Cuando Néstor Humberto Martínez se posesionó como fiscal general, el primero de agosto, el presidente Juan Manuel Santos le pidió apoyo para combatir la corrupción en las zonas más necesitadas del país y mencionó muy especialmente el caso de La Guajira. “Acompáñenos, señor fiscal –junto con el gobernador encargado- a limpiar todo lo que haya que limpiar (…) a rescatar La Guajira de las manos de aquellos que han tenido el atrevimiento de robarse hasta la comida de los niños”, dijo el mandatario en esa ocasión. Además le pidió a Martínez designar un fiscal especial para esa región, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.El fiscal atendió la petición. El primer viaje que hizo fue precisamente a ese departamento, donde se reunió con el gobernador (e), Jorge Enrique Vélez, para hacer un balance de la situación.Al salir del encuentro no se conocieron muchos detalles. Sin embargo, un mes después de la visita de Martínez, Semana.com pudo establecer cuáles son los avances de la Fiscalía en esa tarea.La corrupción es uno de los principales males de ese departamento y la Fiscalía va tras esta. Específicamente, se ha centrado en la contratación administrativa, que constituye el principal foco de esta problemática, porque “para poder asignar recursos, estos tienen que tener un sustento jurídico y este sustento son los contratos”, según explicó una fuente del ente investigador a este portal.Una semana después de haberse posesionado, el fiscal Néstor Humberto asignó a al menos cuatro fiscales anticorrupción y 40 agentes del CTI exclusivamente al tema de La Guajira. Ellos, hasta ahora, han adelantado las pesquisas desde Riohacha con la colaboración del gobernador (e).Para progresar en las indagaciones, se establecieron cuatro líneas de investigación y para cada una de ellas hay un fiscal asignado. De esta manera, según indicó el funcionario, lo primero que está investigando la Fiscalía son unos contratos y convenios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que han estado en el ojo del huracán en los últimos meses.Agregó que se encontraron irregularidades en los denominados ‘megacolegios’, con los que se firmaron contratos con el fin de desarrollar la infraestructura escolar del departamento.“Allí se hallaron muchas anomalías en el trámite y la ejecución de los convenios. Parece ser que constituyen detrimentos patrimoniales para el Estado porque el objeto del contrato no corresponde muchas veces con el valor del mismo”, dijo esa fuente.Además, se están investigando contratos suscritos con el Fondo Mixto de Cultura, que se iba a encargar de desarrollar actividades culturales, porque, al parecer, se habrían presentado sobrecostos importantes.Pero eso no es todo. Según el funcionario, las mayores irregularidades se presentarían en la contratación directa con fundaciones sin ánimo de lucro. “Se encontró que desde el primer semestre hasta que tumbaron la elección de Oneida Pinto como gobernadora de La Guajira se suscribieron innumerables convenios o contratos, más o menos 60 en esos primeros meses del año”, explicó.Y agregó que si bien había irregularidades que venían de administraciones anteriores, se presumía que la exmandataria podría estar involucrada en los temas de corrupción, como el tema de la contratación directa que, al parecer, sólo le concierne a ella porque suscribió una serie de negocios jurídicos durante su gobierno.Precisamente por esto, según esa fuente, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar a Pinto. Y, de avanzar, el ente acusador le podría imputar los delitos de contratación sin requisitos legales y peculado.Y ella no sería la única investigada. También se adelantan pesquisas contra los funcionarios que tenían en sus manos la capacidad de contratar y contra las personas a las que se les adjudicaron los contratos.La Fiscalía tiene un importante camino por recorrer en el tema de corrupción en La Guajira. Sin embargo, un poco más de un mes después de la posesión de Néstor Humberto Martínez, se vislumbran algunos resultados sobre la difícil problemática que ha padecido la región.