Como en un tablero del famoso videojuego de Pac-Man, en el que el personaje recorre laberintos comiendo la mayor cantidad de galletas antes de que sea atrapado por los fantasmas, así se ve a los mineros ilegales recorrer los túneles en el interior de las montañas de Buriticá, Antioquia, tratando de apoderarse de la mayor cantidad de oro posible y de escapar de las fuerzas del Estado. Para evitar que las autoridades los capturen, ellos explotan tatucos y disparan a diestra y siniestra, como sucedió en el operativo del pasado 21 de febrero, en el que cinco personas resultaron heridas: cuatro policías y un civil.
SEMANA estuvo 500 metros bajo tierra y presenció la guerra que se libra en el depósito de oro más grande de Colombia. Más de 300 hombres financiados por el Clan del Golfo, según las autoridades, viven como topos en la montaña para robar el oro que al final termina en manos de grupos ilegales.La fiebre por este mineral en Buriticá comenzó en 2009, cuando se supo que el municipio estaba sobre el yacimiento más grande del continente. En poco tiempo la población de 6.000 habitantes se duplicó. Se estima que cerca de 13.000 mineros ilegales arribaron al pueblo a excavar las minas, y con ellos también llegaron los homicidios, la prostitución, la extorsión, el microtráfico y otras afectaciones sociales y ambientales. La situación se salió de control, a tal punto que, en 2016, la fuerza pública realizó la operación Creta.
Durante tres años, 1.300 policías y 300 soldados cerraron más de 300 minas ilegales, que alimentaban las arcas del Clan del Golfo. En 2018 la operación culminó, pero los mineros ilegales no se fueron. Hace unos años, la canadiense Continental Gold era la dueña del título minero; sin embargo, se lo vendió a la china Zijin-Continental Gold. La compañía inició la extracción del mineral en 2020; no obstante, desde hace dos meses ha sido víctima de mineros ilegales, que buscan apoderarse de las vetas más preciadas. Y para lograrlo se valen de armas y explosivos que evidencian una gran inversión económica.
Las autoridades creen que una cuadrilla de mineros se interna 20 días para trabajar las 24 horas. Al cabo del tiempo es reemplazada por otra cuadrilla. Se calcula que siempre permanecen en la montaña cerca de 300 hombres. El minero que menos gana es el catanguero, dedicado a cargar el material. Puede recibir semanalmente 5 millones de pesos. El Clan del Golfo cobra al menos 10 por ciento de lo producido a todos los implicados en el proceso. Los constantes saqueos obligaron al grupo especial de la Policía que combate la minería ilegal, perteneciente a la Dirección de Carabineros (Dicar), a dejar las calles para patrullar bajo tierra. Allí las botas relucientes y el uniforme libre de cualquier mancha pasan a un segundo plano. De pies a cabeza están llenos de barro. Equipados con una pequeña luz pegada en su casco, chaleco antibalas, arma de dotación y escudos de protección se abren paso en los oscuros senderos de las minas.
Mientras los miembros de la Policía caminan por el túnel principal, que tiene varios niveles y por el que cabe maquinaria pesada, un olor a marihuana delata los otros orificios ilegales. Ahí se activan las alertas porque, en cualquier momento, desde esos túneles, los mineros ilegales empiezan a lanzar tatucos (cilindros de gas cargados con explosivos), a disparar con armas o a rociar combustible para incinerar a los policías o a los trabajadores y equipos de la multinacional. “No se puede decir que son mineros informales o ancestrales en búsqueda de una oportunidad. Son mineros, sí, pero que trabajan para el Clan del Golfo”, dice el general Jesús A. Barrera, director de la Dicar.
Los ataques provienen de túneles ubicados a 100 o 50 metros de distancia. Cada vez que los ilegales avanzan un nivel, levantan una barricada con cientos de costales cargados de material de desecho y explosivos, con el fin de impedir que los trabajadores de Zijin lleguen a las vetas. Para poder desmantelar estos cambuches, la policía debe utilizar el conocimiento científico. Cuando escuchan una explosión los agentes no corren a contraatacar, sino, que, basados en estudios geológicos, determinan el punto exacto donde se ubican los ilegales para hacer un cerco y desmantelar su estructura.
Al llegar al tercer nivel de la mina, las autoridades encontraron cambuches armados con madera y plástico negro. Allí había ropa extendida en cuerdas improvisadas y artículos de aseo como pañitos húmedos. También observaron la infraestructura para separar y extraer el oro de las rocas: “Se evidencia el entable subterráneo con nueve cocos, un motor eléctrico, un motor de banda, una motobomba”, reporta uno de los uniformados. El daño ambiental que causa ese proceso es muy alto, pues utilizan 5 gramos de mercurio para obtener un gramo de oro. Los túneles cuentan con sofisticados ductos que proporcionan alimentación, energía eléctrica, y sirven para extraer el oro. Sus entradas están en viviendas ubicadas en veredas de la parte alta de la montaña.
Esta operación es tan grande que, solo en 2020, las autoridades intervinieron 329 minas ilegales, incautaron 79 motobombas, 251 motores, 2 volquetas, 6.577 kilogramos de oro, 402 kilos de mercurio y más de 600 galones de combustible. Barrera asegura que la subestructura del Clan del Golfo, conocida como Edwin Román Velásquez, controla a Buriticá. En los últimos cuatro años se han realizado 157 capturas por explotación ilícita de recursos naturales, 109 en 2020. Pero, a decir verdad, el riesgo y el esfuerzo de los policías poco sirven frente a una ley laxa para combatir la minería ilegal. Y esta situación no solo ha fortalecido al Clan del Golfo, sino que podría llevar a la minera china a demandar a Colombia por no proporcionarle garantías para la explotación.
Para mejorar ese escenario adverso, el Gobierno radicó un proyecto de ley con el que espera endurecer las penas, consciente de que la protección de los yacimientos mineros no es un juego.