Colombia, esos privilegios no se limitan a la cúpula del grupo insurgente, sino que toda la fuerza pública tiene los mismos privilegios. Quienes critican la JEP, deberían criticar esto último también. La impunidad para las víctimas de la fuerza pública en Colombia también ha sido grande. La JEP estudió el caso del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, vinculado a la masacre de Mapiripán (Meta) y al asesinato de Jaime Garzón, entre otros casos. Y obviamente están allí también los casos de falsos positivos. Y recientemente llamaron a versión al general Mario Montoya. SEMANA: ¿Qué significa este llamado a versión del general Montoya? K.A.: Esto significa que la JEP se ocupa de los más responsables. En verdad, es justamente eso lo que debe hacer, pues estos personajes son los verdaderos responsables de los crímenes cometidos en conflictos como el colombiano. *Kai Ambos es experto alemán en derecho penal internacional, juez en el Tribunal Especial de Kosovo, en La Haya, y asesor (amicus curiae) de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Esta entrevista fue publicada en enero de 2020.