El 2 de noviembre de 2009, en una cinematográfica persecución, la Fuerza Aérea persiguió durante varios minutos a una avioneta fantasma. Tras muchos intentos, lograron que la tripulación aterrizara en la pista Cebruna, del municipio de Ayapel (Córdoba). Cuando los agentes de la Policía Antinarcóticos pudieron llegar a la zona, encontraron un maletín con 20.001 billetes de 100 dólares. La suma era grande: 2 millones de dólares.
El operativo fue celebrado por bombos y platillos por las autoridades, que consideraban que se trataba de uno de los mayores golpes en contra de las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.
Como ordena la ley, todo el dinero confiscado entró en cadena de custodia y fue trasladado, bajo estrictas medidas de protección, por el mayor Wilson Hernando Barreto, de la Policía Nacional, a la sede del Banco de la República para su conservación y cuidado. El dinero fue sellado en una bóveda.
Pero vino un hecho más que insólito, apareció en escena la fiscal 24 seccional de Montelíbano (Córdoba), Rita del Carmen Muentes Lafont, llegó a las 11:15 de la mañana a las instalaciones del Banco de la República para realizar una inspección judicial al dinero incautado.
Sin lugar a sospechas, y teniendo en cuenta que se trataba de un procedimiento normal, los funcionarios del banco le entregaron el dinero. Todo quedó consignado mediante el oficio SMO-G007 del 9 de febrero de 2010 y en el acto de comunicación 088-F-24 del 10 de febrero.
Dos meses después, el 26 de abril de 2010, la fiscal envió a un delegado para que entregara nuevamente el dinero incautado a las arcas del Banco de la República. En una rápida inspección, los funcionarios encontraron algo raro, lo que estaba ante sus ojos no era dinero en efectivo, sino burdas fotocopias.
El delegado aseguró que así lo habían recibido y que se había dejado constancia en un oficio, el cual contradecía ampliamente lo citado por la Policía Antinarcóticos. Fue por esta razón que los funcionarios del banco no aceptaron el dinero y radicaron una denuncia.
Tras una ardua investigación, en 2017 la fiscal Muentes Lafont fue condenada a 12 años de prisión domiciliaria por el delito de peculado por apropiación. Igualmente, fue destituida e inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos por la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Pero la fiscal no actuó sola. SEMANA conoció el expediente que vincula a dos agentes del CTI de la Fiscalía, quienes fueron delegados por la fiscal para realizar el estudio documentológico y establecer el número de serie de cada uno de los billetes incautados.
El caso había pasado de agache durante casi una década. Claudia Sofía Navarro Argumedo y Antonio María Fernández Morillo han intentado por todos los medios demostrar que no fueron autores de ese cambiazo, sino que solamente estaban cumpliendo órdenes de su superior, en este caso, la fiscal Muentes.
Su defensa, anclada a tecnicismos jurídicos, teorías de jerarquía, escala de poder y de mando, tocó las puertas de la Corte Suprema de Justicia para que tumbara la condena de ocho años y siete meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. La ley es clara en indicar que en este tipo de delitos solamente puede existir un “autor”.
El hecho de ser subalternos de la fiscal que había pedido el dinero en el banco los convertía en simples cómplices que estaban cumpliendo una orden. En un documento conocido por SEMANA, la Sala Penal de la Corte negó cualquier tipo de revisión de la sentencia, considerando que la evidencia era suficientemente clara para demostrar su participación en este insólito cambiazo.
El expediente deja ver más irregularidades que tiene que ver con los dos agentes del CTI que firmaron el acta con la que se quiso inducir en el error a los empleados del banco. Pese a que era fácil comprobar que se trataba de fotocopias, se demoraron dos meses para hacer esta denuncia. De haber actuado con prontitud –reseña el fallo– jamás habrían sido vinculados a un proceso penal.
Para la justicia, la participación de los dos agentes del CTI fue clave a la hora de cambiar los dólares por papel fotocopiado. En los dos meses que estuvo por fuera del banco se habría puesto en marcha el plan que tenía como finalidad quedarse con todo lo que las autoridades encontraron en el megaoperativo.
De esta manera se cierra uno de los capítulos que marcaron la historia judicial en el norte del país. Por ahora, nada se sabe qué ocurrió con los dos millones de dólares que se incautaron, los procesados jamás dieron razón sobre el mismo y las pesquisas fueron insuficientes para encontrarlo.