Quizás, quizás, quizás”. Así respondió Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia, cuando en La Habana le preguntaron si las Farc estarían dispuestas a reconocer los crímenes que cometieron y a pedirles perdón a las víctimas. Esa frase volvió célebre a un guerrillero que hasta el momento era un perfecto desconocido para los colombianos. Y no solo indignó a todo el país, sino que, de alguna manera, presagió lo que vendría.
Desde entonces algo quedó en evidencia: el Estado estaba dispuesto a sacrificar la plena aplicación de la justicia a cambio de obtener verdad, pero no iba a ser fácil que los guerrilleros que se desmovilizaban aceptaran los vejámenes que cometieron en la guerra. Después de ese episodio, los líderes de las Farc le habían dado a la opinión pública unas señales nada buenas. En los micrófonos de los medios, los antiguos guerrilleros negaban crímenes tan evidentes como el reclutamiento de menores o los delitos sexuales. Además de la falta de disposición para reconocer sus responsabilidades, muchos líderes de las Farc echaban mano de eufemismos para maquillar la realidad. Así las cosas, con distracciones retóricas buscaron bajarle el tono a la gravedad de una práctica repugnante que los colombianos llaman a secas secuestro. Con todas sus letras.
No obstante, luego de cuatro años de los acuerdos de paz, los dirigentes del partido Farc, por fin, han empezado a dar muestras de tener, en efecto, la voluntad de reconocer sus delitos y la gravedad de los mismos. Impulsados por el relato de Íngrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad, los antiguos miembros del secretariado de las Farc redactaron una carta en la que reconocen su participación en los secuestros, como los llaman, y se muestran de verdad arrepentidos y dispuestos a reparar a sus víctimas. Ese es un primer paso que no se puede menospreciar.
Esto ocurrió luego de que los titulares de prensa registraron que Rodrigo Londoño, antiguo líder de la organización guerrillera y hoy presidente del partido, habría negado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento de menores. Como consecuencia de las salidas en falso de los miembros del partido Farc, que no han sido pocas, un sector importante de la opinión se dispuso a poner la lupa y a sembrar un manto de duda sobre el papel de la JEP. En efecto, en Colombia se ha repetido hasta el cansancio que quien dijera una mentira ante ese tribunal debería salir expulsado del mismo rumbo a la justicia ordinaria. No obstante, aunque esa interpretación simplista suene taquillera, la realidad jurídica es mucho más compleja.
Para entender en qué va el proceso de verdad, justicia y reparación, la opinión debe estar al tanto de los tiempos, de la estructura y de la naturaleza procesal que se desarrolla en la JEP. Al contrario de lo que parece ser el sentir general de la opinión pública, ese tribunal avanza satisfactoriamente hacia su propósito. Parece difícil de asimilar, pero los desarrollos que surjan de las declaraciones en los medios o en cualquier otro escenario ajeno al judicial pueden hacer mucho ruido, sin embargo, poco o nada tienen que ver con lo que ocurre al interior de la JEP.
Al poco tiempo de conformado, ese tribunal se dispuso a la primera fase de su tarea: recibir los informes de las víctimas y de los agentes del Estado, y recopilar las versiones y los elementos sobre los delitos relacionados con el conflicto armado. Una vez surtido ese trámite, la Sala de Reconocimiento determinó cuáles serían los casos a tratar, y abrió formalmente los procesos dentro de la JEP. Después de completar esa etapa de recoger información y hacer análisis probatorio, vino la parte en la que están hoy: llamar a versiones voluntarias a los actores del conflicto.
Es importante resaltar que esta fase no busca propiamente determinar si el compareciente dice la verdad. Se trata, simplemente, de una instancia en la que la JEP debe recoger toda la información posible a partir de las versiones de los involucrados. Por esa realidad procesal, en este punto del camino no está en juego si los exguerrilleros siguen o no bajo el amparo de la jurisdicción. Así lo que digan pueda ser fácilmente calificado como una mentira, en esta etapa haber faltado a la verdad no los excluye del sistema de justicia transicional. Eso quiere decir que, en estricto sentido, en esta parte del proceso todavía los exmiembros de las Farc no están obligados a hacer reconocimientos. Otra cosa es el aspecto político, pues a la opinión sí le urge escuchar que los exguerrilleros dicen la verdad y están profundamente arrepentidos de sus crímenes.
