La multimillonaria trampa que le hacen a la salud en Colombia tiene una alianza criminal entre jueces, abogados, gerentes de hospitales y bancos. Están embargando dineros de las EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, (ADRES). Los abogados encontraron un atajo en la forma de cobrar las deudas de las EPS e invitaron a los jueces a un festín con los dineros de la salud.
Se trata de cobros coactivos que están prohibidos expresamente por la ley, cuando incluyen recursos de la salud. Para el “cartel” de abogados, en contubernio con los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, las llamadas ESE, en otras palabras, hospitales de los municipios, no fue problema, encontraron la forma de hacerle conejo a la justicia, con la ayuda de la misma justicia.
Los hospitales hacen millonarios cobros a las EPS y la Adres, por supuestos servicios prestados. Tras demoras en los pagos, proceden a iniciar procesos de cobro coactivos y con el impulso ilegal de los jueces, ordenan embargos de las cuentas bancarias de las entidades y sacan suculentas tajadas que empiezan a repartir.
SEMANA conoció los detalles del expediente en poder de la Fiscalía y la Dijin de la Policía. Una investigación rigurosa que está por destapar otro escándalo con dineros de la salud, mientras al frente a los hospitales y en las salas de urgencias, los pacientes suplican por atención. La gran estafa a la salud fue advertida por la Procuraduría en septiembre de este mismo año.
“Los procesos de cobro coactivo estarían siendo adelantados contra expresas disposiciones constitucionales y legales. Al parecer, existe un cartel de abogados que asesora a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, que se remuneran hasta con el 30% de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva a salud”, dijo el ministerio público cuando compulsaron copias a la Fiscalía.
En menos de un mes, los investigadores de la Dijin lograron establecer la dinámica criminal, los responsables y solicitar a la justicia acciones contundentes. En cuestión de días, el país conocerá el avance de las investigaciones que no deja bien parados a los gerentes de los hospitales, tampoco a los abogados y mucho menos a los jueces que prestaron su toga para completar el ilícito.
Al menos 24 hospitales, principalmente en el norte del país, están en la lista de investigados. Gerentes que se dejaron convencer de la trampa y firmaron los poderes para que abogados, con las mañas aprendidas, iniciaran los procesos de cobro coactivo y ante un juez insistieran en la necesidad de embargar las cuentas de las EPS, cuando todo el trámite era ilegal.
“Algunos jueces y representantes legales de los centros hospitalarios, han hecho caso omiso de lo establecido en la ley y han continuado iniciando dichos trámites; además, han emitido providencias o actos administrativos, ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las Entidades Promotoras de Salud -EPS- y la Adres”, dijo la Procuraduría cuando informaron de la existencia del “cartel”.
Los abogados lograron lo imposible, que aun con la prohibición expresa de embargar los dineros de la salud, las entidades bancarias decreten las medidas cautelares. Allí nace otro capítulo en la investigación que está por dejar las primeras capturas. Cuál es la responsabilidad de los bancos, cuando, previamente, fueron informados de dichas prohibiciones.
Los abogados se estarían quedando con el 30 por ciento del dinero embargado y en algunos casos, los investigadores y la Procuraduría, identificaron procesos de embargo superiores a los 3.000 millones de pesos. Lo que llegó después fue la forma de repartir la gran estafa entre los involucrados: los jueces y los gerentes de los hospitales.