En las oficinas de los altos mandos de las fuerzas militares y la Policía Nacional hablan en voz baja sobre los cambios que se avecinan con la llegada del presidente electo Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez.
En la última semana, se han realizado juntas de generales, en las quemanejan la información con total discreción, pero SEMANA tuvo conocimiento de que la incertidumbre va más allá de qué comandantes siguen al mando o cuáles finalizan sus carreras antes de recibir órdenes del nuevo comandante de la fuerza pública.
No es un secreto que Petro tuvo discusiones directas con el general Eduardo Zapateiro, quien liderará hasta el próximo 20 de julio el Ejército Nacional, y que ha cuestionado incansablemente el actuar de la Policía Nacional, hoy bajo la dirección del general Jorge Vargas. La preocupación va arraigada a las instituciones y su misionalidad.
En las reuniones se habla sobre los principales problemas del país y la realidad que se enfrenta en los territorios. Las estrategias utilizadas hasta el momento para adelantar operativos de alto valor, en la que se han trabajado de manera conjunta entre todas las entidades y que con el programa de gobierno entrante representará retos importantes para ser elocuentes entre lo prometido y lo que se evidencia en las regiones, quizás uno de ellos la amalgama acorde entre el cuidado del medio ambiente y la equidad para las poblaciones que viven en territorios donde se adelantan actividades ilegales de minería, tala, extracción de hidrocarburos.
Los principales núcleos de deforestación están ubicados en los territorios en los que tiene gran presencia de las disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y otras organizaciones al margen de la ley. La Amazonía occidental (Caquetá, Guaviare y Meta), el Catatumbo (Norte de Santander), la región de Paramillo (Córdoba) y Chocó, son regiones en las que se concentra una alta biodiversidad de especies, se estiman al menos 2.697 que poco a poco van muriendo por la intervención del ser humano.
Muchas familias llegan a habitar reservas naturales o de protección especial, en las cuales no está permitido construir viviendas ni generar economías en el sector. Sin embargo, argumentan no tener oportunidades y reclaman un territorio donde arraigarse. Algunos motivados por verdaderos problemas sociales y otros llevados allí con falsas promesas de organizaciones criminales que les patrocinan maquinaria para adelantar minería ilegal, o tala de bosques que se convierten en miles de hectáreas utilizadas en la ganadería.
El problema es que, si el gobierno de Gustavo Petro quiere que ellos permanezcan en esos territorios, tendrá que hacer cambios estructurales en la ley para asignar zonas de reserva natural a poblaciones. El otro punto que será un desafío es decirles a los cientos de familias que, así como no están de acuerdo con la explotación de yacimientos mineros de grandes compañías, tampoco con los ilegales que terminan generando mayor contaminación y sin planes de mitigación a las afectaciones ambientales.
En lo corrido del gobierno actual se han realizado 2.717 operaciones de minería ilegal enfocada a la extracción de los recursos no renovables, en el que se utilizan metales como el mercurio y contaminan las fuentes hídricas y el ambiente; teniendo un total de 15.000 minas intervenidas, 5.151 capturas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y alrededor de mil retroexcavadoras y dragas destruidas.
Para adelantar ese tipo de operativos, se requiere la intervención de Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (Esmad), pues las poblaciones hacen motines y los militares tienen armas letales, por eso no pueden entrar a confrontar con ellos, en cambio, el Esmad está capacitado para manejar ese tipo de situaciones empleando equipos no letales.
Es algo similar a lo que ocurre en medio de la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos. Cuando llegan los soldados, algunas comunidades se oponen, por la misma frustración tras la falta de oportunidades o bajo alguna directriz de cabecillas de grupos criminales que tienen injerencia en la zona. Se han conocido videos en regiones del Cauca, de donde es oriunda la vicepresidenta, en la que campesinos golpean con palos o machetes, insultan a los uniformados e incluso los retienen durante horas. Para evitar tragedias y que un militar active las armas, llevan al Esmad. Algo que con el gobierno entrante no será posible, pues en su plan de gobierno le apunta a desmontar este grupo argumentando “el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”.
Otro de los puntos que manifiesta el presidente electo es que la Policía no tendrá funciones militares, algo que según altos mandos consultados en realidad nunca han tenido. Pero lo que si han hecho son trabajos conjuntos, logrando un reconocimiento internacional debido a que todas las entidades que conforman el Ministerio de Defensa trabajan en pro de lograr resultados operacionales, por ejemplo, la captura y posterior extradición de Dairo Úsuga, alias Otoniel, que tuvo fases de investigación y seguimiento. En cada operación militar debe haber al menos un policía judicial que facilite la detención y vele por los derechos de los indiciados.
Entre las grandes reestructuras que plantea el programa de gobierno de Petro y quizás una de la más polémica es pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior o de Justicia como sucede en Alemania y Estados Unidos, esto, para algunos podrá disminuir el presupuesto que tendrá la institución, que aseguran de por sí ya es limitado.
A demás, se corre el riesgo de que la jerarquía se empiece a perder y civiles lleguen a ocupar cargos directivos. Algo que genera temor dentro de los uniformados, y en algunos sectores que consideran que intereses políticos puedan permear las filas. El desafío está en dar confianza a los 172 mil policías del país y sus familias demostrando que no es una persecución en contra de ellos, sino que en realidad pretende gestionar mejores resultados.
Con la historia del conflicto en Colombia la Policía Nacional ha ocupado espacios importantes en el apoyo de la seguridad, de hecho, le han dado facultades de protección a personas, lo que es conocido como servicio de escolta a una población específica. Pero así se refiere en el plan de gobierno a este grupo: “ni prestará servicios de escolta, o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales, como cargar maletas o hacer mercados”.
Es de resaltar que este grupo de policías son los que (por decreto) están encargados de velar por la vida del presidente de la República, vicepresidente y familiares. Al igual que a ministros, fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo e incluso congresistas, como fue durante mucho tiempo en su caso. Entre otros grupos poblacionales de la rama judicial, alcaldes y gobernadores. Así que tendrá que garantizar que el estado les brinde protección a esta población en riesgo sin poder apoyar a la Unidad Nacional de Protección la cual reporta que casi el 50 % de sus protegidos son líderes sociales.
Petro le apunta a que el servicio militar no sea obligatorio así que su equipo de trabajo se tiene que preparar para cubrir las vacantes y espacios que dejan libres estos jóvenes que son convocados cuatro veces al año para apoyar diferentes tareas en las fuerzas armadas, además que se deberán hacer ajustes en los requerimientos de contratación pública, debido a que parte de la exigencia es tener libreta militar ya sea de primera o segunda categoría.
De los retos polémicos está el brindarle seguridad jurídica a los uniformados, pues pretende acabar con el fuero militar, lo que implicaría una reforma a la constitución política debido a que allí está contemplado que por temas técnicos exista el principio de un juez natural, que conozca la misionalidad y normas internas, de hecho si se acaba el fuero dejarían de existir delitos como el de centinela, deserción, ataque al subalterno, peculados específicos que solo existen en el código penal militar.
Por otro lado, hay esperanza de que el confrontamiento vélico cese si se llegan a acuerdos con el ELN y las disidencias, pero para el éxito de ellos se requiere la atención integral de la población con proyectos productivos, adecuación de vías terciarias y para eso necesitan un importante pie de fuerza calificado en ingeniería y otras especialidades. Las fuerzas son consientes de que a partir del 7 de agosto, tan pronto Gustavo Petro de la instrucción de orden cerrado, “¡A discreción. Atención, Firmes!”, obedecerán los preceptos del nuevo presidente.