“Se está construyendo un andamiaje con una lógica: a mayor delito, mayor premio”. De esta manera resumió la excandidata presidencial Íngrid Betancourt su postura, en diálogo exclusivo con SEMANA, sobre el proyecto denominado “paz total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Betancourt deja claro que lo que se está construyendo es poco comprensible porque se puede estar abriendo la puerta a que no se haga justicia en muchos temas: “Por ejemplo, van a pagar más cárcel los muchachos que están en la calle vendiendo droga porque los cogen o los meten en la cárcel, que el jefe o el capo de la organización criminal, el cerebro detrás de tantos crímenes. Eso es lo que me parece grave. Nos están montando un sistema que, si bien al principio parecía un sistema para la paz, está construyéndose un sistema para la impunidad”.

Y agrega: “Es que mire, una cosa es la JEP bajo el Gobierno de Santos o de Duque. Pero ahora pareciera que todos tenemos que aceptarles todo, como impunidad. Es mi convicción espiritual, profunda, que la impunidad nos lleva a la guerra”.

Fue esta semana que, después de una intensa discusión, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de reforma a la Ley de orden público, mejor conocida como la piedra angular de la paz total de este nuevo gobierno.

Y precisamente a eso se refiere Betancourt quien explica, en diálogo con SEMANA, que no se trata de proyecciones sin base, sino que ya hay un antecedente claro: “Recuerden que Colombia lleva muchos años entablando procesos de negociación con delincuentes. Lo tuvimos en el caso del primer proceso de sometimiento a la justicia con Pablo Escobar. Cuando Escobar se entrega y detrás de él llega el Cartel de Cali y se entrega, vemos cómo ese tipo de negociaciones lleva a una metástasis del crimen. Hoy tenemos miles de “carteles de Cali”, por todo Colombia. Los unos más poderosos que los otros, pero siempre con la misma lógica: pensar que el Estado en algún momento les va a ofrecer impunidad a cambio de que dejen de delinquir”.

Según Betancourt, eso suele funcionar para las cabezas de las organizaciones criminales, no es tan así para los de abajo.

Algunas de las propuestas más polémicas son:

Adiós al servicio militar obligatorio

Según indica el texto de la iniciativa, el joven mayor de 18 años tendrá la posibilidad de escoger entre prestar servicio militar o servicio social para la paz, que tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en algunas las siguientes modalidades:

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

6. Servicio social para promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.

Disidentes de las Farc entrarían en la paz total

Humberto de la Calle fue el gran derrotado por las mayorías en el Senado, ya que fue el que pidió dejar por fuera de todo beneficio de paz a quienes abandonaron el Acuerdo de La Habana, en especial a Iván Márquez, por considerar que perdió la oportunidad que le dio la sociedad. “Esto no es un tema personal, el mensaje me parece inadecuado porque es darle una oportunidad a quienes traicionaron el Acuerdo de Paz. Yo creo que es incorrecto el mensaje para el ELN, pero fui derrotado y le deseo suerte al Gobierno con este asunto”.

Agregó que “quién garantiza que el señor Iván Márquez sí va a cumplir. Fue una discusión democrática y ganó la mayoría. El Gobierno dice que no se renegociará el Acuerdo de Paz, que buscará una fórmula para que se reintegren a lo pactado así que habrá que esperar”.

Más impuestos para implementar la paz total

Otra polémica se desató por cuenta del artículo 12 de la iniciativa, que señala que los departamentos podrían imponer un “impuesto de seguridad y convivencia ciudadana” y los municipios una “sobretasa al impuesto predial”.

“Los departamentos podrán, a través de las Asambleas Departamentales, adoptar el impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana. El hecho generador es el beneficio por la mejora en las condiciones de seguridad y convivencia del territorio y se cobrará como conexo al servicio público domiciliario que defina la correspondiente Asamblea Departamental, así como los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas que serán establecidas por estas corporaciones públicas territoriales. Los recursos recaudados por este tributo serán invertidos a través de los fondos - cuenta territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, señala la iniciativa.