Faltando 48 horas para conmemorar los 200 años de la independencia de Colombia, el Ejército, la institución que hace dos siglos lideró esa gesta, sufrió un duro golpe: cuatro de sus generales fueron llamados a calificar servicios. Esto ocurrió el 18 de julio y esa drástica medida fue una decisión desesperada del Gobierno para tratar de amainar la tormenta en la que se encuentra el Ejército.
Al caer la tarde del jueves, en una breve rueda de prensa, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció en un comunicado la decisión de retirar del servicio activo al segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo; al mayor general Juan Vicente Trujillo, comandante de la División de Asalto Aéreo; al brigadier general César Augusto Parra, jefe del Departamento conjunto de planificación y transformación y al mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, jefe del Departamento de implementación y estabilización. También anunció que el inspector de esa institución, mayor general Jorge Salgado, sería trasladado de su cargo para asumir como nuevo agregado militar en Chile. Finalmente anunció los nombres de los oficiales que los reemplazarían. En contexto: Ovejas negras en el Ejército Los involucrados quedaron desconcertados con las determinaciones, pero también la opinión pública e, incluso, gran parte del propio Ejército. No era para menos, ya que el ministro no dio a conocer las razones de esas decisiones. En realidad todo resultó de la suma de una serie de factores que en los últimos dos meses desencadenaron la tormenta perfecta en la cúpula de esa institución. Desde junio, SEMANA ha publicado una serie de informes sobre irregularidades y denuncias por presuntos actos de corrupción que involucraban a varios generales. El Gobierno recibió las primeras publicaciones con escepticismo. Posteriormente, cuando esta revista reveló audios, videos y testimonios que evidenciaban de forma contundente las denuncias, el ministro de Defensa se vio obligado a tomar medidas. Una de ellas, solicitar el retiro del general Jorge Romero, quien había llegado a un alto cargo a pesar de tener graves investigaciones desde hace más de un año en la Fiscalía. Allí lo relacionan con solicitudes de dinero a cambio de autorizar permisos para armas, incluidos a narcos, entre otras.
Desde hace más de un mes, esta revista viene revelando testimonios, videos y audios que comprometen a varios generales del Ejército con supuestos casos de corrupción. Cuando Botero anunció la salida de Romero, hace dos semanas, él y el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, respaldaron a otros dos oficiales también salpicados por varias graves denuncias, el general Fajardo y el comandante de contrainteligencia, general Eduardo Quirós. Al primero lo enviaron a vacaciones para “preparar su defensa” y al segundo lo trasladaron a otro cargo. Esas tibias medidas, lejos de calmar las aguas en del Ejército, las agitaron más. Durante la semana siguiente al anuncio de Botero, Quirós siguió despachando como si nada desde su cargo en contrainteligencia, uno de los más poderosos de la institución. Fajardo, por su lado, efectuó reuniones en las que anunció a personas cercanas que regresaría de vacaciones como nuevo comandante del Ejército. Daba por descontado que los escándalos y la poca gobernabilidad de su jefe, el general Nicacio Martínez, harían inevitable que tuviera que salir de su cargo. El general Fajardo estaba convencido de que iba a asumir como comandante del Ejército cuando fue llamado a calificar servicio. La prensa conoció esos hechos en diferentes reuniones informales en las que cuestionaron duramente al ministro y al general Martínez. Mientras tanto la Fiscalía, que durante más de un año engavetó las investigaciones contra varios oficiales, se vio obligada a desempolvarlas y meter el acelerador. La Procuraduría, por su parte, actuó rápidamente y avanza en las pesquisas, a pesar de los intentos de varios militares por desviar a sus investigadores e intimidar a los testigos. En contexto: Operación silencio Aunque públicamente Botero asumía una posición de respaldo a los oficiales, desde el Ministerio de Defensa y el comando general de las Fuerzas Militares decidían tomar el toro por los cuernos y confrontar cara a cara a los oficiales cuestionados. De ese modo concluyeron que varios de ellos habían mentido y engañado a sus superiores, al ministro y al propio presidente. Tampoco les quedó duda de que algunos efectivamente eran responsables de los actos irregulares denunciados por SEMANA, algo que confirmaron en las reuniones que sostuvieron con la Fiscalía y la Procuraduría. Los afectados han intentado vender ante el alto gobierno, algunos círculos de poder y medios de comunicación, el peregrino argumento de que lo que está pasando en el Ejército proviene de una pelea entre la cúpula anterior y la actual. Incluso también han intentado darle tintes políticos. Sin embargo, nada está más ajeno a la realidad y ya lo tienen claro los organismos de control y parte del Gobierno. Y por una razón muy sencilla: las pruebas. Los testimonios, videos y audios que hoy reposan en la Fiscalía y la Procuraduría demuestran que lo que ocurre no es un tema institucional que compromete a todo el Ejército. Por el contrario, se trata de hechos muy puntuales cometidos por unos pocos. La decisión adoptada la semana pasada contra el general Fajardo se basó en que el Ministerio de Defensa confirmó la existencia de muchos más testigos que en las últimas semanas han declarado contra el oficial. Ellos han contado cómo supuestamente habría presionado subalternos para que le entregaran dinero para fines personales. Vea el video de las investigaciones al general Fajardo:
