Luego de varios meses, de duras discusiones en el Congreso, en foros académicos y gremiales y de un intercambio de columnas en pro y en contra, llegó la hora decisiva para el proyecto de reforma de la Contraloría General de la Nación. La iniciativa fue formulada e impulsada por el propio jefe del ente de control, Carlos Felipe Córdoba. Hace un par de semanas, el proyecto parecía moribundo por cuenta de reparos de los gremios que alertaron que de aprobarse, tal como estaba formulado, este le otorgaría poder absoluto al contralor. En ese mismo sentido, expertos como Guillermo Perry, Jorge Humberto Botero y Armando Montenegro cuestionaron el proyecto. Perry lanzó una dura columna en la que enumeró cinco grandes peros al proyecto, el primero es que la Contraloría a través del nuevo control “preventivo y concomitante” en la práctica entraría a coadministrar recordando que esa herramienta ha dejado nefastas experiencias. “Antonio Hernández, el mejor contralor de los últimos 30 años, utilizó en dos oportunidades la ‘función de advertencia’ para evitar grandes errores, pero Sandra Morelli libró más de 1.000 que paralizaron la administración, antes de que la corte declarara inconstitucional esta competencia”, señaló Perry. “Aún es tiempo de aprovechar esta oportunidad para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años": Germán Vargas “¿Muy tarde para parar al rey Pipe?” se preguntó con ironía la columnista María Isabel Rueda. Pero el contralor Córdoba salió al ruedo, tuvo varias reuniones con los gremios y se convinieron una serie de claridades que fueron introducidas en el texto del proyecto. Eso apaciguó un poco las aguas y despejó el camino a la iniciativa. “Después de grandes debates el proyecto queda incluyendo un control preventivo, no previo, no se coadministrará, será excepcional, no tendrá poder vinculante y estará en cabeza del contralor general”, explicó Córdoba.
El contralor ha insistido en que su proyecto busca que la entidad resulte fortalecida. Y para alcanzar ese cometido se propone aumentar el presupuesto de 500.000 millones con que cuenta. Al respecto Córdoba señaló que las otras “ías” tienen una bolsa mucho más acorde con su misión: la Procuraduría dispone de 60.000 millones de pesos más, y la Fiscalía está 3 billones por encima del presupuesto de la Contraloría. El proyecto pretende que la Contraloría reciba 200.000 millones de pesos adicionales, algo así como el 0,5 por ciento del presupuesto general de la nación, a través de una fórmula escalonada año a año. El contralor Córdoba ha reiterado que esa plata no se reflejará en burocracia pues el 96 por ciento de la planta de la entidad son funcionario de carrera, no de libre nombramiento. Pero la gran batalla que librará el proyecto en su último debate en la plenaria del Senado tiene que ver con otro punto La discusión será sobre las contralorías territoriales. Esta será la pelea de fondo y terminará decidiendo el destino del proyecto en general. Hasta ahora no se ha podido alcanzar un consenso sobre si acabar o mantener esas 64 contralorías. Algunos sectores creen que, sin más, se deben acabar por costosas e ineficientes. Sobre el punto fijó vehemente posición el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical. En su columna del pasado domingo señaló que “La Contraloría General cuesta anualmente 570.000 millones y las regionales, cerca de 400.000. Estas últimas solo recuperan el 0,02 por ciento de los recursos involucrados en procesos de jurisdicción coactiva”. Y pidió: “Aún es tiempo de aprovechar esta oportunidad para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años. Ello nos permitiría avanzar hacia un control fiscal integral, efectivo y con enormes ahorros para el país”.
La posición de Vargas es compartida incluso por adversarios políticos como Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Lo mismo considera el senador y ponente del proyecto Roy Barreras. Todos estos piensan que lo mejor es que la Contraloría General sea la autoridad suprema del control fiscal. Pero una serie de representantes a la Cámara (que representan en el Congreso el poder regional) y senadores liberales como Miguel Ángel Pinto y Julián Bedoya opinan que las contralorías territoriales se deben mantener. Esta posición se ha consolidado con el lobby que en las últimas semanas han hecho los contralores regionales en el Congreso. Por su parte, el contralor Córdoba ha sido cauto frente al tema. Su posición ha sido la de mostrar respeto por la independencia de los congresistas y la decisión que tomen frente a este polémico punto. El contralor no se ha inclinado de uno u otro lado porque considera que ello puede poner en peligro el proyecto y su objetivo esencial es dotar de dientes a la Contraloría General. Así que con la cautela del contralor y las posiciones opuestas de dos sectores se librará el pulso clave este miércoles y el resultado de este determinará la suerte final del proyecto.