En la compleja telaraña que se ha armado alrededor de la elección del nuevo fiscal, hay un capítulo desconocido, pero de total relevancia. Se trata de cómo han querido desprestigiar al jefe de la Policía Judicial de la Fiscalía, en la Delegada de Seguridad Ciudadana, Víctor Forero.
Al funcionario han tratado de vincularlo con el narcotráfico en un caso de Buenaventura, donde están implicados dos agentes del CTI. Lo que llama la atención es que Forero tiene a su cargo un expediente tan voluminoso como clave para la Casa de Nariño: la investigación contra Nicolás Petro.
Contrario a lo que sucede con las acusaciones en su contra, hasta ahora no probadas, en el caso de Nicolás Petro hay mucha tela de donde cortar. SEMANA reveló la explosiva confesión de Nicolás Petro ante los fiscales. En ella culpó a su papá de conocer la entrada irregular de dineros a la campaña presidencial de 2022. Asimismo, relacionó a varias personas del círculo más cercano de su papá con corrupción, entre ellas a la primera dama, Verónica Alcocer.
“No me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie”, dijo con el sol a sus espaldas, cuando la relación con el primer mandatario estaba rota. En la misma entrevista, narró con detalles de cómo empresarios y personas con pasado cuestionado le dieron millones de pesos en efectivo como aporte para la campaña, de la cual él sacó para sus gastos personales. Aseguró que la campaña había sido financiada por el Clan Torres y que Laura Sarabia siempre estuvo al tanto de todo y, además, una vez llegaron al poder, ella fue quien pagó los favores con cargos públicos de alto perfil.
La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación contra Nicolás Petro, en el cual asegura que “existen $ 1.053.911.056 que no son producto de su labor como diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se refutan como un incremento patrimonial injustificado”.
El organismo agrega que Nicolás Petro “conocía y comprendía que estaba adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes que tenían su origen mediato o inmediato en el delito de enriquecimiento ilícito, dando no solo a los bienes, sino también a las actividades, apariencia de legalidad”.
La terna para fiscal general, de hecho, fue una respuesta del presidente a la captura de su hijo, o al menos, fue coincidencia que los nombres de las tres juristas fueran presentados justo cuando él permanecía en el búnker de la Fiscalía, en medio de un bochornoso escándalo en el que se le acusa de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El primer mandatario lanzó su propuesta a las cortes más de seis meses antes de que Francisco Barbosa dejara el cargo. Desde entonces, denunciaron a Mario Burgos, fiscal del caso, ante la Comisión de Disciplina Judicial, y Petro hizo parte en el proceso.
La defensa de Nicolás Petro ha utilizado recursos que han terminado dilatando el caso, que ya está en acusación. Los más suspicaces consideran que la estrategia de Nicolás y de su papá estaría encaminada a que llegue la nueva fiscal y cambie el rumbo de las investigaciones que les interesan.
Víctor Forero ha cumplido un papel clave en esa investigación. Por ejemplo, ha sido el investigador que ha recibido los testimonios en ese proceso. En sus manos ha estado ese expediente.
Hace unos días, a Forero lo señalan de haberle pedido a dos agentes del CTI que borraran de su declaración una acusación contra el director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila.
SEMANA investigó quiénes son esos agentes. Se trata de los agentes Pablo Bolaños y Fabio González, que presuntamente resultaron criminales. Son los mismos que aparecen como testigos de lo que la vicefiscal Martha Mancera ha calificado como un burdo montaje y persecución en su contra. Sin ambages, ha afirmado que se trata de un plan orquestado desde la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro para desprestigiarla.
Bolaños y González aseguraron que el coordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, estaba vinculado a negocios oscuros de tráfico de drogas y armas, y que lo habían denunciado ante la vicefiscal sin que ella tomara medidas. La historia sería completamente diferente.
SEMANA tiene en su poder horas de explosivas y contundentes confesiones de dos criminales llamados Yeison Garzón y Carlos Loaiza, quienes ya fueron condenados a cinco años de prisión por tráfico de drogas. Ellos eran, al parecer, los socios de una empresa criminal que montaron los agentes encubiertos del CTI con peligrosos jefes de la mafia en el Cauca y Caldas, quienes ahora pretenden salpicar a Mancera.
En su entrevista con SEMANA, Mancera fue muy clara en que siente que le están cobrando investigar con seriedad los escándalos más graves que rodean a la Casa de Nariño. “Me están cobrando, sí señora, que se haya adelantando una investigación en contra del hijo del presidente y que se haya adelantado una investigación por todo lo que sucedió por lo de Marelbys (Meza)”, enfatizó la vicefiscal general a Vicky Dávila.
Mancera aclaró que esos expedientes se abrieron luego de que los hechos fueran denunciados públicamente, tanto por Marelbys Meza como por Daysuris Vásquez. “¿Acaso nosotros lo iniciamos de oficio? ¿Acaso nosotros fuimos y buscamos a los testigos? ¿Acaso nosotros hicimos los informes? ¡No señores! Gente valerosa como Daysuris (Vásquez) presentó su denuncia, según las reglas procesales, y manifestó todo lo que había ocurrido”, puntualizó.