En el caso del brigadier general César Parra, también retirado la semana pasada, SEMANA tuvo acceso a las comprometedoras declaraciones de varios de sus subalternos que lo sindican de actos de corrupción, que están en poder de la Fiscalía y Procuraduría. Este oficial argumenta que en su contra solo hay anónimos que obedecen a una persecución de antiguos superiores suyos. Pero la realidad es que el Ministerio de Defensa y el comando de las Fuerzas Militares conocieron parte de ese arsenal de evidencias en los últimos días y eso resultó determinante para que decidieran llamarlo a calificar servicios. Las decisiones tomadas en los casos de otros oficiales retirados el jueves, como los mayores generales Juan Vicente Trujillo y Javier Cruz Ricci, tienen más de político que de jurídico. Si bien en los entes de control y las redacciones de los medios han circulado anónimos contra estos dos militares, las mismas autoridades han desestimado en el pasado su contenido. Su salida es más un intento del ministro de Defensa por enviar al Ejército el mensaje de que no tolerará bandos ni divisiones. No obstante, esa jugada no le salió del todo bien, pues dentro de las filas quedó cierta sensación de injusticia por meter a los generales en el mismo saco.
En todo caso el tema de fondo, más que las supuestas peleas internas, tiene que ver con la corrupción. Esta revista pudo establecer que las autoridades no solo tienen bajo la lupa a los oficiales retirados la semana pasada, y que muy probablemente en los próximos días saldrán a la luz nuevas pruebas en poder de los organismos de control que podrían conducir a otra purga. El comandante del Ejército, general Martínez, protagoniza un capítulo aparte en esta novela. Entre los retirados del jueves anterior hay algunos muy cercanos a él y otros no tanto. La decisión de sacar a unos y otros buscaba una solución salomónica que le devolviera legitimidad y poder de mando y, de paso, evitar que se siguiera fugando información sobre lo que ocurre en las filas.
FOTO: El general Nicacio Martínez también está en el ojo del huracán por las denuncias en su contra. Esto tendrá un efecto contrario pues es claro que muchos de los que salieron, así como sus aliados, empezarán a contar más cosas ya sin la camisa de fuerza y limitaciones que implica portar el uniforme. Sacar a estos generales tampoco despeja las dudas que desde hace meses cubren a Martínez. Dudas que no ha logrado despejar en sus múltiples y contradictorias declaraciones públicas y privadas. Entre ellas, si conocía las denuncias contra varios de sus generales o si tomó alguna medida al respecto. Es claro también que el remezón de la semana anterior, y los que faltan, dejan a Martínez cada vez más solo y sin aliados en la comandancia del Ejército. Igualmente resulta evidente que él no ha tomado esas medidas, sino que el Ministerio de Defensa y el alto gobierno se las impusieron. No es fácil para este oficial revertir esa situación mientras tiene por delante el difícil reto de tratar de convencer a sus hombres de unirse en torno a él y su proyecto en el Ejército, que por ahora parece limitarse a permanecer en la silla del comandante. “De lo ilegal se encargan ellos”: las denuncias que tumbaron al general Parra
El brigadier general César Parra fue llamado a calificar servicios por varias denuncias de corrupción en su contra que, según él, son un montaje. SEMANA conoció las investigaciones que cursan contra el brigadier general César Augusto Parra León, las mismas que generaron su salida del Ejército. Las evidencias están en manos de la Fiscalía y de ellas hacen parte testimonios de personas que trabajaron de cerca cuando comandó la Brigada 12, que opera en Caquetá. Estos testigos aseguran que el alto oficial, nombrado en enero jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación de las Fuerzas Militares, participó en irregularidades que van desde el desvío de millonarias partidas de combustible de sus unidades hasta la adjudicación de contratos amañados. Una mujer que trabajó como asesora jurídica de la Brigada 12, en 2017, cuando Parra estaba al mando, entregó uno de los testimonios que comprometen al alto oficial. En el expediente, ella dio su versión de las irregularidades en las que tuvo que incurrir por orden del general. “Yo me encargo de hacer lo legal, de lo ilegal se encargan ellos”, dice en su declaración. También asegura: “Yo hice muchos proyectos para San José del Fragua (municipio al sur de Caquetá) ordenados por mi general Parra, yo no hago nada sin que él me ordene. Porque era mi jefe”.
