El pasado 25 de julio, la tragedia en Sucre se movió muy rápido –casi como una mala noticia–. La muerte transitó por las calles del municipio de Sampués y la barbarie se apoderó del corregimiento Chochó en menos de dos horas. Cuatro muertos, relatos de torturas, golpes y un proceso abierto contra al menos ocho policías por los presuntos falsos positivos de tres jovencitos hicieron de ese día un coctel de desgracias.
Todo comenzó a las 5:15 de la tarde en el municipio de Sampués, en un operativo de control de la Policía en establecimientos de comercio. A esa hora, cayó herido de muerte el patrullero Diego Felipe Ruiz tras un cobarde ataque a bala cometido por sicarios que lo sorprendieron al ingreso de una panadería. El uniformado murió minutos después en un centro asistencial.
Desde ese momento, y como era de esperarse, las autoridades lanzaron un plan candado para tratar de dar con los responsables. Casi todos los uniformados de Sincelejo y Sampués salieron a la calle en extensas caravanas.
Paralelo a ese asesinato, Jesús David Díaz Monterroza, de apenas 18 años, y José Carlos Arévalo Contreras, de 20 años, participaban de una actividad de stunt (piruetas en motos), que acostumbraban a realizar en las tardes de ocio en la vía entre Chochó y Sampués. No había nada que temer, pues nunca tuvieron problemas con la ley y en ese corregimiento, de unos 7.000 habitantes, la tasa de homicidios e inseguridad es muy baja.
José Carlos tenía un problema en el brazo, así que se abstuvo de participar. Prefirió utilizar su celular para grabar las maniobras que realizaban sus compañeros. A lo lejos, oyeron la sirena de las patrullas. Ambos se asustaron. “Se imaginaron que la comunidad había llamado a la Policía por la algarabía de las motos”, contó Rodolfo Arévalo, tío de José.
Mientras intentaban salir del sector, los uniformados dispararon –según señaló uno de los testigos– y una bala alcanzó la pierna de Jesús David. “La Policía llegó, hizo como cinco, diez disparos con arma traumática y uno de esos lesionó la rodilla de mi hermano”, contó Yésica Paola Sierra, hermana de Jesús.
Así, herido, Jesús llegó a su casa acompañado de José Carlos. “Mi mamá le amarró una pita en la pierna, lo sobaron y lo volvieron a montar en la moto”, relató Yésica. En la casa también estaba otra hermana de Jesús. Los tres se subieron a la moto con destino a un centro médico: José Carlos conducía y la mujer sostenía al lesionado. Pero en el tránsito hasta el puesto médico los detuvieron dos patrulleras. Advirtieron sobre las heridas de Jesús y los obligaron a descender de la moto.
Posteriormente, llegaron otras divisiones de la institución como Carabineros, Policía de Carretera, unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), la Dirección de Investigación Judicial (Dijín) y Policía de Turismo. Aproximadamente estaban presentes más de 30 personas. El corredor vial fue cerrado. Una fuente judicial, que está investigando el caso, le contó a SEMANA que en medio del operativo se habrían presentado agresiones físicas y tortura.
Coincidencialmente, Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años, transitaba en su motocicleta por el lugar. Él era vecino de Jesús. Terminaba de realizar un trámite en Sincelejo y se detuvo cuando reconoció al muchacho. Carlos tenía conocimientos sobre el Código de Policía. Por eso, al ver la escena, comenzó a reprochar la actitud de los uniformados, quienes –según denuncia la familia– arremetieron contra él y, al igual que los otros dos jóvenes, fue agredido, de acuerdo con las versiones de testigos que están en poder de la Fiscalía.
“Dice mi hermana que a ella la cogieron por los brazos, la separan y se la llevan, pero logró ver que los montaron con vida en la camioneta”, dijo Yésica Paola. Las declaraciones de los policías, que SEMANA conoció, dan cuenta que a los tres muchachos los subieron en un vehículo con platón, es decir, los que en su parte posterior tiene una zona de carga al descubierto donde sientan a los capturados. De acuerdo con el testimonio de los patrulleros implicados en este caso, en la camioneta se encontraban el teniente coronel Benjamín Darío Núñez, comandante operativo de Seguridad de Sucre, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez. Uno de ellos conducía.
De acuerdo con la confesión, en medio del trayecto uno de los uniformados desenfundó su arma de dotación y disparó contra ellos. No hubo una orden. Los tres jóvenes llegaron sin vida a la clínica María Reina en Sincelejo y por más de media hora tuvieron los cadáveres en reserva. “Yo llegué a la clínica y pregunté por mi hermano. El vigilante me dice que no es posible porque está bajo custodia policial”, contó Yésica. La historia clínica de las víctimas registra que Carlos Ibáñez tuvo lesiones en el tórax, Jesús David recibió impactos de bala en el muslo, rodilla y en el tabique, y José Carlos, con lesiones en la región occipital y también en el tórax.
Para ese entonces, la noticia se convirtió en el foco de atención de la opinión pública. SEMANA logró establecer que un alto funcionario de la Policía de Sucre fue el encargado de orientar el informe que inicialmente se dio a conocer. Presuntamente, el plan era reconstruir lo sucedido como si se tratara de un enfrentamiento entre presuntos miembros del Clan del Golfo y las autoridades.
Así las cosas, en ese momento el comunicado de la institución explicó que integrantes de la Policía adelantaban actividades de control en una panadería cuando fueron abordados por sujetos en motocicleta. De manera inmediata se presenta un cruce de disparos que finalmente cobró la vida del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón y la de los tres jóvenes en mención. “Ante el ataque a los uniformados, hubo una rápida reacción policial que permitió la activación del plan candado, logrando interceptar a los presuntos delincuentes a la altura del sector conocido como La Garita y Chochó”, se lee en el comunicado.
Las declaraciones, que fueron replicadas por el entonces comandante de la Policía departamental, el coronel Carlos Andrés Correa, fueron rechazadas por los familiares de las víctimas y por la comunidad. La población mostró su indignación y se organizaron manifestaciones para exigir justicia.
El 2 de agosto se empezaron a conocer los primeros resultados. Ese día se anunció que fueron suspendidos ocho uniformados: el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.
Las investigaciones escalaron de nivel y fueron asumidas por las entidades en Bogotá. Dos días después, el jueves 4 de agosto, la Dirección General de la Policía Nacional ordenó el relevo inmediato del coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, hasta ese momento comandante de la seccional Sucre. Todo parece indicar que el alto oficial fue engañado y solo difundió la versión entregada por sus subalternos.
A pesar de las confesiones de los mismos policías, no se ha procedido a solicitar la captura de los implicados. “La negligencia de la Fiscalía está permitiendo impunidad, porque de seguro este oficial (coronel Benjamín Núñez) no será capturado”, dijo una fuente consultada por SEMANA cercana al caso. De acuerdo con lo investigado, para emitir las órdenes de captura se necesitan, entre otras cosas, los informes completos de Medicina Legal, que aún siguen en proceso. Una historia que aún no termina.