El país vive semanas de lamentables asesinatos que dejan como víctimas a militares, policías y líderes sociales. En Argelia y Buenos Aires, en el Cauca, las disidencias Carlos Patiño y Jaime Martínez de las Farc perpetraron ataques contra el Ejército que dejaron nueve soldados muertos y al menos otros nueve gravemente heridos.
Por otro lado, tres uniformados de la Policía fueron asesinados en menos de una semana, dos de ellos en el sur de Bogotá y uno en Rionegro, Antioquia. Al mismo tiempo, de acuerdo con Human Rights Watch, en el último mes se han presentado alrededor de 12 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales. El último caso fue el de Luis Peña, excandidato al Concejo de Magangué, Bolívar, y militante del Pacto Histórico.
El panorama es sombrío para un Gobierno que prometió la protección de los líderes sociales, soldados y patrulleros. A pesar de que el presidente Gustavo Petro celebra los primeros resultados de la paz total con los 85 días sin homicidios en Buenaventura, la realidad es que se percibe un debilitamiento en la acción de la fuerza pública, lo cual deja a los uniformados desprotegidos y a los activistas en un alto grado de vulnerabilidad.Si bien Petro recibió un panorama complejo en seguridad y violencia, sus medidas para enfrentar el problema de forma efectiva dejan mucho que desear hasta el momento.
Un análisis del primer trimestre del Gobierno en materia de paz y seguridad, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que los combates y bombardeos de la fuerza pública contra grupos criminales mostraron una reducción del 70 por ciento con respecto a 2021, siendo el año con las cifras más bajas desde 2016. En agosto, por ejemplo, solo hubo tres acciones de la fuerza pública. A pesar de esto, la cifra ha presentado un aumento en septiembre y octubre con cuatro y cinco operativos, respectivamente.
El informe reporta que las acciones de las organizaciones criminales en contra del Estado disminuyeron de forma sustancial, tendencia que se viene presentando desde el Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, se mantienen las disputas locales y se incrementaron los enfrentamientos entre los mismos grupos armados ilegales, lo cual exacerba la violencia en los territorios más vulnerables.
Es decir, mientras cesan los enfrentamientos, los grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, continúan haciendo presencia en la periferia, y aumentaron otro tipo de acciones como ataques entre criminales, que se incrementaron en 79 por ciento con respecto al año pasado.
En este panorama, el dato más impactante que revela la FIP es la subida del 50 por ciento en los asesinatos de líderes sociales si se compara con el mismo trimestre de 2021. De acuerdo con la organización, es la cifra más alta desde la firma del acuerdo de paz.
Al mismo tiempo, las masacres también aumentaron un 38 por ciento.A pesar de ello, y las noticias de los asesinatos múltiples contra miembros de la fuerza pública, el Gobierno insiste en la paz total con diversos grupos que amenazan la vida de los más vulnerables. A esto se suma su propuesta de seguridad humana, la cual prioriza la seguridad de las personas y la menor cantidad posible de bajas.
¿Golpe de realidad?
Después de la masacre de los soldados en el Cauca, la disidencia Jaime Martínez de las Farc emitió una comunicación en la cual se atribuye los asesinatos. Sobre las acciones, afirmó: “Responden al asedio militar que existe sobre nuestras unidades y los pocos avances que hay en el proceso de acercamiento y conversaciones”.En medio del sorprendente reclamo, aseguraron que el Gobierno debe “corregir los errores” en el proceso de paz total por la falta de interlocución con la disidencia.
El presidente, en un pronunciamiento que es tal vez el más duro contra los grupos criminales desde su llegada al poder, anunció un cambio táctico en el tratamiento de este tipo de ofensivas por parte del Ejército. Desde ahora en adelante se disminuirá el número de soldados de servicio militar y se aumentará “sustancialmente” el porcentaje de profesionales con el fin de incrementar la capacidad de la institución en el Cauca.
Incluso, respondió al requerimiento de las disidencias de las Farc contundentemente: “Lo que resta es la acción militar, la cual no cesa. Hasta que no haya una voluntad real de negociación, la fuerza pública no va a salir de la región”.
Por su parte, Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno, reiteró que se está luchando contra las organizaciones criminales. “No pensamos ceder un milímetro del territorio nacional en la persecución de la delincuencia, del narcotráfico y de quienes al margen de la ley no estén sometidos a ninguno de los procesos en que estamos empeñados en la paz total”.
Por otro lado, quien es altamente cuestionado por la oposición es Iván Velásquez, ministro de Defensa. Parece ausente en medio de las necesidades en seguridad territorial del país, se centra en denuncias internas y esfuerzos relacionados con el proyecto de paz total. Varios sectores piden la renuncia de Velásquez por el incremento en los homicidios y masacres en algunas regiones, especialmente contra líderes sociales, población con la que el presidente Petro tiene un compromiso de campaña en torno a su protección y garantía de derechos.
“Detesta el sector en el que está, detesta la fuerza pública. Es un hombre que no ha hecho la tarea de defender a los uniformados. Ha hecho que mediante sus decisiones se fortalezcan los grupos al margen de la ley”, dijo el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, en conversación con SEMANA.
Por su parte, el representante José Jaime Uscátegui, del mismo partido, destacó el debilitamiento de la fuerza pública por la salida masiva de cerca de 40 generales, y con el desmonte del servicio militar obligatorio dijo que se convertirían en instituciones “de brazos caídos”.Sobre el ministro Velásquez, aseguró que amerita una moción de censura por el “descuido y desamparo en el que tiene a los territorios y comunidades de Colombia”.
El representante Juan Espinal también recordó que Velásquez recortó el presupuesto de la cartera en cerca de 800.000 millones de pesos: “Es un hombre que no ha sido cercano, ha sido lejano y poco ha mostrado afinidad con la fuerza pública”.
El senador Miguel Uribe afirmó que el Ejecutivo “no está protegiendo” a los colombianos por las impactantes cifras de homicidios de líderes sociales: “Durante estos cuatro meses, este Gobierno se ha dedicado a debilitar y criminalizar la fuerza pública, mientras que empodera a los bandidos y criminales”.
Los aliados del Gobierno, quienes llevaban la cuenta exacta de los líderes sociales asesinados durante la administración de Duque, ahora guardan silencio en medio de un aumento preocupante de estas muertes. Mientras tanto, el Gobierno intenta desmontar la criminalidad por medio de treguas y negociación, las cuales tiemblan frente al incumplimiento de las disidencias de las Farc. El país pide un cese inmediato de la violencia.