En medio del Plan de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad Ciudadana y Convivencia para Antioquia, Chocó y Córdoba, que se llevó a cabo el pasado martes 11 de julio, en Medellín, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, denunció que la presencia del ELN (en la zona del medio San Juan) y del Clan del Golfo (en el norte del departamento) “es una bomba de tiempo”, ya que se podría presentar una confrontación entre los dos grupos armados, dejando en medio a la población de ese territorio.

“En la zona norte tenemos la presencia del Clan del Golfo con una estrategia nueva que es dejar a personas de su organización entre la población civil. Esto es bomba de tiempo, porque se puede presentar el otro actor armado”, advirtió Palacios.

De hecho, el panorama no es para nada alentador. El paro armado promovido por el ELN, desde el 4 de julio, tiene atemorizada a la población. Desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz advirtieron que son más de 9.000 personas que se encuentran confinadas porque los insurgentes no permiten la circulación de civiles en toda la región del San Juan, Sipí, Cajón y todos sus afluentes.

Los afectados, en su mayoría, son comunidades negras e indígenas que completan un mes confinadas.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. | Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

Desde la oficina del comisionado para la Paz se informó que el corredor humanitario temporal habilitado el 10 de julio por el ELN no se ejecutó como se esperaba. A la altura de Bocas del Sipí, al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada.

El supuesto anuncio de la suspensión temporal del paro armado por parte del ELN deja en evidencia la gravedad de las afectaciones que está sufriendo la población civil en Chocó (imagen de referencia).

“Impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria, viola el derecho internacional y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han aquejado a la población del departamento del Chocó. Exigimos al ELN levantar el paro armado y rechazamos estas acciones violatorias del DIH. La OACP ha recibido información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las AGC, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”, afirma la oficina del comisionado para la paz.

Defensor del Pueblo también hizo llamado al ELN

Ante la situación, la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo aseguró que continúa monitoreando de cerca esta situación, que ha generado una crisis humanitaria en los municipios de Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también hizo un llamado al ELN para que ponga fin lo antes posible a este paro armado, que ya ha completado seis días y está causando graves afectaciones a las comunidades.

El defensor del Pueblo pidió al ELN ponerle fin al paro armado. | Foto: Defensoría del Pueblo / Semana

“Llamamos al ELN a ponerle fin cuanto antes a este paro armado, que completó seis días y tiene seriamente afectadas a las comunidades. La paz se construye con gestos reales de paz, no poniendo en peligro la integridad y vida de las personas, ni vulnerando sus demás derechos”, enfatizó el defensor Camargo.

De igual forma, señaló que “debe haber coherencia por el ELN y no llamar a confusiones. No es el actor al margen de la ley, el mismo que causa terror en la población civil, el encargado de establecer los pasos seguros o corredores humanitarios, aunque se reconoce la suspensión temporal del paro que adelanta”.