La asesora jurídica de la Brigada 12 confesó el modus operandi con el cual, dice, el general Parra sacaba provecho de contratos. La mujer explica su papel en este supuesto entramado de corrupción: “Yo hacía un proyecto para la Alcaldía de San José del Fragua que fuera para publicidad, pero entonces el material publicitario, yo no sé si ya estaba y era verdad que ya estaba el material o se debía esa plata de otras cosas. Yo hago el proyecto, no hago absolutamente nada más. Es decir, monto el proyecto, amarro el proyecto y hago que se lo gane alguien”. "General, eso va a generar sospechas. No pidamos esa mierda. ‘Yo estoy dando la orden‘, hágale, me dijo". La testigo entra en detalle: “Entonces yo qué hacía, le decía a la señora: venga regáleme tres cotizaciones. Obviamente usted es la que va a ganar, entonces haga las otras más altas. Lo amarro, hago las especificaciones técnicas, amarro el valor y se lo gana ella. Eso hacía yo, cuántas veces en San José del Fragua, como tres o cuatro veces“. La testigo asegura que solo en este caso, en 2017 estructuró tres proyectos y una adición, que sumaron 40 millones de pesos. Explica que, además de que la adjudicación era amañada, el objeto de los contratos no se cumplía en todos los casos. En un caso de un trabajo publicitario, explica que con el material de uno solo de esos contratos, legalizaban el resto. En contexto: Ovejas negras en el Ejército La mujer relata que intentó advertir acerca de las sospechas que generarían esos movimientos, y que el general Parra le ordenó continuar. “Yo le podía decir a mi general: venga, no pidamos una adición, eso va a generar sospechas, no pidamos esa mierda”. Y según ella, Parra le respondió: “Yo estoy dando la orden. Hágale, listo”. SEMANA se comunicó con el general Parra para conocer sus respuestas a estos cuestionamientos. El alto oficial aseguró que “los recursos que maneja la institución están centralizados por el Centro Nacional de Contratación, además existe un comandante del Batallón de servicios, y un ordenador del gasto que intervienen en este proceso y estos trámites de contratación son de conocimiento público, ya que se colocan en la página web correspondiente. De igual manera, yo no tengo ningún tipo de injerencia en el proceso de contratación con las alcaldías”. La mujer habla de otros contratos que ella ayudó a estructurar, y de los que no tiene certeza de que hayan sido ejecutados. Esa misma testigo menciona el desvío del dinero de una partida de combustible. Puede interesarle: Operación silencio Y sobre ese caso profundiza un coronel que estuvo bajo las órdenes de Parra y cuyo testimonio también tienen los entes de control. Según la declaración del oficial, parte del dinero destinado en 2016 para el combustible de la Fuerza de Tarea Júpiter se perdió.
