Imagine que van a realizar un evento en el estadio Metropolitano de Barranquilla y todas las personas que se consideran víctimas de estafa en Colombia, en los últimos tres años, tienen garantizada la entrada al lugar. En realidad, no cabrían, se necesitarían tres estadios igual de grandes para acogerlos a todos. Desde 2019 a la fecha, más de 136.842 ciudadanos han denunciado ante las autoridades ser víctimas de este delito. Todos claman justicia.
Entre la multitud está Íngrit Valencia, la boxeadora y medallista olímpica que, así como ha estremecido al país con alegrías, también lo ha hecho con derrotas, como aquella que tuvo que afrontar al llegar de Tokio 2020. Fue desalojada de su casa en Ibagué porque los 150 millones de pesos que pagó por ella se los entregó a un presunto estafador. Dairo Arias aprovechó la necesidad y sueños de la deportista para engrosar sus bolsillos.
Cuando Valencia grita: ¡ayuda!, desde el otro lado de la tribuna Gerson Beltrán, un ciudadano del común, se da cuenta de que él también había comprado la misma casa que Íngrit. Dairo Arias se presentó en 2019 como secuestre y actuó como auxiliar de la justicia, decía ser el encargado de administrar la casa que estaba en proceso de embargo. Así que Beltrán le alcanzó a dar un abono importante.
“Por pinches 70 millones de pesos que me dio, ¿qué pretendía comprar?”, es el mensaje que aún recuerda Gerson Beltrán que le dio el presunto estafador cuando le hizo el reclamo por el engaño. Lo que para el timador es una cifra irrisoria, para sus víctimas representa el esfuerzo de muchos años de su vida. De hecho, está comprobado por investigadores que dentro de las estrategias utilizadas por los estafadores está el asegurarse de que el monto total que logren sacar bajo engaños no sea superior a 150 salarios mínimos legales vigentes. Es que ese valor es considerado en Colombia menor cuantía y por eso tiene un tratamiento diferente a la hora de buscar justicia. La mayoría de las veces se refleja en impunidad y en una cadena larga de afectados que no se llegan a conocer entre sí, pero que comparten la angustia provocada por un mismo verdugo.
Según la Fiscalía General, esta es parte de la lista de víctimas de Dairo Arias: Jhon perdió 74 millones de pesos, a Libardo lo habría estafado con 25 millones de pesos. Se apropió de 14 millones de Henry. Julieth le entregó 3 millones. Una sexta víctima es Néstor, quien le entregó 7 millones, y César le dio 37. Estos casos sucedieron antes de que Íngrit y Gerson cayeran en su red. “Si la justicia hubiera actuado a tiempo se hubiera podido prevenir el sufrimiento de ellos”, dijo Germán Flórez, abogado de la medallista y profesor de la Universidad Sergio Arboleda.
Estafar de a pocos resulta ser un buen negocio. Solo en los seis procesos que tiene abiertos Dairo Arias ganó casi 300 millones de pesos, pero la justicia pocas veces agrupa los casos. SEMANA habló con personas que denuncian ser víctimas de él desde 2009. Sí, más de una década delinquiendo, lo que le ha dado para vivir en uno de los conjuntos residenciales más exclusivos de Ibagué. Lo que hace Arias es lo que, según las autoridades, hacen la mayoría de estafadores que se dedican de lleno a ese delito, pues es una estrategia más, no solo viven cómodamente con el dinero ajeno, sino que además les sirve de fachada para dar la apariencia de una persona triunfante y confiable, que no tendría ninguna necesidad de robar.
Antes de estar en el negocio de la finca raíz, Dairo Arias se mostraba como un exitoso ganadero. Compraba varias reses a campesinos del Tolima con cheques sin fondos. Cristino Ovalle está diagnosticado con diabetes, está perdiendo la visión y con complicaciones renales, tiene 58 años y dice que su estado de salud empeoró cuando, en 2008, en Santa Isabel, Tolima, le vendió 22 cabezas de ganado por 16 millones de pesos a Arias, y este a cambio le entregó dos cheques sin fondos. Otros ganaderos de la región corrieron con la misma suerte. No todos denunciaron esperando que Dairo Arias saliera de una supuesta crisis financiera que atravesaba, argumento que es muy común entre quienes se dedican a este tipo de delito.
