Vestido de azul pixelado se ve a uno de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que custodia la cárcel Modelo de Cúcuta reunido con uno de los reclusos. El funcionario le indica que la mercancía que solicitó entrará en dos portacomidas que tiene otro de los custodios. Inicialmente, le darán dos celulares y en otro encargo llegará la “blanquita”, como se le dice a la cocaína, porque hubo complicaciones para el ingreso. Todo está registrado en videos, audios, interceptaciones y conversaciones de WhatsApp que están en poder de la Fiscalía.
La investigación obligó a que miembros, honestos, del Inpec se infiltraran dentro de la organización delictiva que traficaba dentro de las cárceles. Uno de los testigos indicó que funcionarios sellaron alianzas con los ‘plumas’, los líderes de cada patio, para cobrar 1.000 pesos por gramo de marihuana y 2.000 por el de cocaína. Aunque parezca una cifra irrisoria, si se multiplica por la cantidad de estupefacientes que entran semanalmente a la cárcel, las cuentas son astronómicas. Cada ocho días podían entrar entre 20 kilos de marihuana y 10 kilos de cocaína, por lo que la ganancia para los funcionarios rondaba los 160 millones pesos mensuales por ser el puente para el ingreso de la droga.
Según las investigaciones, todo lo planeaba el comandante de la compañía, era el encargado de cuadrar los turnos a su conveniencia, dejaba a seis hombres de confianza en horas estratégicas para facilitar el ingreso y evitar tropiezos a la hora de pasar filtros de seguridad. Los jíbaros, mensajeros y familiares que mandaban ‘encargos’ llegaban a la tienda que queda al frente de la cárcel, donde los guardias se reunían a tomar tinto o fumar cigarrillo, allí recibían los paquetes que luego escondían entre su camuflado o artículos personales. En la puerta estaba otro de sus cómplices que permitía el paso sin someterse a controles y, posteriormente, el comandante asignaba las entregas correspondientes.
“Teníamos entre 18 y 20 clientes”, dice uno de los guardias, quien confirma que para ellos no eran reclusos, sino aliados comerciales. Todo estaba organizado por patios. Un interno del pabellón 4 era el dueño de la droga. Él se encargaba de contactar a los líderes de otros pabellones y ellos, a su vez, a los detenidos de su ‘jurisdicción’ para definir los pedidos. El funcionario del Inpec solo se hablaba con el líder de cada patio. De los 24, la red de corrupción tenía convenio con 20 de ellos. Los cuatro restantes eran dominados por las guerrillas.
La alianza entre los criminales y funcionarios del Inpec cada vez era más grande, “el trabajo arrojó que no solamente entraban cosas ilegales, sino que además se confabulaban para cometer homicidios”, dijo uno de los infiltrados. Si alguno de los reclusos quedaba en libertad, pero tenía deudas pendientes con los ‘plumas’, la orden era asesinarlo y los guardias, según las pesquisas, suministraban información confidencial como direcciones de residencia o datos de ubicación familiar para que se lograra el cometido.
Todo fue argumentado por la Fiscalía, y el 25 de octubre de 2019 el juez segundo penal de control de garantías de Cúcuta ordenó la detención de seis funcionarios del Inpec, entre ellos Carlos Alberto Hernández Alarcón. Él pasó de ser guardia a recluso, lo detuvieron en la cárcel de Bucaramanga y allí permaneció durante casi dos años hasta que el 13 de septiembre de 2021 quedó en libertad por vencimiento de términos. Pasaron 15 días y Hernández ya estaba solicitando su reintegro al cargo. El 3 de noviembre, el personal de talento humano de la entidad manifestó que la cárcel de Bucaramanga necesitaba personal y allí terminó trabajando, es decir, pasó de preso a custodio de sus antiguos compañeros de celda.
“No es que todos los miembros del Inpec sean corruptos, pero los que queremos hacer lo bueno no contamos con el respaldo de la institución, que avala este tipo de injusticias”, dice el investigador del caso. Lo que pasó en Cúcuta se repite en Bucaramanga, Montería, Bogotá, Manizales y otras ciudades. La Fiscalía y la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo han documentado denuncias durante los últimos años. Sin duda, han dejado en evidencia las fallas en la justicia y el sistema carcelario que se corrompe por los grupos criminales.
Según el decreto 407 de 1994, que habla del régimen de personal del Inpec, cuando la autoridad competente dé libertad condicional o suspenda la detención preventiva de un funcionario, este tendrá derecho de ser reintegrado a su cargo. “Esto se está convirtiendo en una cuestión de plata o plomo”, dice uno de los investigadores, argumentado que, si el guarda del Inpec no cede a la codicia y los lujos, tiende a quedarse callado porque de lo contrario entra a la lista de amenazados. SEMANA consultó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sobre todas estas irregularidades en las cárceles, pero designó al director (e) del Inpec, coronel Joaquín Medrano, quien tampoco respondió a las dudas existentes.