Este oficial contó cómo se perdieron varios millones de pesos destinados al combustible de las unidades comandadas por Parra. En ese entonces, el general Parra comandaba esa unidad militar. “Sí, 30 millones de combustible, póngale cuidado del año pasado, antepasado, se robaron el combustible de la Júpiter. Mi general Parra era el comandante de la Júpiter. Él se consiguió una partida especial de 15 millones, la desaparecieron”, cuenta el testigo. Al año siguiente, Parra ascendió al comando de la Brigada 12 y el nuevo jefe de la Fuerza de Tarea cuestionó la ausencia de ese dinero. Por lo mismo, Parra habría tenido que desviar dinero que la Alcaldía de Florencia le destinó a su nueva unidad para tapar ese hueco, según relata el testigo: “Cuando llegó el nuevo comandante se armó el escándalo, eso quedó dentro del informe de inspección y abrieron una investigación y llegaron a organizar todo lo de combustible de vehículos (…) Como tocaba recuperar esos 15 millones, de los 30 millones que dio la alcaldía”. Puede interesarle: “A mí me dijeron que viniera y diera once millones y medio” Ante las denuncias por las irregularidades en las partidas de combustible, el general le dijo a SEMANA que “en octubre de 2017 fue enviado un anónimo al comandante del Ejército aduciendo presuntas irregularidades sobre mi comando y actuar en la administración, por lo cual se ordenó una revista de inspección donde se pudo establecer que lo dicho en el anónimo no era cierto. Sin embargo, ordenaron abrir una investigación disciplinaria por los mismos hechos que inició el 25 de octubre de 2017 y terminó el 18 de mayo de 2018”. Ahí no terminan las posibles irregularidades por las que investigan al general Parra. Los entes de control también indagan por la supuesta pérdida de al menos 20 millones de pesos destinados a la adecuación de una zona veredal de las Farc. También hay cuestionamientos sobre dineros dirigidos a pagar cuñas radiales y publicidad de los proyectos que adelantaba la brigada. ¿Pelea de generales? Otra de las declaraciones en poder de las autoridades describe una supuesta pelea entre generales por una multimillonaria suma que Ecopetrol le entregó al Ejército. Esa disputa involucraría al general Parra, cuando comandaba la Brigada 12, y al general Francisco Cruz Ricci, quien se desempeñaba hasta esta semana como jefe del Departamento de Implementación y Estabilización. Al igual que a Parra, el Ministerio de Defensa llamó el jueves a Cruz Ricci a calificar servicios. El testigo que cuenta la supuesta disputa, sin embargo, fue señalado por otro militar de ayudarle a Parra “a hacer todas esas cosas”, refiriéndose a las irregularidades denunciadas. El general, por su parte, asegura que no supo de esos dineros de Ecopetrol.
Este oficial da detalles de una supuesta disputa por miles de millones de pesos que involucraría a Parra. El testigo cuenta que llegó en 2017 al Batallón Especial Energético y Vial 19, que opera en Caquetá. Esa unidad forma parte de la Brigada 12, que en ese entonces comandaba Parra, y a su vez de la Sexta División, bajo el mando de Cruz Ricci. Allí, dice el oficial, se dio cuenta de que faltaban 17.000 milllones de pesos de convenios con Ecopetrol destinados años atrás a su batallón. Según el relato, él informó la ausencia del dinero al comando del Ejército. La institución había usado la plata para llenar otros huecos financieros y, por eso, el comando reunió la gruesa suma para reponerla al batallón. Entonces, dice él, por orden de Parra armó un plan para invertir el dinero. “Cuando tuve el plan que me lo pidieron a lo último, que ya mi general Parra me dijo presénteselo a mi general Cruz Ricci a ver qué. (Cruz Ricci) me lo quitó y me dijo: ‘Yo lo reviso, y yo digo qué hacen, y no es lo que usted quiera hacer’”. El oficial asegura que empezó una pugna entre los dos generales por manejar ese dinero. “Primero fueron como unos ocho mil y pico (millones), y dentro de eso él (Cruz Ricci) quería meter un poco de asesoras jurídicas donde mi batallón no maneja civiles y él quería meter diez jurídicas, mujeres, a la división pero que las pagara el batallón con esa plata. Mi general Parra dijo: hermano, cómo va usted a hacer eso si es que en su batallón ni siquiera tiene civiles, ni siquiera usted tiene jurídico”. A esa pelea se habría sumado otra por los conceptos que los altos oficiales daban sobre el ascenso de coroneles a su cargo. De hecho, el general Parra le dijo a SEMANA que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución. Sin embargo, los entes de control tienen en su poder las declaraciones de militares y civiles que trabajaron con Parra, que denuncian varias prácticas corruptas. En todo caso, al menos para el Ministerio de Defensa, las denuncias contra Parra son tan serias como para desencadenar su salida del Ejército.