Por su parte, Ovalle en ese momento sí confió en las autoridades, pero se decepcionó rápidamente de ellas. Al ser la estafa un delito de menor cuantía y querellable, permite que se concilie entre el estafador y la víctima. Para la familia de Ovalle esa figura, más que buscar justicia, lo que hace es revictimizar porque le da la oportunidad al delincuente de seguirle mintiendo en la cara. Dairo Arias asistió a una citación de la Fiscalía, hizo un aparente compromiso de pago y nunca cumplió. El tiempo pasó y prescribió este proceso, otros nuevos nacieron con el mismo común denominador: impunidad.
En 2017 se legisló sobre el proceso jurídico abreviado que, para muchos penalistas como Francisco Bernate, resultó ser un fracaso. Supuestamente buscaba agilizar los procesos de los delitos menores o de pequeñas causas. En la teoría, estos delitos serían resueltos en un año, pero en la práctica los despachos judiciales colapsaron. “En Colombia no pasa nada con los estafadores”, insiste el jurista. “Yo le insistí en su momento al fiscal Néstor Humberto Martínez que esa ley quedó mal hecha y no le importó”, manifestó el representante a la Cámara Edward Rodríguez. Para él, no se pueden solo promover conciliaciones sin ninguna responsabilidad porque hay limitaciones para actuar y eso generó una desidia de los funcionarios judiciales por este tipo de delitos.
En los registros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín) se evidencia que desde el momento en el que arrancó la pandemia, en 2020, se registró un aumento de 121 por ciento en denuncias por el delito de estafa. En casi diez meses de 2021 se han denunciado más de 33.000 casos y se han capturado a 201 presuntos estafadores, como el caso de Dairo Arias, quien fue detenido la noche del pasado 2 de octubre.
Uno de los factores que hay que resolver con urgencia, según el abogado Francisco Bernate, es que el Gobierno invierta dinero en el sistema judicial para contratar más fiscales y descongestionar los despachos. Con funcionarios especializados en estafa que puedan agrupar los casos y así tapar la vena rota de la que se alimentan estos timadores. Para el congresista Rodríguez es necesario crear una reforma que realmente garantice justicia.
Según él, la solución está en hacer un procedimiento expedito, que en un solo día se resuelva y que paguen con cárcel. Una vez estén tras las rejas trabajen, y con lo producido paguen a la víctima una multa de hasta tres veces lo estafado y también parte de lo que consume en el establecimiento penal, para así contrarrestar el problema de hacinamiento. Por eso, mientras tanto, es mejor reconocer las modalidades más comunes de estafa en 2020 para evitar caer en los espejismos que presentan los estafadores.
Bajo la modalidad de engaño se recibieron 33.715 denuncias; se registraron 15.750 estafas disfrazadas en la compra de productos; por falsos acuerdos comerciales, 11.255 y por ofertas laborales fraudulentas, 5.038. La boxeadora Íngrit Valencia hoy puede decir que se está haciendo justicia en su caso, el hombre al que señaló de estafarla afronta el proceso tras las rejas.
La primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, gestionó una donación de 150 millones de pesos de empresas privadas, a través de la Fundación Solidaridad por Colombia y la campaña ‘Ayudar nos hace bien’, para que pueda abonar a una vivienda nueva. Pero hay que decirlo, esa no es la vida real. Los ciudadanos siguen clamando justicia, ¿si se dieran cuenta desde el Gobierno nacional que cada ciudadano tiene también una historia dramática como la de la medallista olímpica, volcarían todo su andamiaje para darles su merecido a los estafadores? Entonces llegó la hora, porque la impunidad parece reinar.