Cuando termine ese trámite y la JEP haya recogido las versiones de todas las partes, contrastando las pruebas y determinando la verdad judicial, producirá una especie de imputación. Es decir, un escrito en el cual les informará a los comparecientes, según los hallazgos de la jurisdicción, sus responsabilidades concretas en cada uno de los delitos.
Ese momento será, de la manera más literal, “la hora de la verdad”. La JEP citará entonces a los implicados a una audiencia de reconocimiento, en la que estos podrán aceptar su responsabilidad, negar los cargos o decir que esos hechos no tuvieron relación con el conflicto armado. Si ocurre lo primero, la persona imputada, en vista de que está cumpliendo con el acuerdo y está aportando verdad, podrá acceder a las penas alternativas de la justicia transicional. La JEP dictará una resolución de conclusiones en la que determinará las responsabilidades concretas y sugerirá una sanción al Tribunal de Paz, que finalmente hará un análisis y dictará sentencia.
Pero si, al contrario, los exguerrilleros se niegan a reconocer sus responsabilidades, se les podría enredar la pita. En caso de que esto ocurriera, la Sala de Reconocimiento enviaría el expediente a la Unidad de Investigación y Acusación, que actúa como una Fiscalía en la JEP. Esa instancia tendría entonces que perfeccionar el expediente, acusar formalmente al enjuiciado ante el Tribunal, y, si resultara responsable, podría enfrentar penas ordinarias de hasta 20 años de prisión efectiva por no haber aportado verdad ni reconocido sus delitos.
Esto último suena como un enredo propio de los entendidos del derecho. Pero es importante, pues llegar a las responsabilidades colectivas e individuales de un conflicto de más de 60 años no es tarea fácil.
Muchos en la calle afirman que la JEP no funciona y se preocupan, con cierta razón, al ver que no está dando los resultados con la celeridad que algunos esperaban. Sin embargo, el tiempo ha hecho su oficio y la JEP está cada día más cerca de dictar sentencias en varios de los macrocasos.
En el 007, que se ocupa del reclutamiento de menores y ha causado un gran revuelo en el debate nacional, los tiempos están de la siguiente manera. La fase actual de las versiones voluntarias podría tomar unos ocho o diez meses más. Una vez terminen las audiencias de reconocimiento, queda recibir las observaciones de las víctimas, producir la resolución de conclusiones y mandarlo al Tribunal. Eso podría tardar unos tres meses. A eso habría que añadirle los seis meses que se tomaría el Tribunal. Entonces, sumando los tiempos desde que empezó el caso hasta la sentencia, transcurrirían unos tres años. No demasiado si se tiene en cuenta que, muchas veces, los procesos en la justicia ordinaria duran décadas.
Y en los macrocasos de secuestros y de falsos positivos, según dijo la presidenta de la JEP, Patricia Linares, a la periodista María Jimena Duzán, al final de este año estarían haciendo las imputaciones respectivas.
Los antiguos dirigentes de las Farc dieron un paso muy importante con el reconocimiento que hicieron sobre el secuestro, esta semana, en la carta dirigida a las víctimas de ese delito y al país en general. Ellos ya no solo han sentido el peso y el rechazo de la sociedad al tratar de ocultar o maquillar sus delitos; ahora también tienen claro que si no cambian su discurso e insisten en tapar el sol con un dedo, estarán expuestos a pasar 20 años tras las rejas. Ante la edad avanzada de varios de ellos, eso podría significarles morir en una celda.
La justicia en tiempos del posconflicto ha planteado un desafío a la estructura institucional. Pero esta semana, por fin, las víctimas empezaron a ver una luz al final del túnel que las llevará a obtener la tan anhelada justicia, verdad, reparación y no repetición.